El 31 de enero, el periódico español El País publicó varios documentos que muestran que altos dirigentes del Partido Popular reciben pagos en efectivo de forma habitual por parte del partido. El dinero procedía de donaciones ilegales de grandes empresas, en particular de los sectores de la construcción y de la seguridad privada.
Este es el último de una serie de escándalos de corrupción que afectan a los partidos políticos en España y que dañan seriamente la reputación de la democracia burguesa en su conjunto. Como tal, no hace más que aumentar la rabia que se ha acumulado entre las masas por la imposición de las medidas de austeridad destinadas a que los trabajadores paguen por la profunda crisis del capitalismo español.
Los documentos publicados por El País, muestran la contabilidad secreta mantenida por el tesorero Luis Bárcenas, y confirman la información previamente publicada por el diario El Mundo, sobre el pago regular de sobresueldos a dirigentes del PP en los ya famosos sobres. Esta información sale a la luz mientras Bárcenas está siendo investigado por fraude fiscal en relación a unas cuentas bancarias secretas en Suiza, donde tenía depositados 22 millones de euros. Para añadir el insulto a la injuria, Bárcenas, un miembro de la dirección del PP de larga trayectoria, que actuó como gerente de finanzas del partido durante 20 años y luego como tesorero por un año, en 2009, logró repatriar parte de este dinero en virtud de una amnistía fiscal ofrecida por el gobierno del PP el pasado mes de marzo. Cuando este último escándalo estalló, la dirección del PP trató de distanciarse de Bárcenas, alegando que ya no juega ningún papel en el partido. Pero pronto se descubrió que aún tenía un despacho en la sede nacional del PP.
La información más reciente publicada por El País acerca de los pagos a los dirigentes del partido involucra al actual presidente Mariano Rajoy, todos los secretarios generales en el período que comprende los documentos (que se remontan a 1997), los vice presidentes del partido durante el mismo período y otros dirigentes destacados, como Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.
La primera reacción de la dirección del PP ha sido negarlo todo y protestar enérgicamente, amenazando a todos aquellos que los "calumnian". Sin embargo, el caso se está desenredando rápidamente. Expertos en grafología han declarado que el documento publicado por El Paíscorresponde con la letra de Luis Bárcenas. El presidente del Senado, García Escudero (PP), también admitió haber recibido un "préstamo" del partido que luego devolvió, siendo supuestamente éste el motivo por el que hay una entrada sobre él en la contabilidad de Bárcenas publicada por El País.
Aún más interesante que los pagos anotados en los documentos, es quizás la procedencia del dinero. Importantes empresarios españoles, incluyendo altos ejecutivos de empresas del índice bursátil IBEX 35 aparecen por haberle pagado cientos de miles de euros al partido. Muchas de estas empresas se beneficiaron de contratos del gobierno a diferentes niveles, en particular en las obras públicas. Los mencionados incluyen a Luís del Rivero, antiguo director general del grupo constructor Sacyr Vallehermoso; el Marqués de Villar Mir, antiguo funcionario del régimen de Franco y propietario del grupo constructor OHL (beneficiario de concesiones de autopistas e involucrado en la construcción de la famosa Ciudad Deportiva Real Madrid), José Mayor Oreja, hermano del dirigente del PP Jaime Mayor Oreja y director ejecutivo del grupo constructor FCC, también muy ligado a las obras públicas y a la construcción de los rascacielos del Real Madrid.
La contabilidad de Bárcenas incluye también pagos al grupo Basta Ya! que luego se convirtió en el partido político UPyD, un partido populista de derecha que se pretende no ser "ni de derechas ni de izquierdas" y preocuparse solo por "la lucha contra la corrupción". También mencionado en los documentos como que receptor de donaciones desde el PP es el portal de internet de extrema derecha Libertad Digital.
