En medio de una crisis económica, social y sanitaria de carácter dramático, que ubica al país en el quinto lugar en el mundo de los afectados por la pandemia, con más de 345 mil contagiados y casi 13 mil muertos (de 2 millones de muestras, de 31 millones de pobladores), el gobierno de Martín Vizcarra acaba de cambiar la casi totalidad del gabinete ministerial.
Se trata de un operativo distraccionista y de allanamiento casi incondicional a las pretensiones antiobreras de las cámaras patronales. Y es que si bien el presidente mantiene una alta popularidad (65%), ha vuelto con su vieja táctica de enfrentarse contra las bancadas (ahora minoritarias) del fujimorismo y el apepismo [Acción Popular], entre otras, en el Congreso, acusándolas de corruptas (entre otras razones: porque no aprueban una ley que elimina las inmunidades parlamentarias para que puedan ser juzgados, lo que entraña potencialmente un peligro mayor para la defensa de diputados contra la arbitrariedad del Poder Ejecutivo). Esta ‘ventilación’ de funcionarios ministeriales se da justamente cuando habían surgido grandes escándalos de corrupción que involucran a Richard Swing, amigo del ministro de Cultura, con sus contratos millonarios, a la secretaria presidencial Miriam Morales y a los cuñados del propio mandatario.
Mientras habla de luchar contra la corrupción, Vizcarra forra los bolsillos del gran capital. Lanzó el plan “Reactiva Perú” (favoreciendo con el 71% de los fondos gubernamentales para afrontar la crisis a grandes empresas, incluidas algunas vinculadas al Lavajato), pero instala ‘suspensiones perfectas’ [sin goce de sueldo], recorte de derechos laborales y una cuarentena a la carta que han generado la desocupación de millones de trabajadores.
Nombre por nombre, más de lo mismo
El nombramiento de Pedro Cateriano como primer ministro es “más de los mismo”, o como dice el refrán, es “el mismo perro con distinto collar”. Y es que, aunque Cateriano, a diferencia de los premieres anteriores, tiene más perfil político (cuestión que también puede generar fricciones con el mandatario), es a la vez una continuidad reforzada de los anteriores gabinetes, con una línea claramente pro patronal y que contará con cobertura por parte de la derecha liberal y la “izquierda caviar”.
Bajo la crisis económica y pandémica, los trabajadores mineros han sufrido el abuso patronal por no implementarse protocolos sanitarios, con más de tres mil contagiados y varios fallecidos. En este sentido se ubica Martín Ruggiero, el nuevo Ministro de Trabajo y ex miembro del estudio de abogados Payet (vinculado a la mafiosa Odebrecht). Un ministro cuyo ‘currículum’ se caracteriza, entre otras cosas, por haber sido representante legal de la AFP Integra (2015) y considerar que los derechos laborales y protocolos sanitarios son “costos”.
Lo mismo podemos decir de Rafael Belaunde Llosa, el nuevo titular de la cartera de Energía y Minas y quien era representante legal de la Minera Argento SRL. “Hay que recordar que las mineras deben al Estado multas por 30 millones de soles, por infracciones ambientales que fueron ‘superadas’ por la Ley de amnistía 30230”, redactó la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP). Además, hay que tener en cuenta que, frente a la crisis, la Confiep (cámara patronal) y la Sociedad de Minería han salido a la ofensiva a plantear que hay que activar proyectos mineros cuestionados como el de Tía María (por su impacto ambiental catastrófico), generando inmediatamente cacerolazos por parte de la comunidad del Valle del Tambo.
El flamante premier Pedro Cateriano, en una entrevista a Canal N, afirmó el carácter de guerra del gabinete, al señalar que “esta crisis sanitaria ha paralizado la economía y el presidente Vizcarra ha considerado que es oportuno no solamente acercarnos a la empresa privada sino también adoptar medidas para destrabar proyectos, para flexibilizar la acción de la iniciativa privada; no hay que olvidar que la iniciativa privada es la generadora de la riqueza y que la pobreza solo la vamos a derrotar generando riqueza, este lapso ha ocasionado un daño a muchos hogares del Perú, y por lo tanto, hay que adoptar medidas urgentes, con celeridad para destrabar inversiones como el [sector] minero…” (16/7).
En esta línea han nombrado en la cartera de Salud a Pilar Mazzetti, ex jefa del Comando Covid, ex ministra del Interior de Alan García, neurocirujana de profesión, que tiene peso político propio y fuerte respaldo de las fuerzas policiales, que tiene en su haber el haber mirado para otro lado frente a la demanda de los trabajadores de la salud que le reclamaron, todo el tiempo de la cuarentena, atención a sus protestas democráticas por implementación de EPPs (equipos de protección personal), bonos, mascarillas N95, cambio de directores, etc. Con respecto a la salud hay que enfatizar que a pesar del leonino “acuerdo con las clínicas privadas” para que éstas pongan a disposición de los contribuyentes sus camas UCI (terapia intensiva), hasta ahora no hay una sola persona que haya logrado atenderse a pesar de constar en el acuerdo que el propio Estado iba a pagar 63,000 soles por cada paciente por cierta cantidad de días.
Si bien se podría abundar con analizar las biografías de otros ministros (igualmente reconocidos por su trayectoria reaccionaria y negrera), la conclusión es clara: el gabinete Vizcarra-Cateriano viene a ejecutar nuevos ataques a los trabajadores en beneficio de los grandes capitalistas (mineras, etc.), y es por eso que la Confiep y figuras del fuji-aprismo aplauden.
Los trabajadores debemos intervenir en la crisis
En la bancada del centroizquierdista Frente Amplio se ha planteado una fuerte crisis. Ante la formulación de un Proyecto de Impuesto a las Grandes Fortunas, la mayoría ha rechazado presentarlo, por considerarlo “anticonstitucional”. Lo ‘constitucional’ es –para ellos- el plan Vizcarra “Reactiva Perú” que, en lugar de cobrar impuestos a las mineras y los capitalistas, los enriquece con subsidios millonarios. La dirección burocrática, stalinista, de la CGTP, ha convocado una jornada de lucha este 23 de julio, aislada y sin ningún tipo de continuidad. Reclama un mayor “participacionismo” en el gobierno antiobrero.
Es necesario un verdadero plan de lucha hasta ganar. Sectores independientes, que se reclaman del sindicalismo combativo, de la juventud estudiantil y de los desocupados deben intervenir en esta crisis con un programa propio, de independencia de clase frente a los gobiernos, sus gabinetes y los partidos patronales. La Federación Minera, la Fenutssa (Salud), que se encuentra en la primera línea de combate contra el virus, la Fetip (industria privada), el Sitobur (sindicato de la empresa Innova Ambiental), Sindicato Saga y Ripley, así como Secundaria Combativa, y otras organizaciones del sindicalismo combativo, están encarando luchas durante esta pandemia sanitaria y social. Es necesario articular una coordinación aun mayor del movimiento obrero combativo e independiente: poner en pie una coordinadora con un programa clasista, de independencia de clase, para organizar la lucha en defensa de los derechos del trabajador, contra el gobierno de la Confiep.
César Zelada
Grupo Vilcapaza
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