El Partido de Trabajadores Revolucionarios, grupo de la Fracción Trotskista que impulsa La Izquierda Diario en Chile, propone una Asamblea Constituyente libre y soberana. Qué medidas debería tomar y cómo se la impone.
En esta nota desarrollamos por qué Asamblea Constituyente luchamos, y qué medidas básicas consideramos deberían ser discutidas y votadas para terminar con las herencias de la dictadura e imponer una salida de los trabajadores y el pueblo.
¿Puede existir una Asamblea Constituyente verdaderamente democrática con Piñera y el parlamento actual?
El “milagro” chileno quedó cuestionado con el estallido de la rebelión popular más importante de las últimas tres décadas, con Piñera jaqueado y con un enorme descontento con la herencia de la dictadura y este régimen que la sostiene. En salarios y pensiones, precarización, educación, salud y vivienda, jornada laboral, derecho a la autodeterminación nacional del pueblo-nación mapuche, destrucción del medioambiente, entre otros temas, se cuestiona que “no son $30 sino 30 años”. El pueblo trabajador quiere decidir.
Sin embargo, hay diversas trampas que este régimen con sus viejas instituciones nos quiere imponer para sacarnos de las calles y desviarnos hacia el callejón sin salida de las instituciones que son herencias de la dictadura. ¿Podemos creer que con Piñera en el gobierno, tendremos una Asamblea Constituyente realmente democrática? ¿Podemos confiar que tendremos una Constituyente verdaderamente Libre y Soberana en manos del actual parlamento con su Cámara de Diputados y el Senado, instituciones rechazadas por la mayoría de la población y electas con menos del 50% de votación?
No habrá una constituyente democrática con esta presidencia, que permite poderes de monarca como hizo Piñera que con su decisión personal pudo sacar al Ejército a las calles mediante el Estado de Emergencia y los toques de queda; o con el Senado, institución oligárquica que representa a una pequeña élite con poder de veto y que limita el ejercicio de la soberanía popular, y Diputados, ambas cámaras compuesta por una casta de políticos millonarios al servicio de los grandes empresarios y que se han vendido a los grupos económicos. Con estas instituciones no tendremos una Asamblea Constituyente verdaderamente Libre y Soberana.
El Partido Comunista y el Frente Amplio no sólo no se proponen que caiga Piñera con la huelga general, sino que además llaman a un “proceso constituyente” manteniendo estas viejas instituciones del régimen. ¿Saldrá una Constituyente realmente democrática de los salones de palacio y de las cocinas parlamentarias? Si no liquida al régimen, los plebiscitos y cabildos irán a parar al pantano parlamentario donde siempre se chocan nuestras demandas, y seguirán postergadas.
¿Quién convocaría a una Constituyente Libre y Soberana, realmente democrática?
Por ello nuestra lucha por echar a Piñera con la huelga general y por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, debe ser liquidando los poderes de las viejas instituciones del régimen heredero de la dictadura como la presidencia y el parlamento actual.
Para que sea verdaderamente Libre y Soberana, es decir, sin ninguna restricción, que pueda discutir y tomar todas las medidas que considere necesarias, debe ser impuesta por las coordinadoras y la auto-organización democrática de las organizaciones obreras, populares, los comités y coordinadoras que surjan a través de la lucha. Estas organizaciones de auto-determinación son las únicas que pueden convocar a una Constituyente realmente democrática, donde todos puedan participar desde los 14 años, convocando elecciones donde se elijan representantes cada 10.000 electores, que sean revocables, que cobren los mismo que una profesora, y donde puedan ser electos de forma democrática dirigentes sindicales y de organizaciones obreras, estudiantiles, sociales, y que no tenga ninguna limitación de ningún otro poder ni tampoco ningún veto respecto a los temas a discutir y las medidas a tomar en beneficio del pueblo trabajador.
¿Qué medidas fundamentales debería discutir y votar una Constituyente Libre y Soberana, para acabar con la herencia de la dictadura y dar respuesta a las necesidades sociales exigidas por las grandes mayorías?
Salario y pensiones mínimas de $500.000, acorde al costo de la canasta básica familiar. En Chile, el 70% de la clase trabajadora gana sueldos inferiores a los $400.000. Basta de salarios de hambre, mientras los grandes empresarios se enriquecen por millones. Fin a las AFP. Por un sistema de reparto público, tripartito y solidario, gestionado por trabajadores y jubilados, con el 80% de tasa de retorno. Junto a ello, fin a la precarización laboral. Ninguna flexibilidad que es precariedad. No queremos más trabajadores de primera, segunda y tercera categoría, por eso debemos pelear por poner término al subcontrato, al contrato de obra y faena, honorarios y a contrata. Paso a planta para todas y todos. Junto a ello, la reducción de la jornada laboral, sin disminución de salario y repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados para poner fin al desempleo.
