Ayer se debía evaluar la elevación a juicio de los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, hecho que propició el golpe de estado contra Fernando Lugo. Pero los acusados pasaron a ser el juez y el fiscal del caso.
Jalil Rachid tiene 33 años. Es el hijo de Bader Rachid, ex-presidente del Partido Colorado del Paraguay, íntimo amigo del fallecido empresario Blas Riquelme, dueño, entre otras cosas, de la empresa Campos Morumbí S.A. A partir de esta simple red de relaciones se diseña el complicado recorrido judicial que llegó ayer a suspender la audiencia que debía elevar a juicio a los 14 acusados por la Masacre de Curuguaty. Se trata del caso más 'caliente' de la historia reciente del Paraguay, que investiga la muerte de 11 campesinos y 6 policías durante el desalojo de las 2000 hectareas ocupadas por campesinos sin tierra en Marina Kué, departamento de Curuguaty.
El joven Rachid no es ni más ni menos que el fiscal en la causa. En sólo un par de meses concluyó la investigación oficial sobre el caso y declaró el procesamiento de 14 de los campesinos que se encontraban en la finca por los delitos de asociación criminal, invasión de inmueble, frustración de la persecución y ejecución penal y homicidio doloso. Basa sus acusaciones en 120 declaraciones testimoniales, 200 pruebas documentales, informes médicos y de balística. Todo para probar que 70 campesinos con cinco escopetas de caza y un revólver emboscaron a 324 policías armados hasta los dientes.
Blas Riquelme era el presunto dueño de los terrenos ocupados. Su empresa, Campos Morumbí, mantenía un litigio judicial con el Instituto de Tierras paraguayo, Indert, acerca de la propiedad de la tierra. Riquelme se las arregló para que su abogada, Ninfa Aguilar, lograra en 2004 una sentencia para el usucapión de ese predio. Pero la actuación judicial tenía un error en la localización del campo y es ahí donde entra en escena el juez José Dolores Benitez. Éste es el actual titular de la causa por la masacre de Curuguaty, y fue recusado a último momento por los abogados defensores de los campesinos. En 2005, Benitez se dio cuenta del error cometido por su colega, que podría perjudicar a los intereses de “Don Blas”. Así que decidió cambiar la sentencia, en un acto inédito en la Justicia paraguaya, para que los indicadores topográficos en las actas coincidieran con la finca.
Años después se desató la masacre. La misma Aguilar, llegada al puesto de fiscal de estado fue quien ejecutó la orden aprobada en el Parlamento, con mayoría opositora al gobierno de Lugo. “El jefe Lovera no quería hacer ese procedimiento”, comentó un efectivo del Grupo Especial Operativo de la Policía paraguaya, según consta en los documentos presentados por el mismo Rachid. “Tenía ese fin de semana libre y quería pasar el Día del Padre con sus hijos en Asunción. Trató por todos lados de suspender, llamaba de acá para allá, pero de todos lados había mucha presión de que se tenía que hacer ese procedimiento de cualquier manera”. Erven Lovera fue el primer policía muerto durante la masacre. Si bien el desalojo se podría haber efectuado en cualquier momento, desde los despachos de Asunción y desde el de Aguilar se presionó constantemente para avanzar de inmediato.
“Ciertos elementos de reputación muy negativa habían sido vistos en la zona. Matones. Gente al servicio de los dueños de la tierra. Bueno, la cuestión no era sólo que había allí elementos sospechosos; el rumor ya estaba completo. La información era: quieren producir un derramamiento de sangre para llevar a Lugo a juicio político y sacarlo del poder”, declaró poco después el director del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas (Senave), Miguel Lovera, una de las primeras cabezas en rodar una vez consumado el golpe. El Senave, con Miguel Lovera a la cabeza, venía oponiéndose desde hacía meses a la liberación de semillas genéticamente modificadas en Paraguay. Por largo tiempo fue objeto de duras acusaciones por parte de liberales y colorados, hasta el golpe.
Así se llegó a ese 15 de junio. La investigación de Rachid niega la presencia en el predio de mujeres y niños, asegura que los uniformados no dispararon una sola bala y culpa a los dirigentes campesinos Rubén Villalba y Néstor Castro de ser responsables de la matanza. Un informe independiente, realizado por la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), cuestiona por completo la versión del fiscal. A través de vídeos e imágenes tomados por la misma Policía denunciaron el uso de armas automáticas durante los enfrentamientos y constataron que varios de los disparos provenían de bosques donde no había ni efectivos ni campesinos.
Luego de la masacre, los campesinos fueron buscados y apresados. Uno de sus dirigentes llevaba una lista de todos los que estaban en el predio, para exigirle al ministerio público mejoras de sus condiciones de vida. Todos esos nombres están siendo acusados hoy de perpetrar o apoyar esa masacre. Pero los abogados del PEICC lograron ayer parar la audiencia preliminar que iba a elevar a juicio oral a los acusados. Recusando al juez y al fiscal por prevaricato y parcialidad a favor de Campos Morumbí, vistos los antecedentes de ambos en causas similares. Ambos deberán responder ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Mientras tanto, los campesinos presos llevan casi 20 días de huelga de hambre, reclamando su inocencia.
El actual presidente de facto Federico Franco, liberal y ex vicepresidente de Lugo que se quedó con el poder tras promover el juicio político del 22 de junio, se encuentra muy desgastado. Su gobierno recibe ahora el embate de los colorados, proyectados hacia la vuelta al poder en las elecciones de abril. En este contexto, la Masacre de Curuguaty pierde cada vez más presencia en la agenda política paraguaya, aunque los movimientos sociales y partidos de izquierda se mantienen movilizados en vista de los próximos pasos de la Justicia.
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