El golpe militar de 1976, impulsado por los grupos empresarios más concentrados, contó con la colaboración de integrantes de partidos políticos burgueses. Formaron parte del gobierno de facto; hoy algunos de ellos ocupan cargos en el Gobierno.
Distintos sectores de la clase dirigente argentina diseñaron el golpe militar para derrotar a una clase trabajadora que en forma embrionaria, ponía en pie organismos de doble poder, como las coordinadoras interfabriles. Así como iniciaban una experiencia contraria al Partido Justicialista.
En la madrugada del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas destituyeron al Gobierno constitucional de Isabel Perón y tomaron el poder. Instauraron el Proceso de Reorganización Nacional, que llevarían adelante desde 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, día de asunción del Gobierno de Raúl Alfonsín.
Los civiles, partícipes necesarios del golpe
El Gobierno de Isabel Perón se reunió con las Fuerzas Armadas, un año antes del golpe. El senador justicialista Ítalo Luder, presidente provisional durante una licencia que se había tomado la Presidenta, habilitó dos decretos: el 2.270 que conformó un Consejo de Seguridad hegemonizado por las Fuerzas Armadas y el 2.272 que ordenaba el “aniquilamiento de la subversión”.
Los decretos fueron firmados por Ítalo Luder, Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero, Ángel Federico Robledo, entre otros.
Previo al golpe, la democracia burguesa, fue el régimen de la violencia contrarrevolucionaria que organizó bandas paraestatales como la Triple A, para quebrar la alianza de clase entre el movimiento obrero y la juventud.
La Triple A fue financiada, organizada y armada durante el gobierno del general Perón, a través de su secretario privado y ministro de Seguridad Social, José López Rega.
Este no fue el único grupo parapolicial, en distintas regiones del país existía algún tipo de banda criminal. En Mar del Plata la represión estaba a cargo de la Concentración Nacional Universitaria. En Córdoba actuaba el grupo Libertadores de América.
El objetivo principal de estas bandas fue la de aniquilar a la vanguardia y sembrar el terror.
Ellos no vestían uniformes
Mientras tanto el principal dirigente de la UCR de entonces, Ricardo Balbín, también tejía lazos con los militares. Días antes del golpe de Estado, tuvo al menos una reunión con el general Rafael Videla y luego con el general José Rogelio Villarreal, encargado de reunirse con los principales dirigentes políticos.
Balbín, quien golpeaba las puertas de los cuarteles para acabar con la "guerrilla fabril", conocía el día y la hora del golpe. Su relación con los militares continúo luego del asalto a la Casa Rosada.
Aportó dirigentes de la UCR en las segundas líneas del gobierno militar. Estos se integraron a la Secretaría General de la Presidencia, al mando del general Villarreal. En esta secretaría se incorporaron Raúl Castro Olivera, Victorio Sánchez Junoy, Virgilio Loiácono, José María Lladós, Francisco Mezzadri, Ricardo Yofre, Juan Carlos Paulucci Malvis y el constitucionalista Félix Loñ.
Este último asesoraba al régimen militar dando argumentos constitucionales. Hoy Loñ es un “prestigioso” constitucionalista que se pronunció a favor de Macri cuando este nombró por decreto dos jueces de la Corte Suprema de Justicia, mientras el Congreso estaba en receso.
Ricardo Yofre (hermano del exagente de la SIDE), ocupó un alto cargo. Fue nombrado subsecretario general de la Presidencia, el 23 de abril de 1976.
Luego Juan Carlos Paulucci Malvis es designado de facto como subsecretario técnico y de Coordinación del Ministerio de Salud. Sus “buenos antecedes” lo llevaran a ocupar un cargo en el actual Gobierno. Paulucci Malvis fue nombrado secretario de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo, conducido por el cuestionado Jorge Triaca.
Virgilio Loiácono es otro de los radicales que tienen una larga carrera, construida tanto en gobiernos de facto como constitucionales. Fue asesor de la Secretaría General de la Presidencia entre 1976 y 1978.
Durante el gobierno de Fernando De la Rúa fue secretario Legal y Técnico. Redactó el estado de sitio el 19 de diciembre. Doce años después volvió a escena en el juicio por los crímenes de 2001, como abogado de uno de los acusados, el exjefe de la Policía Federal, Ruben Santos.
Por su parte José María Lladós, pasó de la Secretaría General a ocupar el directorio del Banco Hipotecario en 1981. Más tarde volvería a la función pública. Esta vez bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, como secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.
