En Argentina, el 66% de los niños y niñas son pobres

Dos de cada tres niñas y niños de Argentina (66%) son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos como el acceso a la educación, la protección social, a una vivienda o un baño adecuado, al agua o a un hábitat seguro, según un informe de UNICEF presentado el 15 de febrero. 

 Los datos, basados en la encuesta permanente de hogares (EPH) del INDEC, muestran que en el primer semestre de 2022 el 51,5% de las niñas y niños viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios. Si se suman las privaciones no monetarias previamente mencionadas, el valor asciende al 66%. En total, son aproximadamente 8,8 millones las niñas y los niños que experimentan carencias monetarias o de algunos de los derechos fundamentales. 3,7 millones (28%) enfrentan ambos tipos de privaciones simultáneamente: es decir, 3 de cada 10 chicas y chicos viven en hogares con ingresos insuficientes y, al mismo tiempo, tienen al menos un derecho básico vulnerado. En informes anteriores (20/05/2020) referían que la pobreza afectaba en el segundo semestre de 2019 al 53% de las niñas y niños y que podría escalar al 58,6% hacia fines del 2020, por lo cuál los datos recientemente arrojados dan cuenta de un aumento. 

 Uno de los datos más preocupantes es que nueve de cada diez chicas y chicos en situación de pobreza monetaria viven en familias en las que uno o los dos miembros de la familia trabajan. El 76% de estos niños y niñas viven en hogares donde los adultos tienen trabajos informales o relaciones laborales precarias. A su vez, según este informe, el presupuesto nacional destinado a la infancia en 2023 caerá entre un 13,3% y un 22,2%, según la inflación que se tome.

 Para el mes de enero, el costo de vida que marcó el INDEC fue del 6%, y en CABA el registro apuntó un 7.4%. A esto hay que sumarle el aumento de tarifas. Con respecto a los salarios, las burocracias sindicales (todas alineadas con Massa) apuntan a cerrar acuerdos paritarios del 60% en dos tramos del 30%. Prolifera el trabajo informal para el cuál no hay regulación laboral que alcance. Y desde el ministerio de Desarrollo Social avanzan en los recortes de los planes sociales, que son hoy un paliativo por demás escaso para poder solventar a una familia. Recientemente, el gobierno debió actualizar el tope para las asignaciones familiares de 158.000 a $404.000 para el mes de marzo, dado que se quedaba una gran cantidad de familias trabajadoras afuera del cobro de las mismas. 

 El cumplimiento a rajatabla del acuerdo con el FMI implica un golpe brutal para las familias trabajadoras. El ajuste que pretende imponer Massa y el gobierno y el plan "aguantar" para llegar a las elecciones encuentra su límite con las condiciones materiales de la clase obrera y el rechazo que esta situación despierta.

 Soledad Domínguez 

 21/02/2023