La Corte y el Congreso bajo el cedazo de la crisis política que dejaron las PASO

Mientras Alberto Fernández inaugura un nuevo estilo de campaña electoral, rezando con vecinos sentados en rueda como si se tratara de una secta religiosa, la jueza Highton de Nolasco sorprendió con una renuncia a la Corte -un puesto que había porfiado cuando desafió su permanencia no hace mucho tiempo- a pesar de haber superado la edad de 75 años para pasar a retiro. Para el ex cortesano Raúl Zaffaroni, Argentina se habría “quedado sin Corte”. Ahora que las funciones de gobierno pasaron a manos de un maronita tucumano, el descarrilamiento de la Corte sería un buen complemento para la crisis política que detonó la derrota del oficialismo en las PASO. Por qué un desaire en una elección pre-parlamentaria se ha convertido en un tornado sólo se explica por la crisis histórica del régimen político tomado como un todo. La vacante que deja Highton promete ser duradera, al menos si se tiene en cuenta la demora de cuatro años que lleva la designación de un Procurador General de la Nación. Como la Corte ejerce el control de constitucionalidad de los actos de los otros dos poderes, la paralización de funciones es de por sí un dato mayor de la crisis porque ella debe resolver las apelaciones por atropellos a los jubilados y por lo tanto el destino del dinero del Tesoro; así como varios casos de corrupción contra la Vice y, con el agregado de espionaje contra Macri y asuntos similares entre actores privados, como ocurre con Cristóbal López, incluida la disputa entre éste y el todopoderoso Eurnekian –padrino de Javier Milei. Deberá intervenir también en la absolución otorgada a Rubén Betnaza, de Techint, que alegó haber coimeado a las autoridades por “fuerza mayor”. La designación del presidente y vice de la Corte, hace tres semanas, fue resuelta por solamente tres de sus miembros, de modo que los premiados tuvieron que votarse a sí mismos. 

 Los desencuentros en el Tribunal fueron acompañados por otros en el Congreso, donde el gobierno no obtuvo quórum para votar la ley de Etiquetado Frontal, que ordena poner en tamaño legible la cantidad de sustancias perjudiciales que llevan la mayor parte de los alimentos que vienen envueltos o envasados. El etiquetado no se aplica para carnes, pollos o frutas y verduras, cuyos métodos de cultivo y producción se encuentran altamente cuestionados. Hace pocos días, los molineros de Brasil anunciaron que no comprarían los productos de la argentina Bioceres debido a que se cultivan a partir de semillas genéticamente modificadas; no hablemos de las que insumen pesticidas y glifosato. En momentos en que la pandemia puso de manifiesto la situación de peligro en que se encuentran las personas con comorbilidades, SENASA debería prohibir el abuso de sodio, azucares y calorías, antes de que el etiquetado frontal llegue al consumidor.

 La ausencia de quórum motivó acusaciones cruzadas. Los bloques no oficialistas, y especialmente JxC, reclamaron que la sesión tratara otros proyectos, sea en el pleno o en comisión. Citaron la modificación de la ley de alquileres y el tratamiento del Presupuesto, con la presencia del ministro Guzmán. Massa y Máximo Kirchner no dieron el brazo a torcer, pero el oficialismo tampoco se esmeró en conseguir el número necesario de presentes. El lavagnismo -Graciela Camaño y Sarghini, entre otros- tampoco dieron el presente. El día anterior, la Cámara de Comercio y la Amcham (que reúne a las empresas extranjeras) se pronunciaron contra la aprobación. Los esfuerzos de los opositores por desligarse de estas presiones fueron arruinados por Tetaz, el divulgador de principios económicos, que replicó que votaría en contra del etiquetado frontal. El amontonamiento confuso de oficialistas y de opositores ha impedido dejar en claro quiénes siguen a Tetaz y al iluminado Fernando Iglesias, y quiénes no aportaron quórum por cuestiones políticas. En la otra vereda, el jujeño Martiarena no aportó al quórum a instancias, se dice, de la azucarera Blaquier, pero sí lo hizo el salteño Zottos, de la norteamericana El Tabacal. 

 El punto de litigio objetivo es la anticipación que hizo la candidata del macrismo, Vidal, de que disputarían la presidencia de Diputados en caso de que las elecciones de noviembre les den más votos que al oficialismo. El puesto forma parte de la línea sucesoria en caso de renuncia del binomio presidencial; luego viene la Corte. El planteo de Vidal oficializa una disputa de poder, en especial cuando es probable que, en caso de irse, Alberto lo haga acompañado. Lo mismo vale para los asuntos que reclama JxC, la ley de alquileres y el Presupuesto. La primera, dice la oposición, es responsable de una crisis fenomenal de vivienda y hasta de la caída del precio de venta de los inmuebles. La segunda es la llave principal de un acuerdo con el FMI, que enseguida debería ratificar el Congreso. El tortuoso laberinto de las peleas de camarillas encuentra siempre su explicación en la reestructuración económica y social que plantea el FMI, con el apoyo del capital internacional y la burguesía más o menos nativa. 

 El oficialismo ha perdido la iniciativa política cuando todavía faltan cuarenta días para hacer cola dominguera en las escuelas. Es una forma negativa de reconocer una derrota por anticipado. El escenario es fértil en conspiraciones políticas, incluso fronteras afuera. El gobierno de Uruguay insiste en apartarse del Mercosur para acordar convenios bilaterales con países extra bloque, en tanto que Bolsonaro y su ministro Guedes pretenden lo mismo en el caso de que no reduzca el arancel externo del Mercosur. Con un cepo que aprieta cada día más para evitar una corrida cambiaria y para sustentar una creciente deuda pública que se ajusta con el dólar oficial, la liberalidad que reclaman los vecinos es poco menos que remota para el gobierno de los Fernández. Es un hecho, de todos modos, que el bloque sureño se ha agotado como vía de integración de sus naciones al mercado mundial. Macristas y compañía comparten la posición de Uruguay y de Brasil (con la aparente oposición de López Murphy y de otros voceros del "establishment" nacional), sin importarles la afrenta que ocasionarían a la memoria de Raúl Alfonsín, que es invocado por tirios y troyanos como el Padre fundador de la democracia argentina. Para el infortunio de Lacalle Pou y de Bolsonaro, sin embargo, no son muchos los países desarrollados que aprueben un desmantelamiento del Mercosur, en especial cuando pone en juego la deforestación de la Amazonia. La destrucción de los humedales y los incendios en Córdoba, Salta y la Patagonia demuestran, por otro lado, que Argentina no es un ejemplo para confrontar con el brasileño.

 La reconversión económica de Argentina y del Mercosur enfrenta un límite histórico objetivo: la economía mundial en su conjunto se encuentra en un impasse insuperable, que incluye amenazas militares por doquier. 

 La campaña electoral que apenas se está insinuando, se enmarca en una crisis política que avanza con velocidad. 

 Jorge Altamira 

 06/10/2021