Por primera vez, tenemos un presupuesto es de triple aprobación: Diputados, directorio del FMI y, próximamente, Senadores.
En Washington se redactó, eso sí, un texto complementario, el segundo “acuerdo” con el FMI, que hay que leer con más atención que las 400 páginas de la “ley de leyes” que jamás se cumple.
Ese segundo “acuerdo” establece que “el Gobierno conjuntamente con el personal del FMI y los actores domésticos, evaluarán en 2019 una reforma muy necesario del sistema de jubilaciones y pensiones, socialmente equitativa, para fortalecer la posición fiscal, fomentar el crecimiento económico y crear empleo en el medio plazo”.
Era cantando. En la ley-fraude de “reparación histórica” votada en el 2016, se dispuso un plazo máximo de tres años para elaborar una reforma previsional “universal, integral, solidaria y sustentable”. O sea, antes de mayo 2019 tiene que haber un proyecto. Ahora sabemos que del diseño de esa reforma también participará el FMI.
La política del FMI en la materia está en el reporte 346 del año 2016. Sus puntos centrales son: elevar la edad de jubilación en forma progresiva, sobre todo para las mujeres –haciendo obligatorios a término los 70 años que hoy son opcionales-; cambiar la fórmula de cálculo para reducir la jubilación inicial que hoy ronda en el 60/65% del salario en actividad; cambiar la fórmula de movilidad, Transferir programas sociales de ANSeS a Desarrollo Social o Educación.
El cambio del cálculo inicial es un golpe enorme. Todos estiman, además, que el golpe palaciego en la presidencia de la Corte Suprema estuvo vinculado a los 150.000 juicios referidos a la inconstitucionalidad de ese cálculo por confiscatorio, consagrado por varias instancias en el llamado caso Ellif. Ahora, a través del caso Blanco, la Corte Suprema tiene en sus manos el destino de todos esos jubilados y la jurisprudencia futura para millones de trabajadores. Según sea el fallo, se agrega otro motivo explosivo para las cuentas del Anses y para los jubilados que penan para cobrar por sus derechos.
Estas premisas de 2016, obviamente, deben ser actualizadas. Para lo cual tenemos que apreciar el cuadro del presupuesto de guerra 2019 en relación a ellas. En primer lugar, los aportes patronales se reducirán sensiblemente porque se implementa la segunda suba del mínimo no imponible de cargas patronales previsionales, por lo cual los salarios hasta los primeros $5.000 no tendrán aportes. Esta caída recaudatoria se mantuvo firme a pesar del presupuesto de ajuste, lo cual ha puesto una bomba en los cimientos del Anses.
La movilidad ya fue alterada con la famosa ley del robo a los jubilados de diciembre pasado, surgida del pacto con los gobernadores. Pero su fórmula de cálculo estuvo pensada para una caída inflacionaria, no para el 48/50% de este año 2018, tras la megadevalucación. Se rige en un 70% por el Indice de Costo de Vida y en un 30% por la evolución de salarios. Aunque atenuado por la caída del salario real y con plata desvalorizada por el retraso en la aplicación (seis meses de retraso), los haberes del año que viene tendrían actualizaciones importantes que apurarán las otras reformas y tentarán a los ajustadores a nuevos cambios en la actualización.
El tema de la edad no necesita explicaciones. Se extiende la explotación del trabajador hasta límites cercanos al promedio de vida y por varios años no se jubila nadie, lo que da óxigeno a un sistema vaciado. Por otro lado, apuntan contra los regímenes especiales de docentes, transporte, estatales provinciales, docentes universitarios, entre otros.
El tema previsional está en el ojo del plan de guerra. Muchos piensan en la vuelta de las AFJP, pero esto ocurriría en una segunda etapa y de manera selectiva. Néstor Kirchner nacionalizó el sistema, pero no con el objetivo de devolver al trabajador que aportó durante toda una vida el 82% de su salario testigo, reparando el concepto de salario diferido que tuvo históricamente la jubilación. El cuantioso fondo sirvió al repago de la deuda pública mediante el empapelamiento del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) con bonos del Estado. El kirchnerismo pasó del mercado de capitales de Cavallo mediante las AFJP, al uso y abuso del FGS para “vivir con lo nuestro”, usando la plata de los jubilados para pagarle a los banqueros.
El macrismo y el FMI se valen del Anses en el mismo sentido. La jubilación es concebida como una pensión asistencial a la vejez. Y para aquellos que tienen otra capacidad contributiva, se piensa en cajas complementarias, con aportes complementarios. Eso sería una segunda etapa.
Lo dicho muestra que el movimiento obrero no puede perder un minuto. Los presentes y futuros jubilados tampoco. Hay que fijar un programa: reposición de los aportes patronales, tanto los rebajados por Macri como por Menem; blanqueo laboral generalizado, control obrero de la evasión y la formalización laboral; 82% móvil, movilidad mediante indexación integral de acuerdo al trimestre anterior; reconocimiento a los regímenes insalubres y jubilación integral para los afectados por rentas vitalicias; administración del Anses y Pami por directorios electos por trabajadores y jubilados.
Brindamos este programa al clasismo. Impulsamos la formación de comisiones de lucha de jubilados en todos los sindicatos, un gran congreso de jubilados con delegados electos en todos los centros, sindicatos y organizaciones de todo el país, privados y estatales. La clase obrera entera tiene que tomar estas banderas en un gran paro activo nacional y un plan de lucha para derrotar el ataque a los jubilados y a todos los trabajadores inscripto en el plan del FMI.
Néstor Pitrola
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