Hace tres décadas fueron ejecutados seis sacerdotes jesuitas por parte del ejército salvadoreño, el 16 de noviembre de 1989. Soldados del batallón “Atlacatl” entrenado y financiado por EEUU atacó la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA) que era considerada como un “refugio de comunistas”, ejecutó a su rector, el padre Ignacio Ellacuría y otros cinco sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y su hija de 16 años. Fue uno de los crímenes de derechos humanos más notorios de la guerra civil de 12 años de El Salvador, que terminó en 1992 después de aproximadamente 75.000 muertes de civiles y 8.000 desaparecidos.
Estados Unidos que financió (1 millón de dólares por día) y encubrió a los militares, desclasificó informes presentados como evidencia ante el tribunal español en el caso de los jesuitas que demuestran la complicidad su en esa masacre. Los jesuitas piden que se juzguen a los autores intelectuales de la masacre.
El juicio contra el ex viceministro de Seguridad Pública, coronel Inocente Orlando Montano, comenzó en junio de 2020. Montano se fugó de El Salvador en 2001 y fue descubierto por investigadores de DDHH de Boston en 2011 y fue extraditado a España. El juez español Eloy Velasco citó “una abundante cantidad de información, recopilada y analizada cuidadosamente”, contenida en “miles de documentos desclasificados por agencias del gobierno de los Estados Unidos”.
“Los documentos de los Estados Unidos proporcionan una gran credibilidad y una clara relevancia para aclarar los crímenes cometidos” (nsarchive, 10/7), como informó Kate Doyle, quien dirige el Proyecto de Documentación de El Salvador en el Archivo de Seguridad Nacional (ASN).
Complicidad de la Embajada de EEUU
El ASN tiene suministra archivos secretos de la CIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, el FBI y el Departamento de Estado para juicios de DDHH. El Proyecto de Documentación reunió documentos desclasificados sobre la política de los EEUU, Las fuerzas de seguridad salvadoreñas y los crímenes como el asesinato del arzobispo Oscar Romero, la masacre de El Mozote, los jesuitas. La evidencia deja en claro que estas acciones de las Fuerzas Armadas de El Salvador (ESAF) fueron conocidas y encubiertas por EEUU.
Como informó un cable de la embajada desde San Salvador: “En los 12 meses transcurridos desde que se reveló la responsabilidad de la ESAF por los asesinatos, el liderazgo militar se ha resistido a todo llamamiento a una rendición de cuentas honesta de lo que debe haber poseído desde el principio: la verdad” (ídem).
Los investigadores de la Comisión de la Verdad (1992) determinaron que la orden de matar a los jesuitas vino del jefe militar, el coronel Emilio Ponce, en una reunión del alto mando el 15 de noviembre de 1989. En esa reunión, a la que asistió el coronel Montano, según el informe de la Comisión de la Verdad, “el coronel Ponce llamó al coronel Guillermo Alfredo Benavides y, frente a los otros cuatro oficiales, le ordenó eliminar al padre Ellacuria y no dejar testigos”, manteniendo al tanto al presidente.
En el primer documento desclasificado (cable del 22 de noviembre de 1989), el secretario asistente del Departamento de Estado, Bernard Aronson, dice que los asesinatos fueron hechos por “extremistas de derecha”, e insta al embajador de los Estados Unidos William Walker a recopilar información sobre la participación de los supuestos derechistas. También advierte a Walker que se “proteja contra las filtraciones”, lo que haría “extremadamente difícil para el presidente Cristiani y el liderazgo de las ESAF responder eficazmente cuando llegue el momento”. El secretario quería proteger a los verdaderos responsables, y pedía “fortalecer al gobierno de Cristiani”, responsable de las masacres (nsarchive.gwe.edu).
En otro cable, ya del 27 de julio de 1990, se describe una reunión de los principales líderes militares del país para discutir el “control de daños”. “Se dice que los miembros acordaron que el Congreso de los Estados Unidos no suspendería la asistencia de seguridad militar debido a las negociaciones en curso entre el gobierno y los rebeldes y que los niveles de ayuda de los Estados Unidos tendrían que determinarse en octubre. Por lo tanto, concluyeron que al menos hasta octubre, deben mantener una apariencia de colaboración judicial efectiva”, dice un agente de inteligencia. La cooperación del ejército se trataría de un encubrimiento y de una “apariencia de colaboración judicial”, agrega.
El 13 de agosto de 1990, el embajador Walker le escribe al Secretario de Estado Bernard Aronson dice que “toda nuestra política está en peligro porque no podemos descartar las implicaciones que la decisión de matar a los jesuitas fue deliberada por parte de los altos mandos de la ESAF” (ídem). Lo sabía todo el ejército y el presidente. A raíz de los asesinatos de los jesuitas, el congresista demócrata Joe Moakley organiza una investigación para exponer a los responsables. Descubrió evidencia clara de que los niveles más altos del ejército salvadoreño habían conspirado para cometer esta atrocidad. En agosto de 1990, el investigador principal de Moakley, Jim McGovern, viajó a San Salvador y obtuvo “información innovadora sobre el asesinato y encubrimiento de jesuitas” de uno de los “oficiales más importantes y respetados” de los militares, según este cable secreto. Walker preguntaba si debía seguir ocultando la información sobre la “verdad”.
Lugo el embajador recomienda mantener la asistencia militar al ejército salvadoreño. Walker dice que perdió la fe en el coronel René Emilio Ponce, el que ordenó la masacre (según el cable anterior), quien se ha convertido en ministro de defensa. La desclasificación no puede ocultar que la podrida política imperialista fue y es todavía encubierta.
De la misma forma en que hace 30 años, el imperialismo hoy es cómplice, financista y ejecutor de masacres, guerras y golpes (Bolivia, Brasil, Honduras) y socio de regímenes reaccionarios y fascistas, que propagan muerte y destrucción en el mundo entero.
Emiliano Monge
13/07/2020
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