La cuestión española

Cada día que pasa queda más en evidencia que España atraviesa una crisis de conjunto de su régimen político, que no es, como dijo el rey Felipe VI, “una democracia parlamentaria” sino una monarquía disfrazada por una Constitución. Franco mantuvo en hibernación la monarquía durante cuatro décadas, que se había desplomado sola en 1931, como la herramienta para asegurar la centralización del Estado luego del agotamiento de la experiencia fascista. En la crisis actual, el monarca ha expuesto su condición de jefe de las fuerzas armadas y del Estado en dos discursos definitorios acerca del separatismo catalán. A esta altura se puede decir con certeza que Rajoy y su consejo de ministros, así como el parlamento español, son hojas de parra de la monarquía. La decisión de proceder a la intervención de Cataluña, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, supone en última instancia la intervención militar, resorte del monarca.
La aplicación de ese mentado artículo no constituye un acto administrativo. El gobierno español explicó con detalle que comenzaría la intervención con el reemplazo del gobierno autonómico y la limitación de facultades del parlamento regional, y que avanzaría en todas las escalas de la administración del Estado que resistieran a la intervención, hasta completar la sustitución completa del aparato de Estado actual. Destacó que intervendría a la fuerza policial catalana (los Mossos) y que quebraría la resistencia que se manifestara dentro de ella hasta su desplazamiento por la Policía del Estado español. Esta usurpación política enorme sería respaldada, en principio, por las fuerzas armadas instaladas en el territorio catalán. No menos importante, el Estado español asumiría el control y la dirección de todos los medios de comunicación pública.
Esta bravuconada fue caracterizada en sus términos reales por la corresponsal de La Nación (22/10). “(No) está claro que el Estado español (…) esté en condiciones de llevar a cabo y tomar el control real del gobierno autonómico y sus resortes”. Añade: “Para decirlo diplomáticamente”, se protege la periodista, “la ejecución del conjunto de medidas previsto (…) acarrearía, cuando menos, serias dificultades prácticas”. Eliminado el lenguaje diplomático, la intervención a Cataluña acarrearía una dislocación estatal en el principal territorio del Estado español. Esta perspectiva explica que los medios de comunicación de la monarquía se hayan unido en reprochar a Rajoy la demora en concretar esta intervención. Admiten, de hecho, las consecuencias dislocadoras de su ejecución y, a término, de su inviabilidad. La conclusión de la corresponsal de La Nación es más aguda todavía: “Una bomba que sólo Puigdemont puede desactivar” -o sea, el nacionalismo ‘español’ ha caído bajo la dependencia del nacionalismo catalán. Puigdemont parece conocer las cartas que maneja.

División de la burguesía

Este avanzado estadío de crisis no podría haber sido alcanzado, sin embargo, sin una división de la burguesía -incluso si la envergadura del reclamo nacional en Cataluña recae en un movimiento de masas muy activo. El gobierno de Rajoy procuró meter presión en esta crisis mediante un decreto que facilita en forma descarada el cambio de sede social de las compañías dentro de España. También lanzó una campaña acerca del retiro de dinero de los bancos, incluso de una fuga de capitales y hasta de un derrumbe de las cotizaciones de las principales empresas catalanas en la Bolsa. Resultó en pura patraña.
El primero en advertirlo fue el Financial Times, que graficó que las oscilaciones bursátiles se encontraban dentro de parámetros normales. El cambio de sede social no entraña que las empresas dejen de tributar en Cataluña -es solamente un registro de escribanía. El País (19/10), uno de los mayores grupos de presión del régimen español, admite que “el pasado martes, los bancos devolvieron 17.500 millones (de euros) que habían pedido, y dejan su saldo de crédito vivo en 3.812 millones, la cifra habitual de semanas anteriores. Goldman Sachs afirma que la situación se ha tranquilizado y recuerda que los seguros de impago de deuda (Cds) de Caixa Bank y Sabadell han empeorado ligeramente, pero que están dentro de la estabilidad”. De nuevo, Goldman Sachs afirma que “a pesar de la continua volatilidad política en España, el mercado de crédito bancario se ha mantenido estable”. ¿Continuará esta ‘estabilidad’ si la monarquía decide ejecutar una intervención político-militar en Cataluña? La banca internacional e incluso el Banco Central Europeo están advirtiendo a Rajoy, en primer lugar, y a Puigdemont enseguida, que es necesario evitar una intervención que, a un cierto plazo, entrañaría la dislocación del conjunto del régimen político. Este desarrollo explica que en las vísperas del desenlace, Rajoy, en sus términos, y el gobierno catalán, en los suyos, busquen un acuerdo en base a la convocatoria de elecciones generales en Cataluña. Rajoy pone la condición de que Puigdemont renuncie a una declaración de independencia, en tanto el catalán quiere mantener la declaración en suspenso, aún sabiendo que si pierde esas elecciones, la mentada declaración habrá quedado muerta antes de nacer. Como dicen los españoles, asistimos a “un pulso” entre dos adversarios fragilizados. El presidente catalán se presentará a defender su posición ante el Senado español, que es el guardián del centralismo estatal y de la monarquía. Es claro que el nacionalismo catalán está buscando un compromiso.

El papel de Podemos

Estas últimas maniobras ‘reivindican’ la consigna de Podemos: “Parlem” (Hablemos). Los revolucionarios de la Universidad Complutense se han destacado como los bomberos de la crisis -‘salvemos a Cataluña, a España y a la monarquía de la autodestrucción’. Es la consigna del Banco Central Europeo y de la Unión Europea. Precisamente porque la cuestión catalana ha desatado una crisis de conjunto, es la oportunidad para plantear el fin a un régimen político de carácter monárquico que, como ningún otro (incluido el gobierno nacionalista catalán y la burguesía de Cataluña), ha descargado la crisis capitalista contra los trabajadores mediante una guerra de clase sistemática. A estos pichones de contrarrevolucionarios no les han salido de la boca planteos como República o Asamblea Constituyente libre y soberana.
Un nacionalismo que declara de antemano su adhesión a la Unión Europea y a su estado mayor, el BCE, es un fraude en sus propios términos. La sujeción política de Cataluña al Estado español es de orden inferior al colonialismo financiero del Banco Central Europeo y al colonialismo político-militar de la Unión Europea. Una autonomía nacional verdadera solamente es posible en un marco antagónico -una República Federativa Socialista de los pueblos Ibéricos. La ley de transición que aprobó el referendo del 1° de octubre pasado no es más que un aval al status quo de Cataluña -o sea, el status quo de los banqueros y el ‘ajuste’.
En cualquier hipótesis -compromiso o ruptura-, emerge el desarrollo de una crisis política de conjunto del Estado español. No estamos ante “una cuestión catalana” sino ante la “cuestión española”, que no ha cerrado, históricamente, la etapa del franquismo ni las grandes cuestiones planteadas por la revolución española y la guerra civil.
Esta crisis tiene lugar en el marco de una crisis fenomenal del movimiento obrero, escindido entre dos nacionalismos, por un lado, o la pasividad, por el otro, y lo mismo ocurre con la izquierda en sus diversas variantes. Con esta comprensión de conjunto, reforzamos el planteo de una República, en primer lugar, Federativa y Socialista, y en oposición a Unión Europea del capital financiero, los Estados Unidos Socialistas de Europea.

Jorge Altamira