Existe amplia evidencia de la violación al derecho internacional, señalan en informes
Pakistán, Yemen, Somalia y Afganistán, entre los más afectados por los asesinatos selectivos.
Letta Tayler, investigadora de Human Rights Watch, señaló que desde 2009 Estados Unidos ha perpetrado unos 80 ataques con drones en Yemen y ha matado a 473 personas, lo que hace que los yemeníes teman a EE.UU. tanto como a Al Qaeda. A la derecha, Mustafa Quadri, de Amnistía Internacional, quien denunció que el programa de asesinatos con aviones no tripulados da a la Casa Blanca una licencia para matar fuera del alcance de los tribunales. Ambos presentaron ayer en Washington amplios informes al respecto. En tanto, el premier de Pakistán, Nawaz Sharif, apremió al gobierno estadunidense a poner fin a estos ataques que violan la soberanía territorial.
Estados Unidos ha matado a cientos de civiles –incluidos niños y ancianas– y podría haber cometido crímenes de guerra y violado leyes de conflicto armado y derechos humanos en sus operaciones bélicas antiterroristas realizadas por aeronaves a control remoto no tripuladas (drones), según investigaciones presentadas hoy por dos de las agrupaciones de derechos humanos más prominentes.
Amnistía Internacional (AI) y, por separado Human Rights Watch (HRW), presentaron los resultados de investigaciones en dos de los frentes de la guerra contra el terror en la cual el gobierno de Barack Obama ha empleado drones para vigilar y asesinar a sospechosos de terrorismo, y han llegado a la conclusión de que existe amplia evidencia de la violación a la ley internacional en estas operaciones.
El informe de AI examinó 45 ataques de dron en la zona de Waziristán del Norte, en Pakistán, entre enero y agosto de 2012, y documenta que en varios casos murieron civiles de manera indiscriminada, incluida una abuela de 68 años que estalló frente de sus nietos mientras cosechaba verduras en su huerto, y otro donde 18 trabajadores y un niño de 14 años fueron abatidos.
Sobre el caso de los 18 trabajadores, afirmó en su informe que tiene serias preocupaciones de que el ataque violó la prohibición de la privación arbitraria de vida y podría constituir crímenes de guerra o ejecuciones extrajudiciales. AI concluyó que los oficiales responsables deberían ser enjuiciados.
“El secreto que rodea el programa de drones da al gobierno estadunidense una licencia para matar fuera del alcance de los tribunales o las normas básicas del derecho internacional. Es hora de que Estados Unidos revele la verdad y hacer que los responsables de estas violaciones rindan cuentas”, afirmó el investigador de AI, Mustafa Qadri. (El informe se puede ver completo).
HRW investigó ataques con drones en Yemen, donde indica que es posible que Estados Unidos haya violado leyes de conflicto armado y de derechos humanos. El informe se enfoca en seis incidentes en los que Estados Unidos podría haber violado leyes de conflicto armado, ya que los blancos no eran legítimos o no hizo lo suficiente para limitar bajas civiles y, en dos de los casos, hubo violaciones claras de la ley humanitaria internacional. En esos ataques, Estados Unidos mató a 82 personas y HRW afirma que por lo menos 57 eran civiles.
En uno de estos ataques, donde el objetivo supuestamente era un líder terrorista local, el dron atacó una camioneta y mató a 12 civiles. Los cuerpos, casi incinerados, cubiertos de harina y azúcar que acababan de comprar en un mercado, fueron vistos por familiares. Un granjero de 23 años contó a HRW que llegó a la camioneta y vio que tres de los cuerpos, incluido el de una mujer con una niña sobre sus piernas y un hombre, eran su padre, madre y hermana de 10 años de edad.
Condenan la ausencia de transparencia en el programa
En otro ataque con drones en 2009 sobre un campamento beduino, murieron 14 presuntos terroristas, pero también 41 civiles, dos tercios de ellos mujeres y niños. En uno más murió un líder religioso local que denunciaba a Al Qaeda en sus sermones, y su primo, un oficial de policía.
HRW señaló que desde 2009, se calcula que Estados Unidos ha realizado 80 ataques con drones en Yemen, y ha matado a por lo menos 473 personas. Cientos de ataques más se han realizado en Pakistán y Somalia.
Estados Unidos dice que toma todas las precauciones posibles durante sus matanzas seleccionadas, pero ilegalmente ha matado a civiles y ha atacado objetivos militares cuestionables en Yemen. Los yemeníes nos informaron que estos ataques hacen que teman a Estados Unidos tanto como a Al Qaeda en la península árabe, afirmó Letta Taylor, investigadora de HRW. Ver el informe.
El informe de AI condenó “la casi completa ausencia de transparencia alrededor del programa de drones de Estados Unidos”.
Hoy la Casa Blanca reaccionó ante los dos nuevos informes y enfatizó el compromiso de Obama con la transparencia. El vocero Jay Carney dijo que las operaciones antiterroristas de Estados Unidos son precisas, legales y efectivas. Indicó que estamos en fuerte desacuerdo con las afirmaciones en estos informes de que Estados Unidos actúa contrario al derecho internacional. Además, dijo que hay una amplia brecha entre los cálculos de las bajas de estas organizaciones y las del gobierno –pero una vez más, no ofreció detalles– y subrayó que toda acción que se aprueba incluye una absoluta necesidad de limitar las bajas civiles, sino evitarlas por completo.
El Departamento de Estado reiteró hoy estos mismos argumentos, e insistió en que no podía divulgar los cálculos oficiales de las bajas civiles en los ataques con dron por razones de seguridad nacional, o sea, porque es secreto.
Sin embargo, hace unos días el relator especial sobre derechos humanos y antiterrorismo de la Organización de Naciones Unidas, Ben Emmerson, solicitó que el gobierno de Estados Unidos revelara el número de civiles que calcula han muerto por ataques con drones. Dijo que información preliminar para la preparación de un nuevo informe de su oficina calcula que unos 450 civiles han muerto en estos ataques en Pakistán, Afganistán y Yemen.
“El obstáculo más grande para una evaluación del impacto de los ataques con drones en la población civil es la falta de transparencia” que crea un vacío de rendimiento de cuentas y afecta la habilidad de las víctimas para buscar justicia, afirma el informe.
David Brooks
La Jornada
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