Este no es el único escándalo de corrupción en los titulares de los periódicos españoles. Un diputado y dirigente del partido nacionalista burgués catalán CiU, Xavier Crespo, está siendo investigado por acusaciones de que recibió dinero de la mafia rusa cuando era alcalde de Lloret de Mar. Una serie de antiguos funcionarios del gobierno catalán han sido acusados y juzgados por el desvío de fondos de formación para desempleados hacia su propio partido UDC (parte de la coalición CiU). Las personas involucradas en este caso, conocido como “caso Pallerols” por el nombre de uno de sus principales acusados, fueron condenados a penas leves (lo cual significa que no irán a la cárcel) a cambio de devolver el dinero robado, que fue pagado luego por el propio partido. Ninguno de los dirigentes del partido ha dimitido.
Mientras tanto, la investigación sobre el yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, acusa a éste de usar sus vínculos con la casa real para extraer dinero de las instituciones públicas, gobiernos regionales y locales, para su enriquecimiento personal y el de sus socios. El escándalo ha afectado a la monarquía en su conjunto, la cual ha borrado a Urdangarin de su página web oficial. Esto aumenta aún más el creciente cuestionamiento de la monarquía como institución.
No se trata sólo de los escándalos de corrupción y del hecho de que alcanzan a personas e instituciones cada vez más importantes. Lo más sangrante es que éstas son las mismas personas e instituciones que imponen decenas de miles de millones de euros en recortes de austeridad, privatizan la sanidad, destruyen la educación pública, y rescatan a los bancos por valor de decenas de miles de millones de euros... todo bajo el pretexto de que "estamos en el mismo barco", "todos tenemos que hacer sacrificios" y "apretarnos el cinturón".
Mientras a los ricos y poderosos nunca se les pilla, casi nunca se les acusa y, si es así, casi nunca han de cumplir penas de cárcel, otro caso ha sido noticia en los últimos días. Una madre desempleada con dos hijos, que gastó 193 euros en comprar alimentos y pañales para sus hijas con una tarjeta de crédito que se había encontrado en la calle, deberá ir a la cárcel después de haber pagado ya una multa de 900 euros. El contraste es claro y revela que en el capitalismo hay una ley para los ricos y otra para los pobres. [1]
Corrupción: inherente al capitalismo
Que los capitalistas pagaran a un partido capitalista para asegurarse de que iba a gobernar en su interés no debería ser una sorpresa para nadie. Después de todo, éste es siempre el caso, aun cuando no hay pagos ilegales de por medio. Marx y Engels ya explicaron en El Manifiesto Comunista que "el Gobierno del Estado moderno no es más que una Junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.". La corrupción también es inherente al sistema capitalista, un sistema basado en la mercantilización de todas las relaciones humanas. La compra de legisladores y políticos, los poderosos grupos de presión (lobbies) creados con el propósito declarado de conseguir la aprobación de leyes, la anulación de restricciones y en general favorecer a ciertas empresas sobre las demás, son fenómenos muy extendidos en la llamada "democracia" capitalista.
En el caso de España, estas características fueron enormemente exacerbadas por la espiral de especulación y economía de casino que fue una parte importante del enorme auge que precedió a la actual recesión, particularmente en el sector de la construcción. Para poder construir viviendas, una inmobiliaria puede necesitar comprar a algunos concejales o alcaldes para que ciertos terrenos sean recalificados. Para conseguir la adjudicación de concesiones y contratos públicos para la construcción de hospitales, carreteras, aeropuertos, podría ser útil sobornar a ciertos altos cargos del estado. Si una empresa quiere obtener la concesión de una autopista de peaje, o de la gestión de la ITV, le puede favorecer el tener amigos en las altas esferas. O, tal vez el proceso se puede simplificar si los políticos burgueses juntan a algunos amigos y parientes del mundo empresarial para establecer una empresa a medida para conseguir una concesión o contrato que ellos mismos crearán y adjudicarán.
