El padre de la reina

En abril del 2001 publiqué una nota en Página/12 sobre el papá de la próxima reina Máxima de Holanda, titulada “Las diez verdades de Zorreguieta”. Allí desmentía uno a uno todos los embustes que el antiguo Secretario de Agricultura de la dictadura militar había dirigido a los parlamentarios holandeses, en un vano intento para que lo considerasen un demócrata y no el alto funcionario de la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.
La reproduzco tal cual. No hace falta cambiarle una coma. Por suerte los parlamentarios holandeses que consideraron “inconveniente” la presencia de Jorge Zorreguieta en el casamiento de su hija con el príncipe Guillermo de Orange, siguen pensando que no debe aparecer en la ceremonia de coronación, en abril próximo.
Esta es la historia de la “reina argentina” que todos los medios (K y antiK) celebran, como un cuento de hadas para tarados.

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LAS MENTIRAS Y FALSEDADES DEL PADRE DE LA FUTURA PRINCESA MÁXIMA DE HOLANDA

Las 10 verdades de Zorreguieta

Ante la prohibición de los reyes holandeses de que aparezca
por el casamiento del príncipe Guillermo con su hija Máxima, Zorreguieta publicó una carta con 10 “verdades” que lo justificarían. El ex funcionario de la dictadura miente y defiende a sus patrones.
Según Zorreguieta, hasta los sindicatos peronistas estaban a favor del golpe militar. Aprovechando que los holandeses no pueden conocer nuestra política, edulcora la historia.

Por Miguel Bonasso. (Página/12, abril de 2001)

