jueves, julio 06, 2023

Morales reivindica´el Código Penal en la mano´, mientras sigue la huelga docente y se discute convocar a una Asamblea Popular


Este martes, en una conferencia de prensa de la que participaron el fiscal del Estado Miguel Rivas, el ministro de seguridad Guillermo Corro y el procurador Sebastian Albesa, se brindaron detalles del ‘armamento juridico’ que el Estado piensa volcar contra manifestantes, luchadores e inclusive la población en general.
 En la conferencia se anunciaron como querellantes en todas las causas abiertas, tanto penales como contravencionales, y adelantaron pedirán las máximas prevista en los códigos. 
 Dentro del arsenal, se encuentran los delitos de estrago doloso agravado, daños a bienes de uso público, atentado a la autoridad agravado, resistencia a la autoridad, lesiones leves doblemente agravadas, estorbo funcional, privación ilegitima de la libertad agravada, intento de homicidio e incluso sedición.Esto último fue ocurrencia del diputado, ahora candidato de Juntos por el Cambio, Jose Luis Espert, quien ha pedido el desafuero de los diputados nacionales del FITU. 
 Según el informe ya habría más de 100 expedientes, 150 personas imputadas, y 5 de ellas sentenciadas con multas que pueden llegar a los 2 millones de pesos. El pedido es que los procesados penalmente sean enviados a prisión preventiva, se embargue a los multados. 
 El informe asegura que las movilizaciones de trabajadores, especialmente docentes, las medidas de fuerza de las comunidades originarias y demás acciones fueron hechos “planificados e ilícitos”. por parte de organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y diferentes referentes. 
 A pesar de esta ofensiva judicial, el sindicato docente, ADEP, sigue con paro por tiempo indeterminado. El gobierno ha anunciado que descontará todos los días de paro. Los cortes de rutta siguen, entre 11 y 15 diarios. Las marchas de antorchas a la Casa de Gobierno y en el interior de la provincia e mantienen activas, así como las permanencias a la vera de la ruta y accesos a los pueblos. 
 A partir de la comuna de Humahuaca, se ha generalizado el planteo de exigir a los ediles que voten declaración de rechazo a la reforma Constitucional. Esto cobrado auge en toda la Puna y Quebrada: en Uquia, Abra Pampa, La Quiaca, Tilcara, MAimara, Puesto del Marques y otros pueblos. Si bien el planteo parte un sector del peronismo, es impulsado por la los vecinos Lo votan ediles del PJ y en algunos casos de la UCR, los dos partidos que votaron la reforma. 

 Cerrando filas 

Sergio Massa no ha abierto la boca sobre los sucesos, en tanto está asociado al negocio del litio. 
 El bloque de concejales de Frente Cambia Jujuy plantea que “si algún ciudadano considera que la constitución vulnera sus derechos, es la justicia y no los concejos deliberantes quien debe determinarlo” (sic). 
 El gobierno ya se había constituído querellante en otras causas y en el caso de Milagro Sala. La otra cara de esta ofensiva judicial ha sido la cooptación de prácticamente toda la estructura de la vieja Tupac Amaru y sus principales referente y cabecillas. 
 La nueva avanzada represiva de Morales se produce luego del fracaso en desactivar los cortes y medidas de fuerza. En las últimas horas se viene impulsando una Asamblea Popular en la Provincia. Depende del método, del programa y de la dirección puede convertirse en otro chaleco de fuerza desviacionista de la rebelión popular, o en un foco de poder alternativo de los trabajadores. Para eso debe despegarse de la burocracia sindical y del llamado a que ésta convoque a un paro, y preparar, en cambio, una huelga general mediante la propaganda, la agitación y las acciones de lucha.

 Iñaki Aldasoro 
 05/07/2023

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