Este viernes 6 Alberto Fernández se reúne con Axel Kicillof y Rodríguez Larreta para definir los detalles de la nueva etapa de la cuarentena, esta vez dejando atrás el aislamiento social para pasar al distanciamiento social; de facto, es algo que ya sucedía en el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires. Se solicitarán permisos para todas las actividades.
Esta nueva medida implementada por el gobierno nacional viene de la mano de la disminución en el número de casos de las últimas semanas y el traslado de la circulación del virus desde el AMBA al resto de las provincias, siendo las que más preocupan Río Negro, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Es por eso que también anunciará extensiones en las restricciones para algunas de ellas.
Un recorrido por la política del gobierno frente a la pandemia
El jueves 19 de marzo, Alberto Fernández anunciaba el inicio de la cuarentena hasta el 31 del mismo mes. «Vamos a ser absolutamente inflexibles» dijo por aquel entonces, transformándose en política nacional la persecución a cualquiera que ponga un pie por fuera de sus casas, la mayor entrada de las fuerzas represivas a los barrios y la criminalización de miles de personas. Incluso, parte de esa persecución dio cuenta el caso de Facundo Astudillo Castro, donde la cuarentena fue la excusa para el plan de empoderamiento de la policía -particularmente de la bonaerense-, tan necesaria para hacer pasar el ajuste de la crisis.
No fue inflexible, sin embargo, con los sectores patronales, quienes comenzaron pocas semanas después a presionar por mayores aperturas y retorno de los trabajadores a sus puestos laborales. Por esos días se anunciaba el decreto que prohibía los despidos, un papel mojado en una Argentina con un 40% de empleo informal. También se anunciaba el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), unos míseros $10 mil que fueron entregados a menos de 8 millones de personas aunque fue negado a 4 millones, y el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El gobierno no tuvo reparos en entregar el ATP a empresas cuyas ganancias nunca bajaron, como lo son Reginald Lee (embotelladora de Coca-Cola) o Volkswagen.
En términos sanitarios, aparecían los primeros problemas. Los profesionales de la salud advertían que, como se había visto en Europa, los colapsos sanitarios eran causa de muerte de millones en el mundo, producto de años de desfinanciamiento y ataques a la salud. La misión de la cuarentena era clara: reforzar el sistema de salud y prepararse para el eventual pico de casos. Pero según el gobierno, las camas solo aumentaron un 37% (de 8.521 unidades de cuidados intensivos a 11.668) y, los respiradores, un 38% (de 6.211 a 8.602), aún cuando los terapistas indicaron que, sin pandemia, el 90% de las camas estaban siempre ocupadas.
En la misma línea, los testeos desde un principio fueron insuficientes, pasando el 60% de positividad en un primer momento y hoy encontrándose en un 35%, con denuncias de los hospitales de casos subdiagnosticados, lo que marca una Argentina con muchos enfermos más de los que se contabilizan. Es conocido que en la Provincia de Buenos Aires, los casos estrechos no se testean; en CABA, las obras sociales y prepagas hicieron su parte, negando test incluso a quienes presentaron síntomas. El gobierno, sin la centralización del sistema de salud, le siguió el juego al sector privado.
14 extensiones después…
La política sanitaria del gobierno llega al día de hoy agotada y con poca confianza. «Prefiero tener un 10 por ciento más de pobres y no 100 mil muertos» fue lo que dijo Alberto Fernández en abril, pero se quedó corto: la pobreza hoy alcanza al 40,9% de los argentinos y al 56,3% de los menores de 14 años. Los muertos llegan a 32.766 y los contagios pasaron por largo trecho el millón. El discurso nacional de salud de las personas por encima de la economía llegó a su fin al poco tiempo.
El caso de Guernica es ejemplar. Allí, donde el gobierno nacional solo llegaba a los vecinos con aprietes, ofertas de miseria que no resolvían el problema de la tierra y la vivienda y represión, la salud estaba totalmente por fuera de su realidad, con una salita vaciada que le negaba la atención a quienes estaban tomando el predio. Un Estado presente en materia de abandono.
La cuarentena no fue sinónimo de desastre social como plantearon los sectores liberales y reaccionarios; tampoco la causa del descalabro económico actual. El fracaso de las políticas económicas del gobierno, subordinado al Fondo Monetario Internacional y a los capitalistas, parece estar más cerca de la explicación real.
La lucha contra quienes no tienen nada que ofrecernos
Desde principios de agosto la dinámica de contagios se federalizó a todo el país, lo que evidenció la pérdida de control del sistema de salud respecto de los mismos. A su vez, la aplicación de las medidas quedó librada al criterio de gobernadores e intendentes, muestra de la ausencia de un plan nacional de salud centralizado que contenga el avance del virus y esté al servicio de los intereses de la población.
La realidad es que no hay voluntad política para cuidar de la salud de los argentinos por parte de un gobierno que sigue al pie de la letra lo que le marca la presión y agenda capitalista. En este sentido, el aumento presupuestario en salud y la inversión en recursos estratégicos como los testeos y personal capacitado son menester para evitar una nueva agudización de la pandemia, tal como lo vemos en Europa. Los trabajadores de la salud, hiperprecarizados en el actual contexto, necesitan un aumento salarial con urgencia y la garantía de todos los elementos de protección necesarios.
Los contagios en los lugares de trabajo deben ser reducidos mediante la aplicación de protocolos bajo control obrero, al igual que en los transportes públicos. En la misma línea, $30.000 para aquellos que no tienen ingresos, triplicación del presupuesto para ayuda alimentaria y prohibición efectiva de los despidos y suspensiones.
En este escenario político y ante un gobierno que ataca a los trabajadores por todos los frentes, el acto del 14 de noviembre del Partido Obrero se muestra como un acierto, donde se expresará la lucha por un aumento presupuestario en materia de salud frente a la «nueva normalidad», pero también las que reúne el conjunto del movimiento obrero: el derecho a la tierra y la vivienda; el aborto legal, seguro y gratuito (pospuesto por el gobierno durante 8 meses); el aumento presupuestario para educación. La independencia política tiene la capacidad para llevar adelante estas luchas a la victoria.
Frente a la crisis en curso que se profundiza, hacemos un planteo obrero y socialista que puede sacar a los trabajadores a las calles y cambiar las bases de este régimen explotador.
Lucía Miguez
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