Trabajadores de La Nirva en lucha
“No hay mejor oportunidad que una buena crisis”, dijo alguna vez Winston Churchill. Con ese concepto, la burguesía argentina ha empezado la ofensiva de la reforma laboral. Con medio millón de despidos en el primer semestre y otro medio millón en el segundo, todo eso arriba de una desocupación preexistente del 10%, es el escenario para imponer lo que tanto les cuesta en otros contextos.
El gobierno les da letra. “La pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas van a empeorar”, declaró sin vueltas Cecilia Todesca, la vicejefa de Gabinete (Clarín, 12/7). Ella, junto a Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo; Claudio Moroni, de Trabajo, y Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica -hacedora de los DNU y proyectos de ley- estuvieron reunidos con la cúpula de la CGT en el sindicato de la Sanidad, discutiendo la agenda del demorado pacto social.
La burocracia sindical preparó convenientemente esta reunión, ajustando la “agenda común” en reuniones bilaterales con el Grupo de los Seis, que acompañó al Presidente el 9 de julio. Armando Cavalieri se pronunció sin ambages: hay que hacer una reforma laboral. Facundo Moyano se sumó al planteo en un reportaje en Infobae, aclarando que su padre apoya y, luego, para que no queden dudas, lo reiteró expresamente en el debate de la ley de teletrabajo en Diputados. En un promocionado Google Meet que mereció la tapa de Clarín, se reunió todo el empresariado con la mesa chica de la CGT, donde no se privaron de empujar también un arreglo de deuda externa a como dé lugar.
Qué traman
¿Traman una nueva ley de reforma laboral? ¿Aplicarán la vía Bolsonaro con una legislación que retrotrae las relaciones laborales al siglo XIX? No. Lo planifican mediante las “mesas sectoriales”, que calzan como anillo al dedo a dos puntas. Los industriales, terratenientes y banqueros reclamarán en ellas un festival de subsidios: exenciones impositivas, rebajas de impuestos nacionales y provinciales, reembolsos y promociones fiscales a la exportación, rebaja y eliminación de retenciones, rebaja de aportes patronales a la seguridad social, dólar competitivo, rebaja de aranceles de importación, zonas francas, entre otros. Algo que la burocracia sindical presentará como ventajas para reactivar las empresas ante los ojos de los trabajadores.
Para la burocracia sindical, la discusión de convenio por convenio, rama por rama, empresa por empresa, es también una oportunidad. Así, ellos defienden sus prebendas y son los intermediarios que, a su vez, garantizan la contención. Por otro lado, los marcos legales para perforar la ley mediante los convenios y luego perforar los convenios marco por cada empresa, ya se aplican desde los ’90. La ley Banelco lo hizo. Y donde haya derechos adquiridos, la línea es convencionar a los nuevos trabajadores a la baja, algo que se ha practicado con éxito patronal en varias actividades. La discusión por ramas y por empresas, además, es vital para la nueva generación de flexibilidad laboral que se pretende, porque la polivalencia funcional, los turnos americanos, las jornadas extendidas, los bancos de horas, las vacaciones fraccionadas “según conveniencia” de la actividad, el trabajo conectado remoto o el trabajo por piezas como en Oca, son todas disposiciones que solo pueden aplicarse en esa escala.
Todo esto implica la agenda de la reforma laboral, pero no se ciñe a esto, es más amplio. Los despidos, las rebajas salariales y la precarización de las condiciones de trabajo están íntimamente asociadas. Son tres patas de la baja de los costos laborales. Y no solo del salario de bolsillo, sino de todo el salario indirecto o diferido que se aplica a la jubilación y la salud. En todos estos rubros, la patronal argentina quiere bajar costos en dólares para competir, si es posible, violentando aún más la ley del valor que fija que el salario debe cubrir el costo de la canasta familiar de la mercancía trabajo. Un valor perforado hace rato en la Argentina, donde la canasta familiar no baja de los 65/70.000 pesos y el salario promedio no llega a 30.000, antes de la pandemia.
Los despidos juegan un rol central. Las empresas no suplantan a los trabajadores que se van, que se jubilan, que se retiran o que son despedidos directamente, haya o no haya prohibición en este cuadro de crisis capitalista. He ahí la “oportunidad” para la clase capitalista, responsable absoluta de la crisis y de sus consecuencias en la pandemia. Con un millón de despidos, arriba de los 9 millones de trabajadores sin ingresos, inventariados en la IFE, el ejército de reserva que definió Marx, supera a los ocupados formales, que son 7,5 millones. Se trata de una formidable masa de presión para imponer ya mismo las reformas que reclama el FMI y que están en la agenda de toda la clase capitalista: reforma laboral, previsional e impositiva. A eso le llaman “plan económico”. Claro está, más el ajuste fiscal y monetario.