Jorge Zorreguieta, el virtual consuegro de la reina Beatriz de Holanda, dirigió ayer un mensaje de diez puntos “al pueblo de los Países Bajos”, para “esclarecer su participación en el gobierno militar desde abril de 1976 hasta marzo de 1981”, donde miente descaradamente desde la primera hasta la última línea y no puede evitar que el inconsciente –sometido a la contundencia de los hechos– lo traicione. El “decálogo” de Zorreguieta se publicó íntegro en la página 2 del diario La Nación, adonde también se dio a conocer recientemente una carta del genocida Jorge Rafael Videla, en la que el personaje intentaba desmentir las declaraciones que se reproducen en El Dictador, el riguroso trabajo de María Seoane y Vicente Muleiro.
Zorreguieta, hombre ligado históricamente a José Alfredo Martínez de Hoz y a la Sociedad Rural Argentina, se aprovecha de la supuesta ignorancia política de los holandeses respecto de la historia de nuestro país, para ofrecerles en comunión una hostia de granito. Olvida que en ocasión del Mundial de Fútbol de 1978, cuando él era alto funcionario de la dictadura militar, los integrantes de la selección holandesa de fútbol tuvieron el coraje de entrevistarse con las Madres de Plaza de Mayo.
Ya en la introducción, donde explica las razones que lo llevaron a “guardar silencio” hasta este momento, adultera los hechos reales al llamar “gobierno militar” a lo que fue –según criterio de la comunidad internacional– una dictadura genocida y terrorista.
En el punto 1 describe “la situación de caos económico, social y político” que imperaba durante el gobierno de Isabel Perón y sostiene que “hubo coincidencia en los partidos políticos, sindicatos obreros, entidades empresarias y la opinión pública en general para que las Fuerzas Armadas pusieran orden en el país y así poder llegar a una democracia estable y pacífica”. Omitir es mentir. Zorreguieta omite en primer lugar que el pésimo gobierno de la viuda de Perón estaba a pocos meses de su conclusión y que podía haber sido reemplazado a través de elecciones.
Con ostensible mala fe, habla de “sindicatos obreros” progolpistas y no dice nada acerca de la intervención en la CGT y en todos los gremios, el encarcelamiento y aun el secuestro de dirigentes sindicales y el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de delegados de base. Empezando por los de la fábrica Acindar, de su jefe y amigo Martínez de Hoz.
También ha olvidado que la inmensa mayoría de los dirigentes justicialistas fueron a los buques-cárceles y a las prisiones; que se suspendió sine die el accionar de los partidos políticos y que la “opinión pública” no pudo expresarse debido a la férrea censura de prensa establecida por el régimen. Algo más sincero es cuando habla del apoyo a los militares de ciertas “entidades empresarias”, como el Consejo Empresario Argentino y la Sociedad Rural, que comenzaron a conspirar contra el gobierno constitucional en fecha tan temprana como julio de 1975, en las célebres reuniones a las que convocaba el abogado-empresario Jaime “Jacques” Perriaux, a las que ya hemos aludido en otras ocasiones. Conspiración que ubica a todo ese sector del empresariado al que pertenece Zorreguieta en la categoría de asociación ilícita.
El empecinamiento de la Sociedad Rural a favor del Proceso de Reorganización Nacional fue tan persistente y orgánico que en marzo de 1981, cuando ya nadie podía ignorar los estragos de la dictadura en materia de violaciones a los derechos humanos, publicó una solicitada celebrando la derrota de “el enemigo de la nacionalidad”, advirtiendo sin embargo que la sacrosanta lucha “contra el comunismo” seguía fuera de las fronteras argentinas y la sociedad debía estar alerta ante un posible rebrote subversivo. La solicitada de marras y el punto uno del descargo actual de Zorreguieta guardan una correspondencia total con aquel texto, aunque ahora el hombre de la Rural es más escueto y no usa antigüedades como “la lucha contra el comunismo”.
En el punto 2, el inminente familiar político de la Casa de Orange justifica su acceso a la dictadura militar, como un derivado de su vocación ruralista y del estado de “desintegración nacional” imperante. “No podía negar en abril de 1976 mi colaboración como subsecretario de Agricultura y luego, a partir de 1979, como secretario.” Una supuesta conducta salvacionista que se compadece mal con su histórico papel de lobbista, que persiste en sus actuales actividades como responsable del Centro Azucarero, detrás del cual asoma el ingenio Ledesma y la familia Blaquier, lo suficientemente poderosa como para lograr que el dulce producto sea protegido en los acuerdos del Mercosur de la segura competencia brasileña.
En el mismo punto, Zorreguieta levanta la eterna justificación de todos los civiles que promovieron el golpe y fueron sus funcionarios de cuello y corbata: era un cargo “técnico”, aparentemente ajeno a los avatares de la represión. Es como si un secretario de estado de Hitler dijera: yo era un técnico, no tenía nada que ver con los hornos crematorios de Auschwitz.
En el punto 3 sostiene que el ofrecimiento del cargo en 1976 está muy relacionado con las posiciones que ocupó en diversas entidades agrarias. Y vuelve a omitir hasta qué punto esas entidades estuvieron orgánicamente vinculadas con los militares en la preparación y sostenimiento de un golpe que tenía un indudable objetivo de clase: desindustrializar el país; transferir dramáticamente la renta hacia los sectores de mayores ingresos; pulverizar el estado de bienestar creado por el primer peronismo en 1945.
El país miserable que hoy tenemos fue diseñado por esos hombres al servicio de la oligarquía terrateniente y el capital financiero nacional e internacional.
En el punto 4, Zorreguieta se convierte inesperadamente en historiador y recuerda que “a partir de 1969 (en la insurrección del Cordobazo que no nombra) se desarrolló en forma creciente la acción subversiva” del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros. Allí la falla de omisión se hace aún más notoria: la “acción subversiva” empezó con el bombardeo de Plaza de Mayo en 1955, que Zorreguieta y Martínez de Hoz aplaudieron; con la dictadura de Aramburu y Rojas y los golpes militares sucesivos de los que Martínez de Hoz y Zorreguieta fueron altos funcionarios. Entre ellas las de los generales Juan Carlos Onganía y Alejandro Lanusse (1966-1971).
