El gobierno ha dado conocer su iniciativa de modificar el Código Penal para endurecer las penas contra las manifestaciones populares y limitar el ingreso al país de los inmigrantes. Se trata de un recurso político clásico de los gobiernos reaccionarios cuando atraviesan una crisis de fondo. El propósito es, antes que nada, eludir su propia responsabilidad ante la catástrofe económica, para culpar por la situación a quienes enfrentan las consecuencias de su política. En síntesis, una medida de tinte fachistoide, que busca enfrentar a la población entre sí. El oficialista Clarín no oculta este propósito cuando dice que el debate parlamentario será en paralelo a la campaña electoral, ya que el gobierno considera que tendrá apoyo en parte de la opinión pública.
Según lo informado, los gobiernos nacional y de la Ciudad habrían llegado a un acuerdo para impulsar juntos estas modificaciones represivas. La importancia del acuerdo consiste en que luego del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, la represión a las protestas que se realizan en el centro del poder político corresponde al gobierno porteño. De aprobarse la reforma, la pena máxima por realizar un corte de calle pasaría de dos a tres años, es decir, un aumento del 50%. Pero lo más grave, sin embargo, está en otra parte. Sucede que se considerará delito no sólo el corte total de calle sino también “entorpecer” la circulación. Así, podrá ser penalizada cualquier movilización, pues es obvio que una marcha entorpece el tránsito. Para determinar si estamos ante un delito los jueces deberán evaluar si hay vías alternativas de circulación, lo cual es una responsabilidad del Estado y no de los manifestantes. Además será susceptible de considerarse delito la afectación de los “derechos personalísimos” y el juez deberá evaluar la urgencia del reclamo, otorgándoles facultades absolutamente discrecionales.
Esta medida represiva contra las manifestaciones y luchas populares va acompañado de reforzar la persecución de los inmigrantes. Sucede que la reforma del Código Penal también incorporaría medidas contra ellos, permitiendo la prohibición del ingreso al país. Estamos ante una campaña de estigmatización de la parte más pobre de la sociedad, por parte del Estado y el gobierno responsable de su situación de miseria. Otra vez, medidas fachistoides. Ya el gobierno había sacado por decreto de necesidad y urgencia un ataque a los inmigrantes que fue judicializado, y ahora vuelve a la carga mediante un proyecto de ley a sabiendas de que cuenta con el apoyo parlamentario de una porción significativa del peronismo. A los dichos de Pichetto contra los inmigrantes se sumó en las últimas horas Daniel Scioli, en un reportaje que anuncia su intención de reflotar su candidatura presidencial en vistas al año que viene.
Llamamos a rechazar esta política represiva y reaccionaria impulsada por el gobierno en acuerdo con el peronismo, mediante la lucha y la organización popular.
Gabriel Solano
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