Si se añade a esta mezcla explosiva grandes cantidades de dinero procedentes de operaciones de la mafia de la antigua Unión Soviética y Europa Oriental, que encontraró en la construcción una vía lucrativa para el lavado de dinero, entonces se puede ver cómo la corrupción fue el efecto secundario inevitable y el necesario lubricante de la enorme burbuja inmobiliaria que vimos en España durante casi 15 años.
La combinación de esto flujo constante de escándalos de corrupción (y esto ha estado sucediendo durante años), con la crisis económica (que ya ha destruido 3,5 millones de empleos, llevando el total de desempleados a 6 millones, y una tasa record del 26% y más del 56% entre los jóvenes) y los ataques masivos contra los derechos adquiridos y los servicios públicos, ha creado una situación de descrédito generalizado de todo el edificio de la democracia burguesa y el sistema capitalist
Cambios en la conciencia
Un sondeo de opinión realizado por Metroscopia para El País daba a principios de enero, unas cifras muy elocuentes a este respecto.Un abrumador 97% estaba de acuerdo con la afirmación "la actual crisis está haciendo que muchas personas desconfien cada vez más de nuestras instituciones políticas", mientras que el 96% estaba de acuerdo en que "las consecuencias de la crisis no se están repartiendo de forma proporcional entre todos los sectores sociales, y están afectando mucho más a las personas de clase media o con pocos recursos que al resto". La misma encuesta de opinión reveló que el 73% de los encuestados piensan que España "está al borde de un estallido social a causa del nivel de paro y la pobreza existente."
Otro sondeo de opinión, publicado en julio de 2012 también por Metroscopia / El País, medía el nivel de aprobación de las diferentes instituciones.Los resultados revelaban una profunda desconfianza hacia las principales instituciones de la democracia capitalista: el 88% desaprueba la forma en que bancos y partidos políticos desempeñan sus funciones, el 81% desaprueba el Parlamento en su conjunto, mientras que el 68% y el 65% desaprueba el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional .
La clase dominante está seriamente preocupada por esta situación. Ellos mismos se dan cuenta de cómo la aplicación de las políticas económicas, necesarias para que los trabajadores paguen la crisis del capitalismo, está poniendo a prueba la legitimidad de las instituciones que garantizan el normal funcionamiento de la democracia burguesa. Se ha producido un profundo proceso de politización de millones de personas. No sólo ha habido un cambio en la conciencia, sino también un enorme aumento en la participación en las movilizaciones directas. Según datos oficiales publicados a finales de 2012, el número de manifestaciones en los primeros diez meses de ese año fue 36.000 (sin incluir el País Vasco y con sólo cifras parciales de Cataluña).Esta cifra es casi el doble de las cifras totales de 2011.Millones de personas han tomado parte en acción directa, no sólo en las principales huelgas generales y manifestaciones nacionales convocadas por los sindicatos y los movimientos sociales, sino también en miles de manifestaciones locales contra los recortes y las privatizaciones, contra el cierre de hospitales y bibliotecas, en la acción directa para evitar desahucios, en la ocupación de oficinas bancarias y en otras huelgas y protestas.
Algunos sectores de la clase dominante han comenzado a preguntarse si el Gobierno del PP en su forma actual, desacreditado y desgastado por los recortes y los paquetes de austeridad que se han enfrentado a la oposición masiva, sigue siendo su mejor opción.
Cuando el escándalo de los pagos ilegales en el PP fue revelado por el periódico burgués de derechasEl Mundo, el ABC, también de derechas, y conocido por su defensa leal del gobierno del PP contra viento y marea, publicó una portada con las fotos de los políticos implicados en escándalos de corrupción y un titular a toda página que decía "los españoles dicen basta!". El editorial advertía:
"Se corre, por tanto, el riesgo de fracturar los vínculos esenciales de un régimen democrático, sobre todo el de la legitimidad del sistema. Si los españoles no confían en sus políticos, que sienten que su voto se pierde o mal, y tarde o temprano esta ruptura se llevará a cabo, en la que los extremismos ideológicos y oportunistas en contra del sistema prosperará. "
El ABC pedía una campaña por la "regeneración de la vida política", es decir, para lavar la fachada del edificio de la democracia burguesa, para poder preservar intactas sus estructuras fundamentales.