Remata el inciso con un argumento clásico de los militares genocidas: “La lucha contra la subversión por parte de las Fuerzas Armadas comenzó antes de 1976 por orden de la presidente constitucional Isabel Perón”. La misma del desastre al que se alude en el punto inicial para explicar el golpe del 24 de marzo. Sólo que aquí se la llama respetuosamente “presidente constitucional” porque sirve para justificar el accionar clandestino contra la guerrilla que tácitamente Zorreguieta sigue respaldando. Ahora bien, si una de las causas principales del golpe fue la lucha contra la subversión y esta lucha ya había empezado durante el mandato de Isabel ¿por qué la derrocaron? ¿No sería para imponer la famosa tablita cambiaria que promovió veloces fortunas?
“En la secretaría de Agricultura no se tuvo conocimiento de la represión que se llevó a cabo”, dice el papá de la futura reina de Holanda en el punto 5. Página/12 recordó ayer que el 29 de marzo de 1976, cinco días después del golpe, “los tanques del Ejército entraron en la sede del INTA –Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria– de Castelar, un organismo dependiente de la secretaría de Agricultura, y que luego hubo secuestros y desapariciones en varias de sus delegaciones”. Pero Zorreguieta no se enteró de los tanques que ingresaron en un predio bajo su surpervisión o pensó, quizás, que estaban filmando una película. Apelando directamente a la ignorancia de sus destinatarios, afirma que no conocía las características de la represión, porque “eran grupos militares independientes que actuaban contra células guerrilleras también independientes”. Olvida que en el Nunca más, en el Juicio a las Juntas, en centenares de publicaciones y aun en juicios penales en sedes judiciales europeas, como el que sustancia Baltasar Garzón en España, se ha probado hasta la saciedad que los supuestos “grupos militares independientes” dependían orgánicamente de los jefes de cuerpo y respondían a un plan orgánico de exterminio redactado personalmente por un compañero de gobierno de Zorreguieta, el general Roberto Viola.
En ese mismo punto sostiene que en sus frecuentes viajes al exterior entre 1977 y 1979 no se le hizo “ningún reclamo ni mención sobre violación de derechos humanos en la Argentina”. Aquí la mentira se torna burda, grosera. En 1978, gracias al Mundial de Fútbol, la prensa mundial dedicó amplios espacios a los campos de concentración en Argentina. Y recordó que uno de los más temibles, la ESMA, estaba a pocos metros del Estadio de River Plate, sede de la inauguración y la clausura de la Copa. En 1979, la dictadura militar argentina tenía serios problemas con el gobierno del presidente norteamericano James Carter a causa de las graves violaciones a los derechos humanos reportadas por el propio embajador estadounidense Raúl Castro y por la funcionaria a cargo del sector en el Departamento de Estado, Patricia Derian. Por si fuera poco, hubo una intensa presión pública en Estados Unidos para lograr la libertad del periodista Jacobo Timerman. Y reiterados pedidos de México para que le otorgaran un salvoconducto al ex presidente Héctor Cámpora, a quien se había obligado a permanecer refugiado dentro de la embajada mexicana en Buenos Aires durante tres años. Todas estas violaciones a los derechos humanos fueron prolijamente registradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que visitó el país entre el 3 y el 20 de setiembre de 1979. Zorreguieta debía andar cazando liebres en su campo de Pergamino, cuando se formaron largas filas de familiares para efectuar aquellas históricas primeras denuncias ante un importante organismo internacional.
“A partir de 1984 se conocieron los excesos cometidos durante la represión”, dice Zorreguieta en el siguiente punto. Con lo cual miente dos veces. La primera porque ya sabemos que era imposible desconocer ciertos hechos aberrantes perpetrados desde el poder del Estado en años anteriores. Incluso en algunas publicaciones locales, como el Buenos Aires Herald y La Opinión (antes de que fuera ilegalmente intervenida) se publicaron algunas denuncias sueltas sobre secuestros y presentación de hábeas corpus. Las Madres de Plaza de Mayo, a quien Zorreguieta consideraría seguramente “locas”, daban vueltas a la Plaza de Mayo desde 1977. En segundo lugar porque no hubo “excesos de la represión”, sino efectos deseados y logrados por los jefes militares, cuando concibieron el plan de operaciones. Así quedó demostrado de manera judicial en el Juicio a las Juntas de 1985.
Tardíamente, lo que sugiere un repulsivo oportunismo, Zorreguieta siente un “gran dolor” por esos “excesos” del gobierno que integró como secretario de Estado. Pero en el siguiente inciso puede relajarse afirmando que “en todos los años transcurridos desde entonces he participado en la vida democrática de mi país”. Allí no miente, pero vuelve a escamotear un dato central: la democracia argentina es tan corta de vista que permitió al carnicero Bussi ser gobernador constitucional de Tucumán. “Creo en la democracia y en los derechos del hombre, principios en los que he educado a mis hijos”, sostiene el lobbista azucarero en el punto 8. Declaración que no se compadece con su práctica histórica comofuncionario de tres dictaduras militares. En el 9 reivindica una “buena fe” que esta declaración desmiente fervorosamente.
En el punto 10, el que le interesa a la Casa de Orange, dice que hubiera sido lindo estar en la boda de su hija Máxima con el príncipe Guillermo, pero no lo hará para evitar que las “controversias” que pudiera suscitar su presencia pudieran tener “un impacto negativo en el rol y la posición futura” de su hija “como miembro de la Casa Real de los Países Bajos”. Con lo que presenta una razón de estado que le ha sido impuesta como si fuera el gesto magnánimo de un padre noble y amoroso. Sin embargo, tiene que admitir indirectamente que las aberraciones perpetradas por la clase a la que pertenece y el régimen que integró han calado tan hondo en la comunidad internacional, que al gran caballero de la Rural le está vedado lo que está al alcance del humilde verdulero de la esquina: entrar a la iglesia llevando a la nena del brazo.

