El fallo marca un hito al dar por acreditada la existencia de los vuelos de la muerte.
El 4 de julio se produjo un hecho histórico en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín condenó a prisión perpetua a cuatro acusados de perpetrar los “vuelos de la muerte” que partían de Campo de Mayo, durante la última dictadura militar, con los cautivos de la Esma, los cuales eran arrojados vivos al mar desde los aviones de la Marina. El fallo da por acreditada la existencia de los vuelos de la muerte como mecanismo de exterminio instrumentado por el Ejército durante la dictadura. La condena recayó sobre el exjefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros; el excomandante del batallón Luis del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza, y el exoficial de operaciones de esa dependencia, Eduardo María Lance. Los acusados fueron hallados responsables por delitos de allanamientos ilegales, privación ilegal de la libertad, tormentos agravados y homicidios agravados sobre cuatro víctimas.
A su vez, se esgrimió una resolución que le exige a Clarín rectificar una nota de 1977, donde el diario afirmaba que dos niños se encontraban perdidos y titulaba “Buscan a familiares de dos niños abandonados”, encubriendo que en realidad fueron víctimas del terrorismo de Estado y sus padres secuestrados y desaparecidos. El fallo de los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini ordenó además verificar el estado de salud de los acusados, que hoy están bajo prisión domiciliaria, a raíz del pedido de la fiscalía para que cumplan su condena tras las rejas.
Esta no es la primera vez que hay condenas por los vuelos de la muerte. Ya en 2017, luego de la denodada lucha de las organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas, la justicia había dictado condenas por arrojar vivos al mar a los prisioneros de centros clandestinos de la Esma en un proceso oral que demandó cinco años, el desfile de casi 800 testigos y la condena de 29 acusados, encabezados por Alfredo Astiz y Jorge “el Tigre” Acosta. El encubrimiento de los genocidas, por parte de todos los gobiernos, hizo que los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura comenzaran a desarrollarse a treinta años de los hechos, a cuenta gotas y con muchos de los represores en condición de octogenarios. A su vez, para consagrar la impunidad, en el caso de los “vuelos de la muerte” muchos de los certificados de defunción de las víctimas consignaban como causa de muerte una fractura de cráneo o traumatismo, algo que debería haber sido investigado pero que se archivó, o directamente se desconocía la causa de la muerte por el avance en la descomposición de los cuerpos.
Al día de hoy solo han sido condenadas 1.058 personas por crímenes de lesa humanidad sobre un total estimado de 500 centros clandestinos de detención, un promedio de dos represores por lugar. De los 764 represores que actualmente están presos, 579 gozan de arresto domiciliario, por lo que solo 118 genocidas están en cárcel común y 67 bajo otras formas de detención, según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Las condenas firmes contra los genocidas suman apenas medio centenar y las cumplen en sus casas o en condiciones de privilegio, comparadas con el resto de la población carcelaria e incluso cientos de investigados murieron durante el proceso judicial, sin llegar siquiera a ser condenados. En este sentido, la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy quiebra una vez más la política de encubrimiento que el Estado y sus instituciones buscan perpetuar hasta el día de hoy.
La clase capitalista que promovió el golpe y colaboró en la desaparición de activistas obreros sigue moviendo los hilos del país bajo la democracia, los juicios a empresarios se cuentan con los dedos de la mano y se desarrollan con extraordinaria lentitud, como en el caso del dueño del ingenio Ledesma, Carlos Blaquier; también se reflota la teoría de los dos demonios para absolver a genocidas condenados a perpetua por crímenes de lesa humanidad contra grupos guerrilleros, como es el caso de José Carlos Sánchez, al mismo tiempo que se les siguen concediendo beneficios como domiciliarias o salidas transitorias. Seguiremos luchando y exigiendo justicia por las y los 30.000 detenidos desaparecidos y el castigo a todos los culpables con cárcel común y efectiva.
Camila García
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