Mientras es cada vez más acuciante la necesidad que tiene la población de un plan de construcción de escuelas, hospitales y viviendas, Milei anunció que privatizaría la obra pública mediante un esquema “a la chilena”, paralizando miles de proyectos en marcha y poniendo en riesgo centenares de miles de puestos de trabajo. Los antecedentes, tanto en Argentina como en el mundo, son desastrosos.
Para Milei, “si no es rentable para el sector privado, la obra no debe hacerse, ya que usar plata pública para un tendido eléctrico o un camino rural poco transitado es como ‘robarle’ a todos los ciudadanos en beneficio propio”. Más explícita, la futura canciller Diana Mondino sugirió que los vecinos deberían hacer las cloacas si no hay una empresa interesada en hacerlo, en un país donde casi el 40% de los habitantes vive sin acceso a un desagüe cloacal, y cerca de la mitad está sumida en la pobreza. Este cinismo es delincuencial.
En Chile hay dos sistemas que conviven: el de licitaciones (como el que se aplica actualmente en Argentina) y el de concesiones, al que Javier Milei hace referencia. Es un mecanismo por el cual el Estado le entrega al privado la responsabilidad de las obras junto con el derecho de explotar la inversión. Por ejemplo, cuando una empresa hace una autopista recibe el derecho a cobrar peajes por los siguientes 20 a 35 años.
Sin embargo, en Chile al final el Estado terminó subsidiando las obras ejecutadas para que generen utilidades (es decir financiando el lucro privado mediante los fondos públicos) o le extendió a las empresas la explotación de los peajes. Tal es así que en Santiago es cada vez más caro para los automovilistas circular, lo que generó una serie de protestas por el uso del cobro automático y la falta de caminos alternativos de opción gratuita, que obligaron al parlamento chileno a modificar algunos aspectos. Ahora, en el marco de la crisis inflacionaria y el aumento de tasas, los contratistas abandonaron 163 proyectos desde 2021 (63 durante este año), a lo que se suma la quiebra de decenas de empresas y miles de despidos en empresas tercerizadas.
En Argentina se implementó con Mauricio Macri el esquema que se conoció como PPP (Régimen de Participación Público Privada). Consistió en adjudicar obras para la construcción de autopistas a empresas que adelantaban la inversión y luego cobraban en bonos del Estado y con la concesión de los peajes por varios años. La modalidad era leonina porque implicaba un repago a tasas usurarias que derivaban en un altísimo costo financiero para los fondos públicos, mientras que para los usuarios significaba la dolarización de las tarifas.
Bajo el actual gobierno se cayeron las seis concesiones en rutas nacionales que se habían asignado, “debido a que las empresas incumplieron sus obligaciones y solo ejecutaron, en promedio, el 2% del plan de obras”, y que estas “le iban a salir al Estado tres veces más”. Aún así, se capituló ante las empresas mediante una “salida consensuada” por la que el Estado tuvo que pagar montos millonarios y otorgarles beneficios extraordinarios a los capitalistas, muchos de los cuales se encuentran implicados en corruptelas como la Causa de Cuadernos y hasta en el Lava Jato brasileño.
Y ese es el rubro que más lejos llegó, si tenemos en cuenta que las licitaciones que iban a “mejorar la red de transporte eléctrico” fueron finalmente dadas de baja justo antes de salir por el propio gobierno de Macri, en el marco de la suspensión de todos los proyectos tras la corrida cambiaria y la devaluación del peso.
No podía resultar de otra forma. Por aquel entonces algo parecido sucedió en España, donde el gobierno de Rajoy debió asumir pérdidas por al menos 2.500 millones de dólares en 2018. Hasta en el propio Reino Unido, cuna de la privatización de la obra pública mediante PPP, un informe de la Oficina Nacional de Auditoría concluyó que las pérdidas van a significar más de 200 billones de libras, equivalentes a 20 meses de mantenimiento del servicio de Salud Pública de todo el reino. El documento despertó un fuerte revuelo por el encarecimiento impositivo para los contribuyentes de obras de infraestructura, como escuelas y hospitales, creadas bajo esta modalidad.
En medio del ajuste fiscal y el Brexit quebró, endeudada hasta la manija, la multinacional británica Carillion, segunda constructora más grande del Reino Unido, pulverizando miles de puestos de trabajo e involucrando al conjunto de subcontratistas. Sucede que la empresa licitaba obras a precios inferiores a los costos (dumping) para derrotar a la competencia, con la confianza de “superar” este problema una vez a cargo del emprendimiento. El escaso margen operativo de ganancia se trasladaba a los contratistas, y estos lo trasladaban a los trabajadores. El gobierno fue forzado a hacerse cargo de la continuidad de los emprendimientos multimillonarios y del rescate de toda la cadena.
Si la privatización es una salida inviable, sus promotores se abrieron paso en buena medida porque bajo la gestión del Estado capitalista no hay ningún plan de infraestructura para resolver las necesidades de la población. Detrás de cientos de promesas incumplidas, los fondos públicos financian los negociados de la patria contratista, promoviendo un nido de corruptelas que salen a la luz cada tanto, cuando se tiran carpetazos entre una u otra formación política. Los casos de corrupción que envuelven a empresarios K como Lázaro Báez o macristas como Ángelo Calcaterra lo demuestran. De todas maneras, los empresarios que lucran con los sobreprecios y pagan “retornos” quedan siempre impunes, como pasó con la Causa de los Cuadernos. El problema, entonces, es la clase capitalista y la “casta política” que gobierna para ella. Acá, en Chile, o en Inglaterra.
Es solo cuidando su negocio que la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) emitió un documento advirtiendo contra las propuestas de Javier Milei en materia de obra pública. Por eso, la lucha contra los despidos y la privatización de la obra pública no puede quedar atada detrás de los intereses de un puñado de constructoras y financistas.
Debemos enfrentar esta ofensiva privatizadora y exigir la apertura de los libros de todos estos negociados con la patria contratista, para dimensionar el desfalco contra la nación y poner bajo control obrero y popular toda la planificación y ejecución de la obra pública. Es la única manera de resolver las acuciantes necesidades de la población.
Camila García
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