Luego de diez días consecutivos de huelgas, piquetes, y represión de fuerzas de seguridad y bandas fascistas a los manifestantes, la presidenta de facto Jeanine Áñez promulgó el jueves pasado por la tarde la norma que compromete al gobierno a realizar las elecciones presidenciales el próximo 18 de octubre. La medida fue aprobada en una sesión de la Asamblea nacional, con mayorías del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, de forma virtual. La Ley cuenta con el respaldo de la Unión Europea (UE), la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Iglesia católica a través de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), y la Organización de Estados Americanos (OEA). La presidenta anunció la ley como la “segunda pacificación” del país, haciendo referencia a la primera “pacificación”, que habría sido el golpe del año pasado, con más de 30 muertos en las masacres en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).
Ante el rechazo de algunos sectores huelguistas, el propio Evo Morales, que había sido acusado de “terrorismo” por el gobierno de Añez, llamó a acatar la medida, con la extorsión de “evitar una masacre”. “Saludamos el esfuerzo, el compromiso y la unidad de la Bancada del Senado del MAS. La aprobación, en esa instancia, de la ley para garantizar fecha de elecciones con el plazo máximo hasta el 18 de octubre, es un importante aporte para la recuperación de la democracia”, dijo Morales en Twitter. (13/8).
La COB levanta los cortes
La Central Obrera Boliviana (COB) llamó a un “cuarto intermedio” y levantó los cortes y paros que durante doce días paralizaban el país, pese a haber calificado ayer de “traición” al acuerdo entre el Gobierno de facto y el Movimiento al Socialismo (MAS) que fijó la fecha electoral. “A partir de la decisión tomada en el Comité Ejecutivo, damos un cuarto intermedio en el conflicto a nivel nacional hasta el 18 de octubre”.
La presión sobre la COB había aumentado en las últimas horas, después de que la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca y la de Mujeres Trabajadoras de Pueblos Originarios Bartolina Sisa (ligadas al masismo), decidieran suspender los piquetes.
El Cabildo de El Alto, que convocaron organizaciones campesinas, indígenas de las provincias, encabezado por la Federación de Campesinos Tupac Katari de las 20 provincias de La Paz, rechazó el acuerdo. Reclama que se vaya Añez, “por haber dejado a la población sin salud, haber determinado la clausura del año escolar, no haber tomado las medidas para evitar una crisis económica y haberse opuesto a los comicios generales” (La Razón, 14/8), y que sean enjuiciados todos los responsables materiales y políticos de la represión contra el pueblo - “se declaró “traidores” a la COB y el Pacto de Unidad, por su aceptación de la fecha de las elecciones y haber decidido el fin de las protestas en el país” (ídem).
“Fuera Añez”
El ex dirigente Felipe Quispe, el Mallku, declaró: “No somos masistas. No levantaremos los bloqueos hasta que renuncie Jeanine Áñez” (Redacción, 15/8). Fue en el marco de un Gran Cabildo de los Pueblos Aymaras en el Cuartel del Estado Mayor de Kalachaca, en la provincia paceña de Omasuyo, donde “Quispe recordó los hechos de 2003, cuando lideró bloqueos masivos en contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada” (opinión, 13/8).
A pesar del retiro de la COB, las protestas continuaron tomando fuerza. En La Paz, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Curicayo se sumó a los cortes, con los Trabajadores Mineros Cooperativistas de La Paz, en Ventillas. “Exigimos la renuncia inmediata de la señora Áñez” (ídem).
Mientras, el gobierno de facto prepara la represión contra aquellos que sostienen los cortes, y anunció un “plan de contingencia” para despejar las rutas bloqueadas en el país (El Deber, 14/8). El gobierno había movilizado a los militares para “resguardar” a los edificios y servicios públicos (DW, 10/8). Sectores importantes del movimiento indígenas de El Alto, campesinos y sectores obreros, que mantienen los cortes en distintos puntos y piden que Añez renuncie.
Emiliano Monge
15/08/2020
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