Las batallas en curso
La batalla promete extenderse por toda la geografía productiva y laboral argentina. Está presente en la “guerra del langostino”, que terminó con una rebaja salarial del 40%, fijando un dólar de 50 pesos para los obreros, según la entrega del Somu de una formidable lucha, lock-out mediante, que paró los buques durante dos meses. Está presente en una nueva vuelta de rosca de la flexibilización laboral, como extorsión para retomar la producción en Vaca Muerta, donde ya hay firmada una flexibilización, pero vienen por más y están actuando para eso: el libro de retiros voluntarios. A la vuelta a los pozos, los obreros suspendidos tendrán que cubrir a los compañeros que no están más, un 20% de la planta de personal, según anunció la petrolera de mayoría estatal YPF -o sea, la política del gobierno de Alberto Fernández.
En la UTA se libra otra batalla, el sindicato manejado por la patota de Roberto Fernández está atravesado por una crisis. Los choferes cordobeses le han impuesto la huelga general casi durante tres meses a la burocracia y a fuerza de piquetes y movilizaciones masivas que enfrentaron la represión, hicieron retroceder al flexibilizador serial Martín Llaryora, el flamante intendente peronista de la capital cordobesa. Otro tanto consiguieron los colectiveros de La Rioja. Llaryora y Juan Schiaretti se juegan en varias batallas antiobreras: reventar el convenio del masivo y combativo gremio municipal y la armonización casi total de la caja provincial, que abarca docentes y estatales de toda la provincia. Se trata de un conflicto que abarca ocho provincias como mínimo y que es la punta del iceberg del estallido de todo el sistema de subsidios por parte de un Estado quebrado y del “barril criollo” de combustible, cuyo precio no deflaciona a pesar de la caída internacional.
La situación, tal vez más extrema, la atraviesa el gremio aeronáutico, donde las compañías tampoco esperan el pacto social. A los 1.700 despidos en Latam les siguen las rebajas salariales de hasta el 40% en las low cost, los salarios en cuotas en Aerolíneas y el plan oficial de fusión de Austral con Aerolíneas, que traería aparejada otra cascada de pérdida de conquistas y puestos de trabajo. La burocracia aeronáutica está paralizada esperando la carroza, mientras se desarticula la industria. Las movilizaciones han sido arrancadas y organizadas desde abajo.
Otro terreno estratégico ganado por la burguesía es el de las estrellas capitalistas del momento: Mercado Libre y Mercado Pago. Metieron un convenio de empresa con un sindicato a medida, tipo las low cost aéreas, encabezado por un barrionuevista. En Mercado Libre impusieron todos los vectores de la reforma laboral: banco de horas, polifuncionalidad, eliminación de los delegados por turno y restricción al derecho de huelga. En Mercado Pago: “la misma patronal disputa también el encuadramiento de 7.500 trabajadores con La Bancaria de su empresa fintech Mercado Pago, a los que la empresa pretende mantener fuera de toda organización sindical y ha impedido que, a lo largo de los 20 años de vida de la compañía, pudieran elegir delegados”.
Sin pretender agotar un escenario generalizado, que incluye provincias enteras que intentan flexibilizar a sus trabajadores, como Catamarca, otro capítulo de la reforma laboral en marcha es el teletrabajo. Los docentes de Conadu Histórica y algunas seccionales rebeldes de la otra Conadu fueron a un apagón nacional impuesto desde abajo, en asambleas, con la AGD a la cabeza, contra la cuotificación del aguinaldo, el robo de parte de la paritaria y con el telón de fondo de la bronca por la virtualización forzosa. Los sindicatos y seccionales combativas de la Ctera igualmente han movilizado y realizado apagones defendiendo sus estatutos, amenazados por la virtualización y sus salarios congelados.
Pero se viene un debate entre los senadores de la ley de Teletrabajo, donde todo el lobby patronal presiona para limar las protecciones que quedaron en pie en Diputados, después de haber conseguido introducirle en la Cámara Baja el trabajo por objetivos o destajo y la excepcionalidad por fuerza mayor que cuestionan todo lo demás. Al igual que la enorme batalla de la juventud repartidora, el teletrabajo será un campo de lucha de la próxima etapa con o sin cuarentena.
Néstor Pitrola
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