Con cerca de la mitad de los votos escrutados este lunes, el sí a la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado apenas pasó al 41 por ciento de los sufragios, lo que significa un duro golpe para los sectores que lo impulsaron; sin embargo, sus promotores han indicado que seguirán en la lucha para lograr justicia en los casos de la dictadura uruguaya.
El plebiscito para demandar la anulación de la Ley de Caducidad no logró los votos suficientes en la consulta celebrada este domingo en Uruguay a la par de las elecciones generales, de acuerdo con la mayoría de los resultados que se conocieron al finalizar la jornada electoral y lo reconocido por la coordinadora impulsora del referendo.
Con cerca de la mitad de los votos escrutados este lunes, el sí a la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado apenas pasó al 41 por ciento de los sufragios, siendo necesario el apoyo de más del 50 por ciento para haber sacado adelante las dos reformas planteadas.
Esto significa un duro golpe para los sectores que lo impulsaron, ya que en los primeros resultados a boca de urna se habló de un triunfo de la propuesta, lo que incluso fue recogido en diversos lugares del mundo.
Luis Puig, portavoz de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad admitió este fracaso, a pesar de que en un primer momento los datos apuntados por encuestadoras a pie de urna parecían otorgar el triunfo del sí al fin de la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidos por policías y militares al servicio de la dictadura (1973-1985).
Esta organización sindical fue la principal impulsora de la reunión de las 255 mil firmas necesarias para convocar el plebiscito de manera simultánea a las elecciones nacionales y a la consulta popular sobre la habilitación del voto por correo, que también fracasó, con apenas 38 por ciento de apoyo.
Ante esta situación, diversas organizaciones de derechos humanos ratificaron que continuarán su lucha por la justicia, que en los últimos años tuvo algunos avances importantes, dentro de las restricciones que aseguraron impunidad para los responsables de delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.
Anunciaron además que entre otras iniciativas promoverán que se unan las causas, y que finalmente haya un juicio oral y público contra los más de 400 responsables de estos delitos que no prescriben, y que ya están identificados en Uruguay.
Por otra parte, tampoco logró respaldo suficiente el otro plebiscito sobre una ley de voto epistolar que permitiría votar por correo a más de medio millón de uruguayos que viven fuera del país. Éstos eran los temas claves que sobrevolaban los comicios presidenciales uruguayos.
Ambas demandas fueron fruto de una larga lucha de los sobrevivientes de la pasada dictadura militar, que entre 1973 y 1985 llevó a la cárcel y tortura a miles de uruguayos, varios de los cuales murieron, y que dejó de saldo unos 200 desaparecidos, la mayoría de ellos en Argentina, donde se habían refugiado. Pero también por el derecho de los miles que emigraron del país por persecución política de la dictadura o razones económicas.
El fracaso de los dos plebiscitos también fue reconocido por el candidato a la Presidencia de Uruguay del gobernante Frente Amplio, José Mujica, quien resultó ser el más votado, aunque tendrá que que acudir a una segunda vuelta para dirimir quién será el nuevo presidente de Uruguay con el candidato opositor, el ex presidente Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional.
"Los plebiscitos quedaron opacados por las discusiones de carácter político. Yo no era partidario de ponerlos juntos y creo que ésa ha sido la causa fundamental", dijo Mujica en rueda de prensa al conocerse los sondeos a pie de urna.
No obstante, las espadas siguen en alto, pues las organizaciones que forman parte de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad ya han dejado claro que tratarán de sacar del amparo de la norma cuantos casos puedan.
Para ello recurrirán a la jurisprudencia sentada el pasado lunes por la Suprema Corte de Justicia al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en tres de sus artículos para el caso concreto del asesinato de una joven comunista en tiempos de la dictadura.
Además, la Ley de Caducidad no ampara a las desapariciones y muertes violentas que llevaron a cabo los esbirros de la dictadura uruguaya en otros países, situación que llevó también esta semana a la condena a 25 años del ex dictador uruguayo Gregorio "Goyo" Alvarez.
En apoyo a la postura de los uruguayos sobre el plebiscito de la Ley de Caducidad, el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti afirmó este lunes que "la decisión es trascendente y supone respaldo muy fuerte al cambio en paz aprobado tras la salida de la dictadura".
Para el actual senador, que fue dos veces presidente de Uruguay entre 1985-1990 y 1995-2000, "veinte años después los uruguayos reafirman que el país mira al futuro y no los fantasmas del pasado".
Las organizaciones promotoras de la nulidad de la Ley de Caducidad expresaron este lunes que falta ahondar el trabajo y, especialmente, enfrentar la campaña de algunos de los grandes medios de comunicación y de dirigentes como el propio ex presidente y ahora nuevamente candidato a la jefatura de Estado Luis Alberto Lacalle, que en los últimos días hizo referencia a la existencia de una mínima cantidad de desaparecidos.
Los grandes medios no acompañaron este esfuerzo humanitario como esperaban los familiares de las víctimas, que esta noche advirtieron que "nunca bajarán los brazos y que la justicia llegará, sin duda, al país".
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