Michelle Bachelet, hizo público este jueves un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Se trata de un extenso reporte de más de 30 páginas donde recorre todo un arco de derechos vulnerados en el país, desde el económico, social, político, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, y un largo etcétera.
El extenso informe presentado este jueves por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, hace explícita la vulneración de derechos en el país tanto a nivel económico como político y social, con casos de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales entre otras denuncias.
Maduro no tardó en responder rechazando las conclusiones de Bachelet por considerar que "no es objetivo ni imparcial" y presenta una visión "selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos" en el país. Difícil entender lo que es “objetivo” para el Gobierno de Maduro, a no ser informes favorables o que no lo responsabilicen de la catastrófica situación en el país en todos los ámbitos.
Hay que señalar que el informe de la expresidenta chilena se asemeja a otras investigaciones anteriores de la ONU, que siempre han sido rechazados por el Gobierno. Este viernes, la exmandataria presentó el informe para su estudio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra, Suiza.
Bachelet estuvo en Venezuela entre el 19 y 21 de junio, luego que el ACNUDH efectuara una visita del 11 al 22 de marzo de 2019. Fueron tres días en que uno de los principales objetivos consistía en allanar el camino hacia las negociaciones: “participen constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega” sostuvo en su último día de estadía en el país. Se reunió con todo el espectro político dominante además de diversos encuentros con organizaciones de derechos humanos y otros organismos. Al final emitió un comunicado oficial instando a los distintos sectores políticos a continuar el camino de Oslo.
Poco se sabe de las reuniones privadas que mantuvo con el gobierno de Maduro así como con la oposición incluyendo a Guaidó, dado lo hermético de las mismas. Pero su presencia no se resumía a alguna constatación ipso facto de la situación de los derechos humanos, informes que ya había elaborado su representación en el país en los últimos meses.
El informe de Bachelet llegó en un momento particular, pues por ejemplo, se hizo público pocos días después de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, luego de haber sido brutalmente torturado en la DGCIM, mientras permanecía detenido por dichos servicios de inteligencia, acusado de participar en un complot golpista contra el presidente Nicolás Maduro. También se produce poco después de que agentes de policía del Estado Táchira dejaran sin ojos por perdigonazos al joven de 16 años, Rufo Chacón, que protestaba pacíficamente por la falta de gas en su comunidad. Dos situaciones que caldearon el ambiente político, el primero por la alevosía descarada del acto de tortura y su muerte inmediata, y la segunda, como expresión clara de cómo las fuerzas de seguridad del Estado arremeten violentamente contra sectores populares que reclaman por cuestione tan elementales en medio de la agobiante catástrofe económica y social que vive el país.
Con respecto al informe de Bachelet, en el mismo se lee que entrevistó a más de 558 personas, todas ellas víctimas de abusos y testigos. Además se afirma que son más de cuatro millones las personas que han tenido que abandonar el país producto de la crisis económica, según las estimaciones de Naciones Unidas. También señala que "miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han muerto en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años", sosteniendo que "existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular la FAES".
En el mismo se atribuye al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), haber sido "responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares". Y que "los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia".
Y así Bachelet continúa su informe por todas las áreas de la salud a lo económico, de la vivienda a la situación de la mujer, los derechos indígenas, etc., en la actual situación del país, para terminar constando que “ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela”.
Los trabajadores son los más interesados en el esclarecimiento y acabar con esta situación
Sobre el documento el Gobierno presentó 70 "observaciones" que dan cuenta de los errores que, según las autoridades venezolanas, contiene el informe de Bachelet. Y denuncia que el mismo distorsiona la realidad y fue elaborado con "importantes debilidades" metodológicas en las que "se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial". No era de esperarse otra cosa del gobierno.
La situación de los derechos humanos no puede taparse con un dedo en Venezuela. Se trata de una situación innegable donde se violan los más elementales derechos.
