Manifestaciones espotáneas y represión en Barcelona tras conocerse los nuevos pedidos de prisión.
El juez Llarena y el Régimen del 78 desatan una guerra judicial contra el Govern de Puigdemont por haber convocado el 1O y contra el pueblo catalán que lo defendió en las calles. Turull, Romeva, Rull, Bassa y Forcadell enviados a prisión sin fianza.
Ante la renuncia de Jordi Sánchez a ser investido President, el Juez Llarena lanzó la ofensiva judicial final contra el Govern de Puigdemont. Entre presos y exiliados ya estaba afectada la mitad del Govern. La otra mitad fue llamada a declarar este viernes. Son seis diputados: Carme Forcadell, Dolors Bassa, Marta Rovira, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva. Las tres primeras diputadas habían pedido la baja como diputadas del nuevo Parlament la noche previa. Y, a lo largo de la mañana nos hemos enterado que Marta Rovira se había exilado para evitar otra grave injusticia del Estado.
De acuerdo con la interlocutoria el juez agrupó responsabilidades en tres niveles diferentes. Por una parte, están aquellos comprometidos con la realización de la “rebelión y la sedición”. Es decir, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el exvicepresidente, Oriol Junqueras, y los exconsellers: Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comin y Bassa. Entre los procesados también se encuentran la expresidenta del Parlament, Forcadell; Marta Rovira, y los expresidentes de las asociaciones ANC y Ómnium, Sànchez y Cuixart.
Luego hay otro grupo que no habría participado de la “rebelión” pero sí está acusado de malversación de fondos públicos y desobediencia. Ellos son los exconsellers Borràs, Puig, Mundó, Vila y Serret. Para ellos las penas de cárcel serían sensiblemente menores. Este grupo de exconsellers, según la interlocutoria de Llarena, no participó en la organización y ejecución del 1O, ni en los acontecimientos del 20S.
Y, por último, hay otro grupo al cual “solo” se le acusa de desobediencia. El juez incluye dentro de este grupo a los miembros de la mesa del Parlament que permitieron el tratamiento de las leyes de desconexión los días 6 y 7 de setiembre próximos pasados. Ellos son Corominas, Guinó, Simó, Barrufet y Nuet, y la expresidenta de la CUP, Boya junto a la ex jefa de la bancada cupaire, Gabriel.
La Fiscalía, al unísono con Vox y para no ser menos, ha pedido prisión incondicional para los cinco que fueron a declarar este viernes. Todos ellos ya habían pisado la cárcel previamente y fueron dejados en libertad provisional previo pago de una fianza. Y, el “virrey” Llarena lo ha vuelto a hacer. Jordi Turrull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell y Raül Romeva. La “justicia” en el Reino de España brilla por su ausencia. Esto es lo que decía Rajoy cuando hablaba de que el Estado “tiene derecho a defenderse”.
El Juez pidió que se active la eurorden de detención para Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret. No está incluida dentro de esta eurorden la exdiputada de la CUP Anna Gabriel. También a petición de la Fiscalía y los derechistas del grupo Vox, el juez busca ampliar “su coto de caza” al resto de Europa. Ahora ya con el auto de procesamiento acabado, el Juez y el Régimen del 78 esperan que sean entregados todos ellos para ser “juzgados” por el Supremo.
Ni convencer, ni vencer: aplastar
El objetivo de esta causa judicial consiste en no dejar vestigio políticamente vivo del Govern y de los dirigentes sociales e institucionales vinculados al 1-O. Y, de esa forma se trata de aleccionar al pueblo catalán, y al conjunto de los pueblos del Estado español, con que no se le permitirá de ninguna manera acordar ninguna hipotética escisión respecto del Estado central. Esencialmente, esto es así porque el Régimen del 78 no está dispuesto a “compartir” el 20% del pastel español generado en Catalunya. Si alguien tiene duda de ello, sencillamente no se entera o no quiere enterarse.