La historia secreta del informe
Por Miguel Bonasso

Nadie lo admitirá nunca y mucho menos cuando Máxima Zorreguieta se convierta en princesa de la Casa de Orange y, muy posiblemente, en reina de Holanda. Pero muchos de sus futuros súbditos saben que en la “espontánea” decisión de Jorge Zorreguieta de no asistir a la boda de su hija con el príncipe Guillermo medió una discreta gestión del gobierno holandés para que el ex secretario de Agricultura y Ganadería de la dictadura militar argentina no se hiciera ver por la bella catedral de Amsterdam donde, en febrero próximo, se celebrarán los regios esponsales. Será para no alimentar las críticas que estallaron en los medios políticos progresistas, tan pronto se supo quién era y de dónde procedía el padre de la novia que se había buscado Guillermito en la Feria de Sevilla.
Los bien informados también saben que esa discretísima seña del gobierno que conduce el astuto socialdemócrata Wim Cok se produjo tras el decisivo “Informe Baud”, del que aquí se adelantan en exclusiva algunos fragmentos. El informe, debido al riguroso latinoamericanista holandés Michiel Baud, estará próximamente en las librerías argentinas en una edición del Fondo de Cultura Económica que lleva por título, precisamente, El padre de la novia.
A principios de setiembre del año pasado el ministerio holandés de Asuntos Generales (Interior) se dirigió al profesor Baud para pedirle, con gran reserva, que redactara un informe sobre Jorge Zorreguieta, el alto ejecutivo de la Sociedad Rural que acompañó a José Alfredo Martínez de Hoz en la decisiva cartera agropecuaria. El ministro del Interior había elegido bien: Baud, de 49 años, es profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Amsterdam y desde abril del año pasado conduce el CEDLA, el más importante centro de estudios sobre nuestra región que existe en los Países Bajos. Además es autor de diversos trabajos sobre República Dominicana, el Caribe y la propia Argentina.
El latinoamericanista –a quien el gobierno de su país le garantizó una total “libertad científica”– debía facilitar información sobre los siguientes temas: 1. La vida en la sociedad argentina en el período comprendido entre 1976 y 1983. 2. La organización y los objetivos del gobierno militar argentino en ese período y 3. Los cargos políticos ejercidos por el señor Zorreguieta en el período comprendido entre 1976 y 1983.
“Me pidieron –revela el prestigioso académico– que prestara especial atención a la pregunta de hasta qué punto dentro de la sociedad argentina y más concretamente dentro del gobierno de la época se tenía conocimiento de la envergadura y de la índole represiva de las autoridades militares.” La investigación, confiesa, “tuvo que llevarse a cabo dentro de la mayor confidencialidad posible”, lo que llevó al profesor Baud a tener que desinformar a su propia familia, amigos y colegas, “con pequeñas mentiras sobre el trabajo que estaba realizando”. Trabajo para el cual se sirvió, según él mismo reconoce en los agradecimientos, de una vasta bibliografía argentina, de la bien nutrida biblioteca del CEDLA y del aporte de numerosos colegas.
Aunque la investigación tuvo que hacerse a todo vapor, entre setiembre de 2000 y enero de 2001, el trabajo de Baud –que abarca tanto el contexto histórico y social como el papel específico que jugó Zorreguieta en tiempos del dictador Jorge Rafael Videla– es serio y aporta datos elocuentes que condenan al “padre de la novia”, pero van más allá al confirmar una tesis en la que hemos trabajado algunos analistas de la dictadura militar: el papel central y decisivo que le tocó a la Sociedad Rural y otras instituciones de la oligarquía terrateniente (como la Carbap) en la preparación, sostenimiento y desarrollo del golpe militar más sangriento de nuestra historia.