Luego de la apertura de las restricciones impuestas por el Covid19, Barcelona comenzó lo que las autoridades llaman “nueva normalidad”. Teatros, conciertos, plazas, playas, industrias, comercios y transporte volvieron a funcionar. En la última semana la cantidad de casos se triplicó y sumaron 800 contagios nuevos en siete días (Clarín, 19/7). Desde que se levantaron las restricciones (el 21 de junio) se crecieron exponencialmente los contagios. Hubo 6.000 contagios en los últimos 7 días (cadena3, 20/7). Actualmente hay más de 150 focos activos en el país, fundamentalmente en Cataluña y en Aragón (Madrid). Las autoridades centrales como las autonómicas fueron advertidos por especialistas de los rebrotes pero en vez de utilizar el tiempo para reforzar el sistema sanitario, recortaron puestos de trabajo y asistencia (personal sanitario contratado como refuerzo en abril de manera precaria), mientras enormes recursos sociales fueron destinados a salvar empresas y bancos.
Catalunya reduce capacidad de testeos
Según el Departamento de Salud catalán, el número total de casos positivos acumulados desde el inicio de la pandemia en Catalunya asciende a 80.706, lo que supone 1.111 nuevos con respecto a la cifra del jueves, superando por primera vez la barrera de los 80.000 infectados. De esos 1.111 nuevos positivos, 772 corresponden a Barcelona y su área metropolitana (70% de los casos). Según Amnistía Internacional, sólo en Catalunya se recortó el 24% de la capacidad de testeos.
En Barcelona las autoridades pidieron que las personas no salieran de la ciudad, mientras que –contradictoriamente– liberaron el turismo y la vuelta al trabajo. Se registraron 450.000 vehículos en las zonas costeras cercanas. El director de comité regional de seguimiento del coronavirus reclama el “confinamiento domiciliario” (ídem). “Si como consecuencia de la salida de los barceloneses este fin de semana, salen de golpe la semana siguiente 300 casos en los pueblos de la costa, será necesario tomar alguna medida”, advirtió el epidemiólogo (página12). Los cierres y las aperturas han generado la quiebra de muchos comercios. El turismo, que representa casi el 20% de los ingresos, no había podido levantar cabeza tras la nueva normalidad y 99 días de confinamiento. El primer ministro francés, Jean Castex, dijo que puede cerrar sus fronteras. El turismo volvió a abrirse en España tras el fin del estado de alarma, el mes pasado. El Covid19 cobró la vida de casi 30.000 personas en España y 260.000 contagios.
La situación de la clase obrera
Una de las razones del rebrote es el hacinamiento en el que viven los trabajadores catalanes y la juventud. Debido al repunte de la especulación inmobiliaria, el acceso a la vivienda es prácticamente imposible para una familia obrera, por lo que es muy común encontrar que 4 o 5 personas vivan en departamentos de 40 metros cuadrados. Incluso bajo las altas temperaturas, hay muchas personas que no pueden pagar el servicio de luz y se registraron cortes. Por el otro lado, empresas como Nissan (7% del tejido industrial catalán) que han recibido enormes recortes impositivos y beneficios, planea echar a 3.000 trabajadores, lo que significaría más de 25.000 puestos de trabajos perdidos.
Según el informe “Emergencia habitacional, pobreza energética y salud: inseguridad residencial en Barcelona (2017 - 2020)”, (presentado este 16 de julio por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), el Observatori DESC, Enginyeria Sense Fronteres y la Agencia de Salud Pública de Barcelona), “El 27% de las personas entrevistadas relata tener deudas con las compañías de electricidad, gas y agua. Casi en la mitad de los casos, las deudas superan los 500 euros y en un cuarto de ellos, las deudas superan los mil euros, “con el riesgo de acoso y judicialización por parte de las empresas eléctricas”. El informe está basado en las historias de vida de 415 personas con problemas de vivienda o de pobreza energética.
La Agencia Catalana de Consumo fue denunciada por cortes de suministros ilegales. El 65% de las personas entrevistadas viven en hogares construidos antes de 1979, año en el que se convierten en obligatorias una serie de medidas para asegurar el aislamiento de los materiales, “por lo que las familias que habitan en esos inmuebles tienen más dificultad para mantener una buena temperatura en su interior” (Lahaine, 18/7). Para calentar o enfriar las casas y no sufrir posibles enfermedades, un gran porcentaje debe recurrir a conexiones ilegales, lo que aumenta los peligros de accidentes e incendios. El acceso al agua tampoco está garantizado, ya que muchas de estas viviendas tuvieron cortes del suministro.
“En el caso de las familias encuestadas que viven de alquiler, el 59% tiene como casero un gran tenedor. Casi la mitad ya habían dejado de pagar el alquiler antes de acercarse a la PAH. Los motivos principales declarados para este impago son el paro (48%), una subida del alquiler (17%), problemas de salud (17%), la finalización del contrato (13%) o la falta de ingresos (10%)”. Un estudio liderado por la Universidad de Granada en 2018 revelaba que el 88% de las personas que pasan por un desahucio presentan cuadros de ansiedad y el 91% de depresión.
Los contagios surgen en los lugares de trabajo y hay muchas empresas que no cumplen con las medidas mínimas de seguridad, distanciamiento y controles. Las inspecciones por parte del Govern brillan por su ausencia, mientras las denuncias de irregularidades crecen. La crisis en fábricas y lugares de trabajo, las luchas de los inmigrantes por sus derechos, por el derecho a servicios públicos garantizados, vivienda, salud y trabajo, contra la explotación y por la defensa de la vida de los trabajadores, demuestran que la “nueva normalidad” de Catalunya y el Estado Español va a ser aquella de las grandes luchas.
Emiliano Monge
20/07/2020
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