Santiago de Estrada también recorrió gobiernos de factos y constitucionales. Desde Onganía hasta Macri. Fue secretario de Seguridad Social durante la dictadura de Onganía y de Videla. Embajador ante la Santa Sede durante el Gobierno de Alfonsín. Menem lo designó en Seguridad Social y el PAMI. Y así continúo hasta llegar al Gobierno de Macri, cuando fue designado Secretario de Culto de la Cancillería Argentina.
La represión en Córdoba estuvo dirigida por el jefe radical Eduardo Angeloz, el Jefe militar general Menéndez y el jefe del Arzobispado local cardenal Primatesta.
Los antecedes de Eduardo Angeloz no fueron un obstáculo para Raúl Alfonsín. Lo incluyó en la campaña electoral de 1983. El pacto entre ambos se selló con la proclamación de otro asiduo concurrente del “Tercer Cuerpo del Ejército” durante la dictadura: Víctor Martínez, a quien Alfonsín eligió como compañero de fórmula.
La derrota física de toda una generación le permitió a Eduardo Angeloz ser elegido gobernador de Córdoba desde 1983 hasta 1995.
Una alianza de clase, burguesa
Pero los radicales no fueron los únicos en aportar funcionarios al gobierno de facto. Los políticos de los partidos burgueses ocuparon 794 intendencias en todo el país.
En cifras la colaboración con los militares fue la siguiente: UCR, 310; el PJ,169; demoprogresistas, 109; el MID 94; Fuerza Federalista Popular, 78; el MPN (fuerza neuquina), 23; demócratas cristianos, 16; Partido Intransigente, 4.
Durante la dictadura, la embajada en Portugal fue ocupada por el entonces titular del Partido Socialismo Democrático (PSD), Américo Ghioldi. El PSD también conservó en Mar del Plata al intendente que había ganado las elecciones en 1973.
En Neuquén, el MPN aportó varios funcionarios. En sus visitas a la provincia, el general Jorge Rafael Videla, tuvo entre sus anfitriones a dos hombres fuertes del MPN y futuros gobernadores provinciales: Felipe Sapag y Jorge Sobisch.
El justicialista Roberto José Dromi, ministro de Carlos Menem, fue designado por la última dictadura cívico-militar como intendente de la ciudad de Mendoza.
Aunque Ítalo Luder no integró el Gobierno militar, continuó estrechando lazos con ellos. Cuando en 1983 el general Reynaldo Bignone presentó una Ley de Autoamnistía, antes de dejar el poder, el PJ le otorgó un apoyo explicito. Será Luder quien en campaña pidió dejar atrás el pasado. Avaló la autoamnistía. Este fue el principal motivo por el cual perdió las elecciones, y no por el cajón de Herminio Iglesias.
Mientras que Raúl Alfonsín, aunque se rodeó de colaboracionistas, prometió juzgar a los militares. Las capitulaciones de Alfonsín ante los levantamientos carapintadas, son conocidas.
Sus correligionarios continuaron en la misma senda. Ya en el 2015 la UCR se alineó con el PRO para rechazar la creación de la comisión bicameral para investigar la complicidad civil durante la última dictadura. La posición del PRO es coherente. La familia de Macri se enriqueció en los años de la dictadura, aunque no fue la única de las que hoy integran la coalición Cambiemos.
Tampoco el PJ tuvo voluntad de llevar a juicio a los civiles que fueron parte del golpe. Y más allá de la retórica, los gobiernos kirchneristas continuaron haciendo negocios con el horror. Carlos Blaquier, responsable del Apagón de Ledesma, fue elogiado por la expresidenta, Cristina Kirchner. Él le retribuyó los elogios.
Hoy, a 42 años del golpe, todavía no se conoce la lista completa de los políticos colaboradores de la dictadura, que han sabido guardar bajo siete llaves. Por la responsabilidad de estos partidos mayoritarios, que gobiernan el país desde 1983, tampoco se pudo llevar a juicio a los autores intelectuales y materiales de los 30.000 desaparecidos.
También, por responsabilidad de ellos, hoy continúan con su identidad apropiada más de 400 hijos de desparecidos que nacieron en cautiverio.
Pasaron 42 años y empresarios, jueces, periodistas, clérigos, así como estos políticos burgueses cómplices del genocidio, no fueron juzgados.
Este 24 de Marzo el Encuentro Memoria Verdad y Justicia exigirá que ningún genocida quede en libertad. Volverán a reclamar juicio y castigo a los culpables, además de denunciar al gobierno de Macri y los gobernadores por la represión de hoy.
Nuevamente, no da lo mismo con quién marchar.
Rosa D'Alesio
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