Centralizar ya el sistema de salud, es cuestión de vida o muerte.
Con un crecimiento exponencial que alcanzó un número de 40.000 contagiados, la provincia de Buenos Aires, junto a la Capital Federal, concentra el 91% del total de 75.000 infectados en el país. Esta suba de casos positivos trae aparejada un aumento de la demanda de camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), una cuestión clave y determinante, cuando desde mediados de junio, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, viene abriendo el paraguas sobre un eventual colapso del sistema de salud provincial. La aceleración del número de infectados en el Amba obligó a los gobiernos nacional y provincial a anunciar el retroceso de fase en el conurbano y la capital con una “cuarentena dura” por dos semanas hasta mediados de mes.
Pero el colapso del sistema sanitario se acerca a pasos agigantados. El ministro Daniel Gollán informa parcialmente cuando dice que la provincia tiene un 51% de camas ocupadas, que escala al 60% en el Gran Buenos Aires. Una radiografía ya de por sí alarmante cuando entramos de pleno en el invierno y aumentan las enfermedades infecciosas y virósicas. El dato sobresaliente y negativo es, sin embargo, la creciente saturación de las unidades de terapia intensiva en los municipios más poblados de la zona oeste y sur que suman casi el 40% del total de infectados de la provincia. Los municipios que están en una situación crítica son La Matanza, Quilmes, José C Paz, Lanús, Moreno y Escobar que tienen entre el 75 y el 90% de plazas ocupadas. En La Matanza, el distrito más populoso, suman 5.500 los afectados por el Covid-19, una consecuencia directa de la falta de agua, cloacas y servicios en los barrios pero también de la apertura económica que propició el intendente Espinoza. Sin una centralización del sistema de salud el 66% de los pacientes de Quilmes depende del “subsistema privado” y aumenta en toda la provincia la dependencia de los capitalistas de la salud que ponen condiciones para ceder camas como lo han hecho con la imposición del subsidio de 410 millones de pesos mensuales para clínicas y hospitales privados, que saldrán de las arcas del Ioma desfinanciando a la obra social de los trabajadores del Estado.
Otros distritos comprometidos por la cantidad de casos positivos son los pertenecientes al Gran La Plata con 1.000 infectados en la ciudad capital, 119 en Ensenada y 228 en Berisso. En La Plata, los trabajadores de la salud son los más castigados por el avance del Covid-19 y la falta de elementos de protección. Una característica de la región, es el crecimiento de contagios en los lugares de trabajo bajo la intimación de los empresarios que amenazan con despedir. En la zona norte del Gran Buenos Aires, San Fernando se ha convertido en el foco de la pandemia de la región con una suba del 85% en los últimos siete días con focos en las villas San Jorge y Presidente Perón, ubicadas en el límite con Tigre. La pandemia sacó brutalmente a luz las condiciones de miseria social en las que vive una masa de los trabajadores bonaerenses en los casi 2.000 asentamientos, villas y barriadas precarias.
Esta escalada, que llevó en la última semana a un aumento del 50% de contagios en por lo menos 26 municipios bonaerenses, está saturando la posibilidad de recepción de enfermos graves en grandes municipios como ocurre con el Hospital Interzonal de Agudos “Luis Güemes” de Morón, el “Simplemente Evita de González Catán” en La Matanza, el “Magdalena Villegas de Martínez” de Tigre, y Hospital Regional “Dr. Iriarte” de Quilmes que tendría ya completa su capacidad instalada. Si bien la situación en la provincia es desigual y el pico de la pandemia se encuentra en el área metropolitana, la propagación del virus ha empezado a extenderse nuevamente a las llamadas “zonas libres de Covid-19”. Las Flores, Ayacucho y Roque Pérez han tenido que retroceder de fase por la aparición de contagios. De no revertirse, y en caso de ampliarse esta tendencia, entraría en crisis la llamada fase 5 (flexibilización) donde se anotaron 72 municipios del interior bonaerense en la cuarentena “administrada” de Kicillof.
Con la curva en ascenso, se agudizan los choques entre las intendencias, en otro capítulo de la crisis política en la provincia. El intendente macrista de Olavarría, ciudad donde se expandió rápidamente el virus, está en una guerra virtual con los distritos vecinos. Lo mismo ocurre en Bragado donde el jefe comunal Vicente García dispuso una cuarentena obligatoria para quienes vivan en el municipio y retornen por razones de trabajo desde Chivilcoy. En lugar de un sistema integral de salud y una política común para combatir la pandemia bajo el comando del estado, se agudiza la feudalización de las comunas y el “sálvese quien pueda” ante el temor a un desplome del sistema sanitario.
En Quilmes, con 3.000 afectados “se preparan alternativas”, pero la intendenta Mayra Mendoza aclara que “el 66% de la atención de salud en el distrito corresponde a las obras sociales y medicina prepaga”, lo cual, agregamos nosotros, agrava todo porque la falta de control sobre este sector es total. Al igual que en CABA, los pacientes infectados son enviados a su casa por el sector privado y de obras sociales que no se hace cargo del aislamiento, de manera que su conducta está fuera de todo control social y del Estado. Tampoco se sabe cuál es el nivel de salturación de camas en ese tramo de la salud. Lo cual hace urgente, de vida o muerte, la centralización del sistema de salud, tal cual lo ha planteado desde el inicio nuestro partido y el Frente de Izquierda.
Mientras todavía están por verse los resultados de las restricciones (fundamentalmente en el transporte), el ministro Gollán y el gobernador Kicillof ya preparan otra voltereta y preanuncian un retorno a la fase 3 después del 17 de julio. En línea con esta política“normalizadora” el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, quiere apurar la vuelta a clases en el interior de la provincia. En rigor, Alberto Fernández y Kicillof exceptuaron de la cuarentena “rígida” a 2.500 empresas no esenciales, la gran mayoría del territorio bonaerense. Esta apertura en defensa de los intereses capitalistas y con la colaboración de una burocracia sindical cómplice que “se acuerda” de los protocolos de seguridad e higiene solamente allí donde presionan y actúan los trabajadores, explica la multiplicación de los infectados en la clase obrera. Por otro lado, la miseria social exponencialmente acentuada en estos casi cuatro meses, empuja a una masa de la población a romper la cuarentena para sobrevivir.
La cantidad diaria de infectados y la proyección exponencial en el Gran Buenos Aires son una catástrofe social para los trabajadores. Es una tarea de la hora la puesta en pie de las comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y barrios bajo el control de representaciones de la clase obrera para elaborar y hacer cumplir los protocolos de protección. Los comités de crisis bajo la batuta del gobierno y las intendencias han demostrado ser apéndices de una política al servicio del capital y para que la clase obrera pague la crisis. Centralización del sistema de salud, por un plan único de salud y combate de la pandemia bajo control de los trabajadores. Basta de subsidiar al capital privado de salud.
Daniel Rapanelli
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