Mientras escribimos este artículo por ejemplo, sigue desaparecido el trabajador y militante de izquierda José Ramón Rodríguez, detenido por las FAES en la ciudad de Valencia. Desde el miércoles en la tarde, hasta este viernes en la mañana, los familiares y amigos no tienen aún noticia sobre su paradero. De la misma manera hay obreros detenidos por luchar, como el caso de Rodney Álvarez, preso desde hace más de ocho años, sin que aún lo hayan llevado a juicio y sin sentencia., todo por un crimen que no cometió. Descaro es el del gobierno con sus afirmaciones.
La oposición de derecha, como era de esperarse ha salido a hacer uso del informe de Bachelet. Pero la derecha poca moral tiene para hacer alardes de este tipo, no sólo por su viejo currículum de los gobiernos de la IV República, y quienes iniciaron durante esa época las desapariciones en democracia. Sino incluso por su política actual, ensalzando a violadores de los derechos humanos como Iván Simonovis o al represor de Figueras ex jefe del SEBIN (ahora parte del "Sebin bueno" como declaró Lilian Tintori, del partido de Leopoldo López), el mismo SEBIN que es denunciado por Bachelet. Una verdadera doble moral.
No son los derechos humanos lo que le interesa a esta derecha, que muestra así su rostro demagógico e hipócrita. Son quienes han llevado adelante en más de una ocasión una política abiertamente golpista para que los militares sean los que saquen al gobierno actual y los pongan a ellos en el poder: la última ocasión de esta política ha sido tan cerca como la primera parte de este año, en que se enfilaron tras la ofensiva del gobierno estadounidense que buscó por las más diversas vías generar un golpe militar e, incluso, no ahorró en amenazas de intervención militar extranjera.
Los trabajadores somos los más grandes interesados en denunciar la violación de los derechos humanos y el esclarecimiento de toda esta situación en el país, pues el hecho de que esta situación pase como “normal” no hace más que fortalecer a las fuerzas represivas del Estado, violando las más mínimas garantías, lo que terminará cayendo aún con más peso sobre la clase trabajadora. Decimos categóricamente que el gobierno y el Estado son responsables, pero llamamos a no caer en la demagogia de la derecha, que hará uso igual, como ya lo ha hecho, y ya muestra su rostro, de estos mismos métodos. Solo los trabajadores pueden ir hasta el fin para acabar con esta situación.
Bachelet llama a la negociación y al diálogo como “salida” de la situación
Dicho esto, y por otra parte, los objetivos de Bachelet, tanto con su viaje como con su informe, puede ser que sea funcional a la búsqueda de acuerdos entre la oposición y el gobierno. Por eso hemos venido sosteniendo que la visita de Michelle Bachelet en cuanto alta comisionada de la ONU para los derechos humanos a Venezuela debe verse en el cuadro de los diálogos que vienen trascendiendo.
Este mismo 5 de julio Bachelet declaró desde Ginebra que: "La única forma de salir de esta crisis es la unión, y pido al Gobierno de Venezuela que vea a la oposición y los defensores de derechos humanos como socios en la causa común de estos derechos y de la justicia, para plantar las semillas de un acuerdo duradero que lleve a la reconciliación".
Hay que evitar que la grave situación que sufre el pueblo en medio de esta catástrofe, así como la violación a los más elementales derechos económicos, sociales, políticos y humanos, sea usado para objetivos de pactos y negociaciones por arriba. Pues los de arriba discuten “salidas” en función de sus intereses mientras los de abajo padecen las calamidades de una agobiante catástrofe.
Como hemos venido escribiendo, de la misma manera que hay que rechazar todo el intervencionismo abierto y descarado del imperialismo con todas las tentativas golpistas de por medio, lo que no implica en modo alguno apoyo al Gobierno de Maduro, los trabajadores no deben sembrar ninguna esperanza en estas “transiciones pacíficas” y pactos por arriba. Ellos tienen acuerdo en algo central: que la brutal crisis la siga pagando el pueblo trabajador.
La salida a la profunda crisis que se vive en Venezuela donde se violan los más elementales derechos, con un gobierno sumamente represivo y autoritario como el de Maduro, así como a toda la política de la derecha que ha mostrado con creces su demagogia con sus llamados a la injerencia imperialista que representa Guaidó, solo puede venir de una salida independiente de parte del pueblo trabajador y pobre.
Milton D'León
Caracas @MiltonDLeon
Viernes 5 de julio | 18:02
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