El gobierno de facto de Añez desconoció la decisión del Congreso boliviano (mayoría del MAS) y ascendió a militares golpistas por decreto. El ascenso se produce 8 meses después de la masacre de Sacaba (en Cochabamba). Los militares habían amenazado en mayo que de no aprobarse sus ascensos desconocerían a las instituciones.
El miércoles Añez firmó el decreto que permite el ascenso directo a generales y almirantes, a coroneles y capitanes de navío vinculados con el golpe de noviembre del año pasado y las sucesivas represiones contra el pueblo boliviano. La cúpula militar, cuestionada por muchos casos de corrupción, dio un ultimátum a Añez para que firmara este decreto. El 23 de mayo el Comandante en Jefe Sergio Orellana asaltó la cámara de Senadores para intimar a los legisladores a que ratifiquen la nómina de ascensos, caso contrario confirmarían a los militares por sus propias leyes (Latinoaméricapiensa, 16/7), tras el rechazo de la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las FFAA han sido aliados del gobierno de Añez y siempre estuvieron presente en el Palacio Quemado, sede presidencial (ídem). Los senadores Ciro Zabala (MAS) y Edwin Rodríguez (disidente del oficialista Unidad Democrática) calificaron el decreto como inconstitucional (hispantv, 15/7). El candidato Carlos Mesa dijo que Bolivia tiene “dos Gobiernos” (El País, 17/7).
"La Asamblea (Legislativa Plurinacional) está contra el pueblo”, advirtió el ministro de Defensa, Fernando López (Télam, 15/7). Agregó que la decisión del MAS de frenar los ascensos “significa dejar indefensa a nuestra patria, atentar contra la seguridad externa e interna”, igualando los ascensos con la acefalía militar y este hecho con un problema de “seguridad nacional”, preparando el terreno para la intervención.
Estas declaraciones del ministro y el decreto presidencial se suma que la golpista OEA sea ‘único veedor’ en las elecciones del 6 de septiembre, y que el fascista Camacho le haya enviado una carta a Luis Almagro, titular de la OEA, pidiéndole la suspensión de las elecciones, establecidas por el Tribunal Electoral (TE). La golpista Añez utilizó la pandemia para prorrogar las elecciones. Se encuentra tercera en las encuestas y es probable la victoria en primera vuelta del candidato del MAS, Luis Arce. Sin embargo, la gente no sólo descree de su enfermedad, sino que duda de la celebración de las elecciones. Dirigentes sociales y obreros denunciaron el intento de Añez de fraude.
Carlos Mesa (quien apoyó el golpe y va segundo) y Luis Arce (primero, MAS) se quedaron solos en la defensa de la fecha de las elecciones generales, “sus seis rivales electorales están en contra de la fecha de votación y, por separado, piden que las justas sean desarrolladas cuando exista un control de la pandemia de coronavirus en el país” (Nodal, 17/7). Los fascistas Comité pro Santa Cruz y Comité Cívico Potosinista (Comcipo) presentaron una demanda de inconstitucionalidad para anular las elecciones (opinión, 17/7). Añez presentará ante el TE una demanda contra Arce, por difundir encuestas partidarias, “proceso que podría terminar en la suspensión de este político y de su partido de la carrera electoral” (El País, 17/7).
Según una reciente encuesta de la Celag, 3/4 de la población rechaza el manejo de la cuarentena y de la economía. La Universidad Johns Hopkins dice que Bolivia tiene índices muy altos de confirmados en comparación con su población y porcentaje de fallecidos respecto al total de positivos. Añez, en medio de la crisis sanitaria, imitando a Bolsonaro, le dejó el cargo de Ministro de Salud al ministro de Defensa Luis Eduardo López, quien es un militar retirado, experto en marketing y sin experiencia sanitaria.
Corrupción militar
El General Inchauste, relevado en el Estado Mayor del Ejército, denunció a Sergio Orellana, Jefe de las FFAA, por “propinas” a los comandantes de los Comandos Estratégicos Operativos (CEOS), contrabando en la “zona franca”. Denuncia que el Ministro de Defensa López le pidió hacer campaña entre los 100.000 militares bolivianos. El ejército es un ámbito de voraces disputas entre camarillas.
A principios de mes oficiales del Ejército enviaron una carta a López: “Estamos sometidos a un régimen en el que impera el abuso, la persecución, el trato despótico y una conducta política vengativa de la que las FF. AA. no se libran (…) no estamos viviendo un gobierno democrático en el que los ciudadanos tienen la libertad y el derecho a defenderse legal y legítimamente” (latinoamericapiensa, 16/7). En vez de pacificar, “nos divide y de paso coloca a nuestras FFAA como su punta de lanza en la represión contra nuestros hermanos, nos expone a una pandemia (…) todo el gobierno, incluido usted y su ministerio están dedicados al oficio ruin del robo” (ídem).
Movilización obrera
El martes hubo movilizaciones en 9 departamentos contra Añez. “La marcha principal congregó a unas 4.000 personas, según estimaciones de periodistas en el lugar, y recorrió unos 12 km desde la ciudad de El Alto hasta La Paz” (ídem, 15/7). El ampliado de la COB resolvió el apoyo al magisterio, solicitando la derogación del Decreto 4260 de educación virtual y la renuncia de los ministros de Educación y Trabajo. Uno de los reclamos fue garantizar las elecciones y denunciar intentos de fraude. La COB advirtió que la votación se tiene que realizar el próximo 6 de septiembre “sí o sí” y que los trabajadores lo harán respetar.
Emiliano Monge
17/07/2020
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