El premio Nobel de Economía le correspondió esta vez a Oliver Williamson, un defensor 'académico' de las bondades de la gran corporación capitalista. Williamson se enrola en el llamado "nuevo institucionalismo", una de las "escuelas económicas" que proliferaron en el mundo académico del siglo XX, pretendiendo superar el llamado pensamiento "neoclásico". Surgido como reacción al marxismo, empeñado en demostrar la tendencia "óptima" de la economía a autorregularse por medio del mercado y mediante la libre competencia.
Esto en el momento en que el mercado de libre competencia era sustituido por enormes monopolios respaldados por sus respectivos Estados capitalistas.
Thorsten Veblen, el fundador de la escuela "institucionalista" puso justamente de relieve la emergencia de la gran corporación capitalista y criticó su influencia sobre el Estado y el conjunto de las instituciones del régimen político. El punto de vista "institucional" sería retomado varias décadas después, pero ahora en un completo giro, en abierta apología de los monopolios. Será el "nuevo institucionalismo" de Ronald Coase y su discípulo, Oliver Williamson, y su funcionamiento del mercado. Las transacciones mercantiles, plantearon, presentarían un carácter incierto y caótico. La oferta y la demanda no se interconectan solas -señalan los nuevos institucionalistas- sino a través de un costoso juego que exige búsqueda de información, negociaciones, regateos. El "uso del mercado" implicaría, así, un costo para el conjunto de la sociedad ("costo de transacción").
La crítica de Coase-Williamson de la regulación mercantil apuntó a demostrar la superioridad de la gran corporación, que organiza sus intercambios interiores como parte de actos deliberados de su gerencia. Los planteos de los institucionalistas modernos sirvieron de soporte teórico al rechazo del arbitraje estatal sobre monopolios (leyes antitrust). En los juicios o impugnaciones contra los grandes holdings, los argumentos de la organización y la eficiencia empresarial eran presentados en defensa de la gran corporación monopolista.
El "nuevo institucionalismo" resalta el significado de los derechos de propiedad en la organización económica, o sea, de "las leyes e instituciones que deben asegurar su vigencia".
Cuando las conquistas del conocimiento humano aseguran la reproducción indefinida y virtualmente sin costo, de sistemas de información, moléculas o semillas modificadas, recursos que son cada vez menos "apropiables" desde el punto de vista privado. Bajo esas condiciones, el derecho del capital a la apropiación de trabajo ajeno sólo puede defenderse con recursos extraeconómicos o "institucionales", como por ejemplo, las patentes, las regalías o las licencias exclusivas. La escuela de Coase, Williamson y North ha justificado el derecho de propiedad sobre el conocimiento, que usufructúan las grandes corporaciones a costa de toda la sociedad.
Integración y "des-integración" industrial
La gran premisa de los neoinstitucionalistas, un "orden industrial y organizativo superior", bajo la éjida de los monopolios, ha sido desmentida por la economía capitalista en declinación. Sin embargo, en las últimas décadas la gran industria ha caminado en sentido contrario al de la "gran integración" prevista por Williamson. Las crisis capitalistas, cada vez más graves y recurrentes, han obligado a la gran corporación a producir "al día", y a descentralizar procesos en una red cada vez más vasta de firmas tercerizadas y subcontratadas. En sus "transacciones mercantiles" con todas ellas, la gran corporación se apropia de buena parte del trabajo humano generado en esa nueva generación de "pequeñas y medianas empresas", donde prolifera el trabajo flexibilizado y precario. La necesidad de contrarrestar la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, que empuja al capital a la sobreexplotación, se impuso a la gran organización y a sus teóricos. Como muchos otros economistas, Williamson ha recibido el Nobel cuando sus premisas han sido derribadas por el mismo régimen social que procuró defender.
La gran corporación integrada, con sus conquistas técnicas y científicas, es un indicio de la superioridad de una economía autogobernada por sus productores, en oposición a la anarquía de la "regulación" mercantil. Sin quererlo, el "neoinstitucionalismo" lo ha dejado entrever. Pero la planificación consciente de la producción social no es una determinación técnica u organizativa: choca, inevitablemente, con las relaciones sociales capitalistas. Hace ya un siglo y medio que la "economía académica", con su diáspora de teorías y escuelas, trabaja sin descanso contra esa conclusión revolucionaria.
Marcelo Ramal
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