Vialidad: “últimas palabras” de Cristina Kirchner

Las “últimas palabras” de Cristina Kirchner antes del fallo del tribunal oral que está previsto previsto para el 6 de diciembre próximo, aludieron, de nuevo, a una condena escrita de antemano, y a la calificación del tribunal como “un pelotón de fusilamiento”. Con esto la Vice hizo referencia al atentado que sufrió el 1 de septiembre y a un titular de Clarín que asociaba “la bala que no salió” con “el fallo que sí saldrá”. Cristina se encuentra imputada por los delitos de defraudación al Estado por las obras públicas otorgadas a Lázaro Báez y por asociación ilícita agravada, que se valió del aparato estatal para delinquir. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron para ella 12 años de prisión y otro conjunto de penas para el resto de los acusados, -Lázaro Báez, Julio De Vido y funcionarios de Vialidad Nacional y Vialidad Santa Cruz.

 El de Vialidad es uno de los casos de corrupción que se tramitan en tribunales. Hay otros, en especial el de los Cuadernos, que exponen una red de coimas pagadas por empresas de la construcción al kirchnerismo, que cobrara Roberto Barata, ex funcionario de Obras Públicas. Los delitos de estas características acosan a los Kirchner desde cuando Roberto Lavagna, ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, renunció en alusión a la corrupción en la obra pública. 

 En el aspecto político de su defensa, la vicepresidenta reivindicó lo que llamó el “desendeudamiento” producido bajo su presidencia, el acuerdo YPF-Chevron, la estatización parcial de YPF-Repsol y una mayor participación de los salarios durante su gestión. Estos cuatro puntos, al menos, constituyen otros tantos delitos políticos o penales, porque el “desendeudamiento” fue obligar a Anses, Pami, Banco Central y Nación a comprar títulos públicos para pagar deuda privada; el acuerdo con Chevron sigue siendo secreto, con el aval de la Corte Suprema, para que YPF le remitiera utilidades a un fondo ‘off shore’. La estatización de YPF-Repsol consistió primero en imponer el ingreso del grupo kirchnerista Eskenazi a Repsol, para nacionalizar en parte a la española por ocho mil millones de dólares, maniobra que derivó en un juicio en los tribunales de Nueva York. En cuanto a los trabajadores, crecieron los índices de pobreza, en una economía en crecimiento, mientras que las subas de salarios no han sido dádivas del Estado sino consecuencia de la lucha. La vicepresidenta falsificó la historia reciente sin que se le moviera una pestaña. Esto fue interpretado por sus seguidores cercanos y alcahuetes, como una ratificación de su liderazgo.

 Es cierto, de todos modos, que la sentencia, como el juicio, será política, porque la independencia del Poder Judicial es una falacia, aunque el film “1985” pretenda mostrar lo contrario. Aceptar, en aquel momento, la autoamnistía de las Juntas, luego de la capitulación en Malvinas, fue caracterizada en el país y en el exterior como una necesidad absoluta del Estado pos dictadura. El Poder Judicial aprovechó ese juicio para amnistiarse a sí mismo. 

 Que la sentencia está escrita de antemano es una verdad a medias, salvo la tropa judicial del kirchnerismo, no se conoce un cuestionamiento a la acusación de defraudación del Estado. Pero en otro sentido, salvo para la tropa macrista, hay fuertes cuestionamientos al cargo de asociación ilícita, en el entendimiento de que es algo incompatible con un gobierno constitucional. Si el tribunal absuelve a Cristina de esta última figura, lo que se verá enseguida es una andanada de apelaciones contradictorias, del kirchnerismo contra la defraudación y del macrismo contra la exoneración de la asociación para delinquir. La controversia sería dirimida a través de enormes dilaciones, mientras CFK contará con la protección de los fueros. Sin sentencia firme y sin la asociación ilícita, habrá caído la condena que la pretende privar del derecho a ocupar cargos públicos. 

 Las características del fallo del tribunal medirán la consistencia de los acuerdos que han ido alcanzando kirchneristas y macristas, ante el pedido de un gobierno de coalición del embajador norteamericano y el respaldo del FMI al ´plan aguante´ de Massa. Un nuevo default de Argentina, esta vez por dos veces y media más que en 2001, y con una deuda en pesos dolarizada e indexada, desataría lo que el viceministro de Economía describió, modestamente, como un ‘rodrigazo’. Oscurecido para la opinión pública y para los trabajadores, crece la corriente de cagatintas del Poder Judicial que considera que la estabilidad monetaria es judiciable y tiene alcance constitucional. Otra corriente, en este caso de alcance internacional, entiende que el Poder Judicial debe asumir un papel de “moderador” de la política, en el marco de una crisis de régimen político generalizado. La supervisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos se hará sentir fuertemente en estos procesos judiciales. La posibilidad de una condena ya persuadió a CFK a dar el completo apoyo SM. 

 Como ya han destacado muchos, la Vice exhaló las últimas palabras como si fuera jefa de la oposición. Contrapuso lo que ocurre bajo su cogobierno actual con lo que entiende que ocurría bajo su gobierno pasado. Esta conducta no rescata las perspectivas ‘nacionales y populares’, sino que acepta el entierro de ellas por parte de los ‘nac & pop’. Las últimas palabras no fueron la convocatoria a un nuevo inicio sino un responso ante la sepultura aún abierta. La burocracia de algunos sindicatos propone movilizaciones contra un fallo adverso, que no han hecho para defender a los trabajadores de la política del gobierno de su lidereza.

 Fede Fernández 

 01/12/2022