Inclusión Laboral estará vigente a partir del 1 de enero de 2024 Un poco más de 1.200.000 titulares de los programas sociales a nivel nacional pasarán a cumplir con una nueva normativa: una capacitación laboral obligatoria, una certificación del trabajo autogestivo en las unidades de gestión, municipios y empresas y una auditoria de las mismas. También incluiría una inscripción a las bolsas de empleo en cada una de las ciudades. “Queremos que las personas beneficiarias de programas sociales dejen de ser beneficiarias de programas sociales para ser beneficiarias de programas de inclusión laboral”, todo indica que lo primero pasará antes que lo último.
También es parte de la medida retirar el impedimento de las personas con pensión por discapacidad a poder acceder a un trabajo en blanco, aunque no se indica ninguna modalidad ni si la pensión será absorbida por el salario a pagar como sí sucede con los planes.
Como pasa con cualquier medida que toque la ayuda social en el último año, se incluye en el anuncio una buena dosis de demagogia patronal (https://politicaobrera.com/10136-refrito-sergio-massa-re-relanza-el-plan-empalme). En este caso que los empleadores que incluyan titulares de los planes sociales podrán “completar el salario de convenio”, tendrán beneficios impositivos como estar eximidos de cargas sociales por dos años y entraran en una moratoria especial por sus deudas con el Estado.
Preocupación entre propios y ajenos
Al llegarles la noticia, las organizaciones sociales recordaron el intento de pasar los planes sociales en el macrismo por la oficina de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo. Es que el pasaje a las oficinas de la calle Alem implica abrir la puerta a que la administración de los programas pase a manos de sindicatos muy ‘comprometidos’, como la UOCRA y Comercio. El Movimiento Evita, Barrios de Pie como la UTEP dejarán de administrar estos programas en el próximo gobierno.
Completando este panorama el Gringo Castro de la UTEP agregó: “Hasta ahora se han hecho propuestas de ese tipo y nunca prosperaron. Fue a trabajar un porcentaje muy bajo. Hay 1,2 millones de beneficiarios del salario social complementario y capaz que se incorporaron 10 mil.” En línea Eduardo Belliboni del Polo oficialista dijo: “Estamos en estado de alerta y el martes definiremos qué medidas adoptar. Está latente la posibilidad de que de ese modo vayan dando de baja beneficiarios porque cambia el carácter del plan”, “es contrario al concepto de economía popular de las organizaciones oficialistas porque es para el sector privado. Es una presión de las patronales y un negocio para la burocracia sindical que la suelen poner a cargo de estas capacitaciones.” Levantando una defensa de la economía popular por fuera del programa histórico de apertura de fuentes de trabajo que supo levantar el movimiento piquetero durante décadas.
Estas declaraciones tanto de Belliboni como de Castro, que movilizaron conjuntamente en varias oportunidades, tienen el trasfondo de la preocupación de que sucederá con el control de las bajas que es hoy un mecanismo punteril fundamental para las organizaciones tanto de la Unidad Piquetera como del gobierno.
El único que se mostró satisfecho fue Juan Carlos Alderete de la CCC: “Vuelven al lugar que corresponde. Los planes empezaron allí y después se fueron a Desarrollo Social. A nosotros no nos molesta. Lo que sí pedimos es que nos escuchen”, “No lo vemos como una amenaza. Pero del total de beneficiarios no llegan a 400 mil los que están en tareas de las organizaciones, el resto está en gobernaciones e intendencias” concluyo.
A este anuncio en línea con el reclamo de una reforma laboral, se le suman la investigación del fiscal Marijuan por viajes a exterior sobre 160.000 titulares del Potenciar Trabajo y las 140.000 bajas que dicto Tolosa Paz por falta de movimientos bancarios en las tarjetas. Una andada de recortes que apunta a cumplir con los dictámenes del Fondo Monetario.
Leonardo Perna
07/11/2023
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