La industria cultural responde siempre a la coyuntura específica en la que se encuentran los artistas. Sin embargo, el cine tiene ciertas particularidades en las cuales la producción no responde necesariamente a la inspiración de guionistas y directores, sino que el Estado ha sido siempre en Argentina un factor fundamental en la producción cinematográfica.
Entre 1976 y 1983, durante la Dictadura Militar, el Estado Nacional participó activamente. La intención del régimen no era destruir la industria cinematográfica, sino someterla, es decir, poner el cine a su servicio.
Se observa en los estudios de caso una estrategia doble. Por un lado, el Estado apoyaba con premios y subsidios ciertas producciones cinematográficas y por el otro, regulaba la industria a través de la censura. Las prohibiciones se manifiestan en cortes de escenas o directamente en censura lisa y llanamente, así como también en el otorgamiento o no de apoyos económicos.
La trama de la censura partía de las esferas oficiales: el Ente de Calificación Cinematográfica, que permitía o prohibía la exhibición de una película y determinaba que publico podía verla; el Instituto Nacional de Cinematografía (INC), que otorgaba o negaba créditos y subsidios, y la Secretaria de Información Pública, a través de la cual la dictadura definía la política general y controlaba a los dos organismos.
Para comprender el funcionamiento de la industria cinematográfica hay que tener en cuenta por lo menos cuatro factores que constituyen un sistema: la producción, la distribución, la exhibición y el Estado. Cada uno de ellos tiene su importancia y su cuota de poder, pero el Estado es la condición necesaria para que exista el cine argentino.
La producción nacional es una actividad subsidiada debido a una serie de problemas convergentes que la industria no puede resolver por sí misma. En principio, el argentino es un mercado de consumo pequeño, si se considera lo que cuesta producir una película. En este mercado no hay manera de recuperar la inversión a través de la venta de entradas, serán estas caras o baratas, ni tampoco por un boom económico. No obstante ello, hasta fines de los años 90 toda la industria del cine dependía de la venta de entrada.
No solo se trata de que el mercado sea pequeño. Ocurre además que la producción nacional debe compartirlo con las películas extranjeras, lo cual lo vuelve aun más estrecho. Si, a modo de ejemplo, consideramos que en un año se estrenan 200 filmes, veremos que 170 corresponden a películas extranjeras y solo 30 a nacionales. Los estrenos locales representan el 20% de las entradas totales.
En el caso de una película argentina, el productor obtiene de la venta de tickets una fracción de su retribución, el exhibidor sostiene con ella sus salas, el distribuidor saca de allí su porcentaje para pagar las copias y el Estado el impuesto con el cual subsidia la producción local.
De esta manera, si el precio de la entrada se reparte entre los cuatro sectores de la industria –y el productor local solo recibe una fracción, siempre menor a la mitad del precio de la entrada-, una producción nacional difícilmente puede recuperar su inversión a través de la venta de tickets. Esto explica la necesidad de los préstamos especiales y los subsidios a la industria cinematográfica vernácula. Los productores externos, en cambio, logran amortizar sus inversiones en sus propios mercados y los mercados internacionales.
Si a esto se suman las sucesivas crisis económicas, el panorama no se muestra alentador. Estos problemas acompañan a nuestro cine desde principios de los años 40. En tales condiciones estructurales nuestros productores no tienen ni la menor posibilidad de competir con la industria internacional.
Por esto mismo, la financiación estatal era la clave de todo. Los créditos consistían en préstamos con tasas y condiciones generales preferenciales y adaptadas a la dinámica de esta peculiar industria. Los subsidios eran premios o reintegros de dinero que el Instituto entregaba al productor a lo largo de los dos años posteriores al estreno, según la cantidad de entradas vendidas. Las películas declaradas de “interés simple” podían recibir hasta un 75 por ciento del costo de producción reconocido y las de “interés especial” podían beneficiarse con hasta el 100 por ciento del costo de producción reconocido por el Instituto. Así es como durante la dictadura fueron varios los que lograron hacer buenos negocios, ayudados por el dinero del Estado.
Las producciones durante los años de la dictadura distaban mucho de tener un contenido crítico de las etapas anteriores, como los casos del Grupo Cine de la Base de Raymundo Gleyzer (de izquierda) o Grupo Cine Liberación de Pino Solanas (peronista), aunque la mayoría de ellas se difundían de manera clandestina y sin financiación estatal. Los casos paradigmáticos del beneficio durante la dictadura fue el de la productora Aries Cinematográfica que se dedicaba a comedias vulgares de poco vuelo y las películas pasatistas de Palito Ortega que se dedicaban a replicar y nutrir de fundamento las bases de la dictadura militar.
Para concluir, podemos decir que por sus condiciones estructurales el cine de producción nacional está necesariamente atado a los intereses del estado. La financiación, las calificaciones y la censura que fueron intensas durante la Dictadura Militar, pueden tranquilamente ser replicadas por gobiernos constitucionales. Si bien pueden variar en diferente escala, la matriz es siempre la misma. El cine argentino es un producto estatal.
Pablo Javier Coronel
Director de Huellas de la Historia
Bibliografía Utilizada:
Judith Gociol y Hernán Invernizzi; CINE Y DICTADURA; Buenos Aires, 2006
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