No son coherentes con ellos mismos, ya que los materiales del curso autoasistido y obligatorio que el Gobierno de la Ciudad imparte a los docentes porteños sobre violencia de género coloca como ejemplo de ´violencia simbólica´ “todos los mensajes que se envían evitando la utilización del lenguaje inclusivo” (sic). Un día esto, otro día lo otro. Esta contradicción por un lado arrima a la dupla Larreta/Acuña a la lucha contra el "marxismo cultural", propiciada por Bolsonaro en Brasil e imitado aquí, en frasco chico, por Milei. Por el otro deja a las claras que la medida apunta a una regimentación mayor de la docencia, luego de la destrucción del estatuto, el intento de reglamentar esta ley destruyendo el sistema de licencias docentes y la imposición de salarios miserables, con la complicidad de la burocracia kirchnerista y cristinista.
Dicho esto, ¿cómo van a implementar la prohibición los funcionarios? Ésta alcanza a la comunicación entre docentes y alumnos y a la escuela con las familias, oral o escrita, ya que el uso de la “e”, la “x” y el “@” no forman parte de los planes de estudio. El gobierno de Larreta hace tiempo llamaba a las familias a denunciar por medio de un 0800 a los docentes que "hacían política" hablando de paros en defensa de la escuela pública y que repite una y otra vez: "No le pedimos permiso a los sindicatos ni a los docentes para tomar decisiones". Es el gobierno que sanciona a compañeros docentes por expresar su opinión frente a funcionarios públicos, como ocurrió recientemente con Jorge Adaro, el dirigente de Ademys, y el docente Juan Manuel di Vicenzo.
Larreta sigue la estrategia de Esteban Bullrich, que decía que para hacer las reformas estructurales al servicio de los organismos del capital financiero imperialista había que tirar un paquete enorme de medidas para distraer y que así pase lo importante. La destrucción del estatuto es esa medida grande que entre humos distractivos quieren reglamentar reventando la carrera y el sistema docente de licencias.
Frente a este ataque prohibitivo y regimentador del gobierno porteño la burocracia Celeste de UTE ha salido a exigir más Ley Micaela por medio de su secretaria de Géneros. Pero, ¿la Justicia es ´más justa´ y la Policía más ´inclusiva´ por participar de los cursos dispuestos por la Ley Micaela, sobre cuestiones de género? La realidad demuestra que las mujeres trabajadoras siguen siendo condenadas por ser pobres, que en las comisarías siguen apareciendo mujeres "suicidadas", que las redes de trata y de explotación sexual gozan de buena salud gracias a la connivencia con el sistema judicial, policial y político. El lenguaje inclusivo no comporta ninguna modificación de las relaciones sociales capitalistas que subsumieron a la mujer durante miles de años a la condición de doble opresión y que condenan a las minorías sexuales a ser perseguidas a manos, fundamentalmente, de la policía. Hoy una mujer es asesinada cada 29 horas y el colectivo trans tiene una expectativa de vida que no supera los 40 años. El 50% de la población está bajo la línea de pobreza. El lenguaje inclusivo no resuelve esta realidad material, pero brinda la idea tranquilizadora de que se coloca "adentro" -de ese sistema degradante- lo excluido. Justamente por esto el Estado capitalista lo fue incorporando cada vez más al lenguaje burocrático de las distintas instituciones del Estado.
El PTS y el PO 'oficial', parte en el CD de Ademys, corrieron a presentar proyectos de Ley en la legislatura contra la prohibición y cayeron en un sin fin de análisis extemporáneos, adscribiendo esta medida a un retorno a la Edad media y a la Inquisición.
Lejos de reduccionismos anacrónicos hay que señalar claramente que el lenguaje es un producto histórico, en constante transformación y movimiento. No se puede imponer o prohibir por la fuerza. No puede ser prescripto por voluntad de conservadores ni de progresistas ni de una izquierda posmoderna ni de nadie.
Lejos de una resolución leguleya artificial, este ataque totalmente repudiable del larretismo en el marco del ataque general que está desplegando el gobierno de la Ciudad sobre la educación pública impone la necesidad de desarrollar la más amplia deliberación en las escuelas porteñas, para delinear un plan de lucha que, por medio de la huelga general, permita torcerle el brazo a un gobierno que no se inmuta por proyectos de Ley. Cuando nos saquemos de encima a los Larretas, las Acuñas y los Fernández y a todo este régimen social de explotación y opresión en derrumbe, se abrirán posibilidades de lenguaje hasta ahora desconocidas por la humanidad y se retomará la posibilidad de superación y planificación por medio de la educación, abriéndose al mismo tiempo una perspectiva humana que erradique de raíz la violencia sobre la mujer, sobre las minorías sexuales y sobre los trabajadores en general.
Ana Belinco
13/06/2022
No hay comentarios.:
Publicar un comentario