La “Justicia” española pretende enterrar el movimiento independentista catalán atacando toda la cúpula de la legislatura pasada. De esta manera busca perpetuar el 155, ya sea aplicado a través de la reaccionaria Constitución del 78 o ya se aplicado a través de un “protectorado” español sobre Catalunya presidido por el “virreinato” del Gobierno-Oposición-Jueces del búnker españolista. Este “protectorado” se ha cargado la Generalitat, el Parlament y tratará de poner en su lugar instituciones domesticadas.
Queda claro que la estrategia de diálogo con el Estado español se ha visto directamente golpeada por el mismo estado. No solo por la represión sufrida a lo largo de años, no solo porque el Rey y el Gobierno se encargaron de dejarlo claro, sino porque ahora han procesado a trece dirigentes que querían dialogar hasta con el mismo monarca. El mensaje del Estado es claro: independencia de Catalunya solo será a pasando por encima del mismo. Ni diálogo, ni negociación.
En este caso especial, el juez se apresuró a dictar la prisión incondicional como forma preventiva de evitar una posible investidura al día siguiente. Puesto que la inhabilitación no podría arribar hasta que haya una condena firme, lo cual podría tardar mucho tiempo y no serle útil al juez en su propósito. Ahora, el Reino de España ya ha dejado claro cuáles son los candidatos que “son normales” o “no tienen problema con la justicia”.
La interlocutoria del juez Llarena se basa en toda una serie de elucubraciones sobre los hechos de violencia acontecidos el 20S. Una violencia que se centra en tres coches destruidos y en la demora (“secuestro”, según el juez) de unos policías en la sede de economía que estaban registrando. Si eso es sedición o rebelión, podríamos decir que en muchos estadios de fútbol hay rebeliones cada fin de semana.
Incluso el juez llega a hablar de la violencia ejercida el 1-O, el día de las votaciones para el referéndum de autodeterminación. Lo cual es lo máximo en retorcer la realidad. La única violencia que enseñan las imágenes grabadas aquel día es la de la Guardia Civil y la Policía Nacional que hirieron a más de 1000 personas. Los más de dos millones de personas que han participado en el 1-O lo hicieron pacíficamente, con resistencia pasiva, sin agredir a nadie. Sin embargo, para el juez son esos dos millones de personas los responsables de la violencia que padecieron.
Movilización popular contra la guerra judicial
Los grupos de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú Podem y la CUP han aprobado este viernes una declaración parlamentaria que rechaza la “represión” del Estado. Declaración que fue rechazada por las fuerzas del “virreinato” PPC, PSC y Cs. Lamentablemente, la denuncia realizada no incluye llamado alguno a la movilización.
Este viernes el centro de Barcelona se ha visto desbordado por iniciativa de los Comités de Defensa de la República. Ha habido una serie de lugares emblemáticos, como la Plaça de Catalunya, los Jardinets de Gràcia y muchas calles céntricas. También hay convocatorias de la ANC, Òmnium, AMI y ACM.
Estas movilizaciones han de ser el punto inicial para luchar contra la guerra judicial que declaró el Régimen del 78. Una lucha que debió haber comenzado hace ya varios meses. La estrategia de esperar un diálogo sin movilización ha fracasado. El movimiento por el derecho a decidir está en una encrucijada. Será necesario retomar las calles, ampliar los CDRs y llevarlos a los lugares de estudio y de trabajo para poner a la clase trabajadora y los estudiantes en la lucha contra el Régimen del 78.
La lucha democrática del pueblo catalán debe unificarse con las luchas que se vienen desarrollando en el resto del Estado contra el gobierno del PP, los ataque a la libertad de expresión y la precariedad laboral, como el enorme movimiento de mujeres que hizo temblar la tierra el 8M, las masivas manifestaciones de los pensionistas y las huelgas obreras como la de Amazon en Madrid. En esta unidad esta la clave para que derrotar la ofensiva represiva del Estado español.
Guillermo Ferrari
Barcelona | @LLegui1968
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