El último sondeo de opinión de El País en enero, le da al gobernante PP sólo el 29,8% de los votos (perdiendo más de 15 puntos porcentuales desde las elecciones generales de noviembre de 2011), pero el apoyo al PSOE es aún menor con un 23,3% (perdiendo 5,4 puntos desde las elecciones).El principal beneficiario del descrédito de los dos principales partidos es Izquierda Unida, que ahora alcanza el 15,6% en los sondeos (8,7 puntos por encima de su resultado en noviembre de 2011). No sólo el PP experimentó una caída del apoyo de los votantes (de un máximo del 46% inmediatamente después de las elecciones), sino que también el PSOE está sufriendo un declive constante de su base de apoyo.
La imágen del PSOE está manchada por un lado por las contrarreformas que llevó a cabo durante la segunda parte de la legislatura de Zapatero, que precedió a la victoria del PP, y por otro lado por no haberse distinguido en casi nada del gobierno Rajoy. La clase dominante teme que si esta situación continúa, Izquierda Unida va a crecer aún más, canalizando la acumulación de descontento. Según la misma encuesta oppinion de El País, el 84% no confía en el presidente Rajoy, pero el grado de desconfianza hacia el principal dirigente de la "oposición" Rubalcaba es aún mayor, con un 91%.
¿Un gobierno de unidad nacional?
Es en este contexto en el que El País (y El Mundo, unos días antes) han publicado las revelaciones que apuntan directamente a la dirección del PP y al propio presidente. Hace una semana, antes de la publicación de los últimos alegatos, un editorial de El País exhortaba a los dirigentes del PP a hacer frente a las acusaciones de corrupción de una manera rápida y clara. ¿Qué era lo que les preocupaba? Ellos mismos lo explicaron con claridad, "la situación del partido gobernante traba y debilita la posición del Ejecutivo a la hora de ocuparse de la crisis económica, de decidir cómo se paga la deuda soberana, se combate el desempleo o se responde al independentismo catalán." En otras palabras, El País, en representación de algunos de las sectores más clarividentes de la clase dominante española estaba advirtiendo a los dirigentes del PP a que hicieran limpieza, ya que necesitan un gobierno fuerte con legitimidad suficiente para llevar a cabo los ataques necesarios a la clase obrera ("hacer frente a la crisis económica").
En la misma semana que El País publicó este editorial, el dirigente del PSOE Rubalcaba hizo un llamamiento a todos los "factores sociales" para un "gran acuerdo para luchar contra el desempleo", involucrando a todos los partidos políticos, los sindicatos y los empresarios. La propuesta era, básicamente, una leve desaceleración en los objetivos de reducción del déficit, con el fin de convencer a los sindicatos para que acepten las "reformas estructurales necesarias" (léase los ataques a los derechos adquiridos de la clase obrera).
Ayer, 31 de enero, después que El País publicó los documentos de la contabilidad de Bárcenas , el embajador de EE.UU. en España, Alan Solomont, hizo una declaración recomendando un "pacto nacional contra la corrupción", a fin de hacer frente al descrédito "de la clase política y el gobierno "en un momento de una crisis tan grave. Dentro de unos días, Mario Draghi tendrá una reunión a puerta cerrada con los grupos parlamentarios españoles. No se tomarán actas ni grabaciones. Pero sabemos que dirá. Sin duda expresará la ansiedad de la clase dirigente europea con la persistente crisis del capitalismo español y el peligro de una explosión social en un país europeo clave.