Educación pública, gratuita, democrática y no sexista, y que esté al servicio de los trabajadores y el pueblo. Fin al negocio educativo y de los empresarios privados. Fin del CAE y de todo crédito universitario. Gratuidad universal, y condonación inmediata de todas las deudas por estudiar. Consideramos que la salud debe ser pública y gratuita. Requerimos poner término al negocio privado de la salud, por eso es necesario acabar con las Isapres y todo negocio privado.
Por un sistema de transportes público gestionado por trabajadores y usuarios, gratuito para estudiantes y la tercera edad, y con tarifas acordadas para el acceso de toda la población. Por un plan de viviendas dignas garantizadas para el pueblo trabajador. Es necesario establecer el término de la especulación inmobiliaria de empresas y bancos, y poner fin al déficit habitacional y el hacinamiento, con un plan estatal de viviendas gestionado por trabajadores, pobladores y juntas de vecinos.
Igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito. Es inconcebible que se encarcele y penalice a quienes deciden poner término a su embarazo, pues se trata de un derecho fundamental de todas las mujeres y cuerpos gestantes, que sometidas al aborto clandestino arriesgan sus vidas y su salud. Separación de la Iglesia y el Estado, y fin a todo subsidio estatal a instituciones de la Iglesia.
Desmilitarización del Wallmapu y derecho a la auto-determinación del pueblo-nación mapuche. Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. El Estado chileno ha continuado durante 200 años la obra de la colonización. Libertad a los luchadores mapuche, por su derecho a territorio y autonomía.
Juicio y castigo a los responsables civiles y uniformados de los asesinatos, violaciones y represión bajo estado de excepción y toque de queda. Disolución de Fuerzas Especiales y Carabineros de Chile, basta de impunidad, represión y criminalización.
Sin embargo, muchos se preguntan ¿de dónde surgirán los recursos para costear estas medidas?
Recursos hay, somos un país con muchas riquezas, pero hay que ponerlas en beneficio de todo el pueblo trabajador y sectores populares. Para conseguir nuestras aspiraciones debemos tocar los intereses de los grandes empresarios y transnacionales, que se enriquecen a costa del saqueo de nuestros recursos naturales con explotación de nuestro trabajo y destrucción del medioambiente. Sin esos recursos que están apropiados en unas pocas manos, no podremos realizar nuestras aspiraciones. Si se mantiene el gobierno de Piñera y las viejas instituciones del régimen como el Congreso, esos recursos seguirán en manos de los verdaderos dueños del país.
Por ello hay que tomar medidas elementales:
Nacionalización del cobre y de los recursos naturales y estratégicos, sin pago y bajo gestión del pueblo trabajador y control de las comunidades. Solo en el cobre se fugan al extranjero casi 10.000 millones de dólares al año, con grandes transnacionales como BHP Billiton o Angloamerican. En el caso de las tierras forestales, Matte y Angelini, parte de las familias más ricas y dueñas del país, se apropiaron de las tierras del pueblo-nación mapuche y campesinos, tierras que deben ser devueltas a las comunidades. Sumado a lo anterior, tenemos que nacionalizar las minas, bosques y salmoneras para ponerlas en beneficio de toda la clase trabajadora.
Anulación de las privatizaciones de dictadura y democracia. Estatización bajo gestión obrera de las empresas de electricidad, agua, gas y servicios públicos. El aumento de las tarifas como en la luz es producto de que estos servicios se encuentran en manos de transnacionales que se han beneficiado de la entrega por parte del Estado. La dictadura, la derecha y la ex Concertación le garantizaron esos negocios. Los servicios públicos deben ser nacionalizados en beneficio de la población trabajadora y no de las ganancias de unos pocos, a precio costo a la población.
Expropiación de los puertos sin indemnización, para sacarlos de las millonarias ganancias de grupos como Von Appen o Luksic. En ciudades como Valparaíso, donde la población resiente la falta de empleo, esos recursos podrían ser usados para un plan de viviendas y obras públicas, así como salud y educación, en dicha ciudad y a lo largo del país.
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Si se impone un programa de emergencia como el que proponemos, probablemente tendrá la oposición violenta de los grandes capitalistas que defenderán con uñas y dientes y con su estado represor todos sus privilegios. Por ello es más urgente que nunca constituir asambleas y coordinadoras en los lugares de trabajo, estudio y calles, instancias de auto organización realmente democráticas, como el Comité de Emergencia y Resguardo de Antofagasta, organismos de auto-organización democrática de las bases a los cuales se opone las burocracias sindicales y sociales de la Mesa de Unidad Social, dirigidas por el PC y el FA.
Estas instancias son las únicas que pueden imponer una salida favorable al pueblo trabajador, que permitan llevar adelante estas medidas de emergencia, y en el camino de derrotar la resistencia de los poderosos empresarios, sean la base para la lucha por un gobierno de las y los trabajadores que le arrebata a los grandes empresarios esas riquezas; un gobierno obrero y popular que basado en los organismos de auto-determinación de las masas, realice íntegra y efectivamente nuestras aspiraciones sociales y democráticas, y refunde el país sobre nuevas bases sociales.
Ángela Suárez
Pablo Torres
Comité de Redacción / Partido de Trabajadores Revolucionarios
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