En las últimas horas del viernes, el juez Gustavo Lleral declaró en una conferencia de prensa en la vereda de la morgue judicial que el cuerpo de Santiago Maldonado no presenta lesiones.
Sus declaraciones resultaron, por lo menos, prematuras, cuando los estudios para determinar la mecánica de la muerte tardarán aun varios días. Así lo criticaron los organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
Horas antes, se había producido la identificación del cadáver, anunciada por el hermano mayor de Maldonado, Sergio. La dolorosa noticia profundizó la indignación general, lo cual se tradujo en una autoconvocatoria espontánea el viernes por la noche en Plaza de Mayo y en una nueva movilización del Encuentro Memoria Verdad y Justicia el sábado por la tarde. La familia Maldonado convocaría a un nuevo acto masivo para el 1 de noviembre, al cumplirse tres meses de los hechos.
El gobierno y sus alcahuetes, por su parte, intentan hacer usufructo de las precipitadas palabras del juez para reordenar su defensa y retomar la ofensiva contra la comunidad mapuche en Cushamen, tras los golpes recibidos por las movilizaciones populares y las denuncias.
En cualquier caso, es evidente que cualquiera sean los causales de la muerte de Maldonado, ésta se produjo como resultado del operativo represivo ilegal que protagonizó Gendarmería el 1 de agosto pasado.
Gendarmería mintió oficialmente al negar que, tras el desalojo de la ruta 40, sus hombres hubieran ingresado a terreno mapuche, atacado a los manifestantes con piedras y balas de goma y perseguido hasta la orilla del rio Chubut a un grupo de ellos, en el que se encontraba Maldonado. Lo que ocurrió después, y habrán de determinar las pericias, dio lugar a su muerte, que involucra a los gendarmes. Fue un crimen de Estado.
La presencia de Pablo Noceti en el operativo ha soldado las responsabilidades del Gobierno y de los responsables materiales. Por esto, el operativo de encubrimiento político, judicial y mediático posterior fue goebbeliano. Desde negar la presencia de Maldonado en Cushamen –a pesar de que Gendarmería tenía las pruebas fotográficas, conocidas recién hace pocos días- hasta sostener que Maldonado se había fugado a Chile con el RAM, como todavía afirmaba su principal candidata, Elisa Carrió, al final de la campaña luego de meses de guardar silencio.
La cerrada defensa política de la Gendarmería tiene razones de fondo. El gobierno ha emprendido la militarización de la Patagonia en defensa de los intereses de los grandes propietarios, las petroleras y las mineras. Los reclamos ambientales y territoriales, así como las luchas sociales y económicas de los trabajadores, estimulan una agitación constante en todo su vasto territorio. Los trabajadores patagónicos se han curtido en duras luchas y puebleadas. El despliegue represivo apunta a asegurar los intereses capitalistas en la explotación de sus recursos naturales y posibilidades de negocios para especuladores inmobiliarios y para la ´patria contratista´. Las movilizaciones por Santiago Maldonado se inscriben en esta intensa lucha de clases.
El kirchnerismo actuó como freno de cualquier movilización, sobre todo en las últimas semanas, con la excusa de preservar el proceso electoral. Cuando fue gobierno, también apelaba a la Gendarmería para reprimir la protesta y mantiene compromisos con los gobernadores que aplican el ajuste y reprimen en sus provincias. El macrismo, por su parte, anunció la suspensión de su campaña –lo cual resultó falso- para impostar una ´sensibilidad´ que no demostró en 80 días de búsqueda.
Vamos a fondo por el esclarecimiento del crimen de Santiago Maldonado.
Juicio y castigo a los culpables. El gobierno es responsable. Fuera Patricia Bullrich.
Jacyn
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