La imposturas del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados.
“Por experiencia le digo que hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que ´bueno, son policías, están en la calle y le pegan a cualquiera´. No es cierto. Se lo digo después de ser seis años gobernador. La policía primero sabe cuáles son las órdenes. Así que no disociemos la actuación policial de la decisión política, porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente. Lo comprobé trabajando”.
Con estas palabras, el diputado Felipe Solá se dirigía al presidente de la Cámara durante la sesión que aprobaría la ley de presupuesto. Afuera, en esos momentos, se desataba frente al Congreso una brutal represión que concluiría con la cacería de casi 40 manifestantes.
El discurso de Solá, por supuesto, batió todos los récords de cinismo. Este forma parte de la campaña que ha emprendido para intentar borronear su responsabilidad en la masacre de Avellaneda, ocurrida el 26 de junio de 2002, precisamente cuando él era gobernador, con el indisimulado objetivo de limpiar su prontuario con vistas a su eventual candidatura a la presidencia.
Como apuntó Vanina Kosteki, “el pez por la boca muere”. A Solá le cabe la responsabilidad política por la brutal represión que produjo los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos del comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, ambos de la policía bonaerense, la fuerza sobre la cual el entonces gobernador ejercía una autoridad directa.
Pero la masacre de Avellaneda no fue, por cierto, el resultado de un par de dos pistoleros fuera de cauce, sino de una decisión política tomada en el más alto nivel del gobierno de Eduardo Duhalde, en conjunto con los gobernadores de todo el país, para intentar ahogar a sangre y fuego las movilizaciones de los desocupados.
Poco antes de aquel 26 de junio, Duhalde encabezó en La Pampa una reunión de gobernadores, entre los cuales se encontraban, además de Solá, Néstor Kirchner por Santa Cruz, entre otros, donde se resolvió encarar una acción represiva a gran escala contra los movimientos piqueteros que no habían logrado cooptar a través de las “mesas de diálogo” patrocinadas por la Iglesia. De ellas participaban la CCC y la FTV, que dirigía Luis D´Elía. El Polo Obrero y otras organizaciones, entre ellas, el MTD Aníbal Verón donde militaban Darío y Maxi, en cambio, habían resuelto confluir en un plan de lucha común para reclamar la universalización del subsidio a los desocupados, sin tener que pasar por el rasero del gobierno y sus punteros. Ese plan de lucha comenzaría, precisamente, el 26 de junio de 2002.
La respuesta del gobierno de Duhalde fue un despliegue de fuerzas inusitado, del cual participaron la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Gendarmería y Prefectura, con el apoyo de los servicios de inteligencia. El resultado, además de los crímenes de Kosteki y Santillán, fueron decenas de manifestantes heridos de bala de plomo en un radio treinta cuadras. Hubo francotiradores apostados en los edificios, policías infiltrados que incendiaron colectivos, ex policías convocados especialmente para participar de la faena, allanamientos a locales partidarios donde los manifestantes habían ido a buscar refugio. Muchos años después de la masacre, tras haber guardado un largo silencio, el ex intendente de Avellaneda, Oscar Laborde, declaró ante una fiscal que poco antes del 26 de junio de 2002, la dirección del hospital Fiorito "había recibido la orden de retirar a todos los pacientes excepto a los de terapia intensiva" –indicio de que se venía “algo grande”; que el comisario Alfredo Fanchiotti mantenía línea directa con la Side y que la policía estaba provista con un sistema de comunicación propio. Denunció que hubo maniobras "para dar la impresión de caos generalizado" y mencionó a un empleado municipal herido de bala de plomo.
Por todo esto, cada 26 de junio, en el puente Pueyrredón, los familiares de Darío y Maxi y las organizaciones que sufrieron en carne propia la represión denunciamos a Duhalde y a Solá como parte de los responsables políticos de la masacre. La justicia los ha dejado impunes, pero la movilización popular ha sido implacable con ellos.
Cabe recordar, además, que Solá llegó a la gobernación bonaerense como vice de Carlos Ruckauf, un vocero de la ´mano dura´ policial y partidario de “meter bala a los delincuentes”, según sus propias palabras. La zigzagueante carrera política de Solá –que comenzó como funcionario de Menem, continuó a la sombra los gobiernos de Duhalde y de Kirchner, se alió a De Narváez-Macri en 2009 y llegó a la banca de diputado con Sergio Massa– ahora pretende volver al redil ´nacional y popular´. Alienta una alianza con Cristina Fernández, un gobierno bajo el cual sufrimos el pico de muertes en manifestaciones y protestas a manos de la policía y patotas –como en el caso de Mariano Ferreyra– y de casos de gatillo fácil.
Solá es un farsante. En septiembre pasado, cuando la policía porteña detuvo a Juan Grabois, tuiteó que “reprimir a los representantes sociales en medio de una gran crisis es de una irresponsabilidad enorme. En 2002, durante mi gobernación, tuve que dedicar un esfuerzo enorme para contener la violencia policial”. Poco después, publicó una autobiografía que los pinta a él mismo y a Duhalde, frente a la represión en Avellaneda, como dos víctimas del engaño de algunos funcionarios y jefes de la policía. Su alianza con Victoria Donda (ex Libres del Sur) y Leonardo Grosso (del Movimiento Evita) es funcional a este blanqueo.
Seguimos reclamando castigo a los responsables políticos de los asesinatos de Darío y Maxi.
Jacyn
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