La pretensión del defensor de presentar esos mismos hechos como una secuencia de actos accidentales o involuntarios, para evadir la normativa penal, fue desechada sin contemplación. El abogado defensor, suponemos, debe haber considerado una capitulación profesional reconocer a los hechos como fueron probados, y cuestionar la cadena perpetua como un agravio político y social. Seguirá actuando de la misma manera en todas las instancias de apelación, donde conseguirá el mismo resultado.
Lo ocurrido cuando una movilización de medio millón de personas, en Plaza de Mayo, impuso la anulación de una sentencia de la Corte, que aplicó el 2x1 a un genocida, no ha sido comprendido. Los cinco supremos de aquel momento se atuvieron a una norma jurídica establecida, pero tuvieron que recurrir al procedimiento ilegal de anular su propio fallo por la reacción de la masa del pueblo. El 2x1, después de todo, venía a demostrar la demora interesada del Poder Judicial en dictar sentencia contra los criminales de la dictadura.
Perpetua
La prisión perpetua a los cinco condenados será de cumplimiento efectivo, porque el actual Código Penal no permite la libertad condicional para los casos de homicidio agravado. Los cinco condenados saldrán de la cárcel sólo por razones de edad, después de los 70 años. La figura de la condena perpetua, por lo tanto, implica la liquidación vital de los acusados –es una variante de la propia pena de muerte.
La pena máxima delata el papel punitivo creciente del Código Penal, como consecuencia de un aumento de las penas a través de los años y de la abolición de normas que atenuaban su cumplimiento en función de la conducta de la persona condenada. Es el resultado de la campaña de “mano dura” que reclama no solamente la derecha, y que fue el eje de la campaña electoral de Sergio Massa en 2015.
Cuando Fernando Burlando afirma que los condenados “podrán ser visitados vivos en la cárcel, Fernando ya no”, admite que hubiera pedido la pena capital si ésta se encontrara en vigencia. La perpetua es el recurso que encontró el legislador para conservar la pena de muerte cuando se vio obligado a derogarla. La mayoría de los comentaristas del fallo coincide en señalar que la perpetua priva a los condenados del beneficio de medidas atenuantes como una reducción de pena en función de una conducta positiva, la libertad condicional o la prisión domiciliaria. Es un beneficio que sí tendrán aquellos integrantes del grupo que fueron condenados a penas inferiores.
Código Penal
El código penal es el instrumento de disciplinamiento de una sociedad irrevocablemente dividida en clases. La lucha por la existencia desarrolla un cuadro de violencia general, que se agrava con las crisis económicas y políticas, la fascistización del Estado y las guerras internacionales. El mismo Estado y el Poder Judicial agravan esta situación cuando son permisivos o indulgentes con los delitos de la clase dominante, o cuando admiten cárceles VIP para unos y pabellones promiscuos para otros.
Una de las cosas más grotescas que se han escrito en estas horas es que la sentencia del Tribunal demostraría que la ley se aplica sin distinciones ni discriminaciones –que impera la igualdad ante la ley. Los coimeros del caso Skanska todavía se encuentran en proceso judicial, luego de veinte años. Ocurre lo mismo con Odebrecht y macristas y kirchneristas por el soterramiento del Sarmiento. Cavallo y Sturzenegger salieron airosos de sus delitos por prescripción de causa. En 2018, la Corte Suprema dictó la libertad de un asesino de la dictadura. En el caso Fernando Báez, los asesinos y la víctima se igualan por su condición social de hijos de trabajadores. Los ‘rugbiers’ han sido puestos en la condición de “grupo de tareas”, al imputárseles la alevosía y la conducta premeditada.
El Código Penal tipifica como delitos los métodos de lucha de los trabajadores y las acciones de carácter político, como las manifestaciones, huelgas o levantamientos populares; es lo que ocurrió con los participantes de la movilización de protesta contra la reforma previsional del macrismo, que fuera votada por la mayor parte de quienes integran en la actualidad el Frente de Todos. La democracia capitalista gobierna con el Código Penal; el ejemplo más virulento es Estados Unidos, que exporta su sistema securitario a todo el mundo. Los códigos penales más punitivos son, por cierto, los de aquellos regímenes que han usurpado las grandes revoluciones del siglo XX, desde el stalinismo en adelante. En su condición de usurpadores de una revolución social y política, le temen a ella más que los propios capitalistas. No hay nada más anticomunista que un ‘ex’comunista.
Los defensores del Código Penal sostienen que la prisión prolongada o perpetua protege a la sociedad de la reincidencia. Aplicada en forma consistente, esta norma acabaría convirtiendo a la población carcelaria en la mayoría de la población. La sociedad entera quedaría entre rejas, y se vería obligada a subsistir mediante el trabajo esclavo de los presos. Es la concepción del orden político del nazismo. Estos planteos aberrantes son la expresión de una sociedad a punto de explosión. Es por todo esto que la derecha y la ultraderecha política han saludado el fallo. Del lado kirchnerista, las críticas son minoritarias y no vienen de los dirigentes. El oficialismo ha elegido meter la cabeza en la tierra, no sea que naufrague su operación de juicio político a la Corte.
Están quienes valoran la sentencia de cadena perpetua como “ejemplar”. El fallo sería entonces una advertencia y hasta una amenaza, no solamente contra la sociedad sino también contra los propios proveedores de justicia. Es un planteo macartista. La inocuidad de esta admonición quedó al desnudo el mismo fin de semana previo a la lectura del fallo condenatorio, cuando el país volvió a ser sacudido por incidentes violentos a la salida de boliches. Bajo el capitalismo en decadencia, el ocio es una escenificación grotesca de la violencia social cotidiana. El hacinamiento urbano es reemplazado, por unas horas, por el hacinamiento del boliche; el capataz de la fábrica, por el patovica. La socialización, como acto libre y voluntario, por la lucha de patotas. El Estado pretende erguirse, y se yergue efectivamente, como juez de sus propias felonías.
Marcelo Ramal
07/02/2023
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