La posición de Rubalcaba en respuesta a los documentos publicados por El País también era la de un "estadista responsable". Aunque hizo un llamamiento a Rajoy a responder personalmente y públicamente a la crisis, insistió en las razones por las que eso era necesario: "Es una situación crítica y tenemos que ser conscientes de que con la crisis económica esto es insoportabe.Para poder pedir esfuerzos a su país uno tiene que ser transparente".Por supuesto, lo que le preocupa no es tanto la corrupción per se, sino el impacto que los escándalos de corrupción podrían tener sobre la capacidad del gobierno para aplicar recortes ("pedir sacrificios").
Ante esta situación, la clase dominante está ya calculando cuál es su mejor opción. El gobierno del PP está muy erosionado y se enfrenta a una oposición popular abrumadora, pero el PSOE no está en condiciones de asumir el poder por sí solo. En algún momento puede ser necesario algún tipo de gobierno de crisis, o de unidad nacional o tecnocrático. Un gobierno de ese tipo puede justificarse sobre la base de la lucha contra la corrupción y para tomar las "medidas necesarias" para hacer frente a la crisis. El movimiento obrero tiene que oponerse a una salida de este tipo con uñas y dientes. La experiencia reciente de Grecia y de Italia demuestra que no puede haber ningún tipo de unidad nacional frente a la crisis capitalista, en realidad lo que se está proponiendo es quitar un gobierno desacreditado y sustituirlo por otro que temporalmente podría ganar más apoyo ... para continuar aplicando las mismas medidas anti-obreras. La clase dominante está considerando seriamente sus opciones para tratar de resolver o controlar lo que claramente es una situación muy explosiva.
Todo el edificio de la democracia burguesa, que se construyó en España al final de la oleada revolucionaria de los años 1970 está en crisis. En ese momento los dirigentes de los partidos Socialista y Comunista traicionaron las aspiraciones revolucionarias de las masas llegando a un pacto con los restos tambaleantes del régimen franquista. Aceptaron la monarquía impuesta por Franco y la bandera franquista, abandonaron la defensa del derecho de autodeterminación de las nacionalidades y aceptaron una forma limitada de democracia burguesa. Ese "pacto" se prolongó durante varias décadas, sobre la base del enorme reflujo causado por la desilusión con la traición de la oleada revolucionaria, la elección del gobierno del PSOE en 1982, y más tarde en el auge prolongado, pero poco sólido de los años 1990/2000. La crisis económica ha destruido toda base material para esa estabilidad relativa y ha abierto un profundo cuestionamiento del régimen en su conjunto.
En la tarde - noche del 31 de enero ya había manifestaciones espontáneas frente a las sedes del PP en varias ciudades de todo el país. Los dirigentes de Izquierda Unida correctamente avanzaron la exigencia de la renuncia del gobierno, el castigo para los involucrados en actos de corrupción y elecciones anticipadas. Ello debería combinarse con la organización, en unidad con los sindicatos, las diferentes mareas, las campañas anti-desahucios, etc de movilizaciones que vinculen la lucha contra la corrupción con la lucha contra los recortes, la austeridad y el intento de hacer que los trabajadores paguen la crisis capitalista.
Desde un punto de vista más general, existe el peligro de caer en la idea de la necesidad de "regenerar la política" o de luchar por "recuperar la democracia". Lo que se debe explicar claramente es que la democracia capitalista es siempre el gobierno de una minoría no electa (por medios legales o ilegales): los propietarios de los medios de producción.Desde ese punto de vista, cualquier lucha por una verdadera democracia debe comenzar por la expropiación de las empresas del IBEX35, para que las palancas fundamentales de la economía pueden ser parte de un plan democrático de producción, decidido por la mayoría y en beneficio de la mayoría. De esta manera se puede vincular la lucha contra la corrupción y la oposición a las instituciones existentes con la lucha por el socialismo, la única forma genuina de democracia que puede existir.
[1] Finalmente, la presión social y el escándalo levantado con este asunto, ha motivado el que no sea condenada [nota de la redacción]
Jorge Martín
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