Bukele, que llegó al poder en 2019 posando de outsider, le asestó un nuevo mazazo a los dos partidos tradicionales, el centroizquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y la derechista Arena, que obtuvieron esta vez el 4,2% y el 3,4% de los votos, respectivamente. Otros dos candidatos que en el pasado integraron las filas de Arena también cosecharon registros menores, en tanto que la arquitecta Marina Murillo (Fraternidad Patriótica) se alzó con el 1%.
La elección despertó una gran atención en todo el continente, debido a que Bukele se hizo famoso por su “guerra contra las pandillas”, lanzada en marzo de 2022, con la que presume haber logrado una baja drástica de la tasa de homicidios, de 106,3 a 2,4 por cada 100 mil habitantes. Este es su caballito de batalla y la base de su respaldo popular, ya que El Salvador, como gran parte de Centroamérica, se veía azotado por una crisis de seguridad.
El modelo Bukele sobrevuela hoy como perspectiva en el estado de excepción que se aplica en Ecuador y merece la simpatía de varios gobiernos regionales, incluyendo el argentino, al que el mandatario salvadoreño acaba de ofrecer su cooperación. Pero también Honduras, gobernada por la centroizquierdista Xiomara Castro, recurrió al estado de excepción para el combate contra el delito, lo mismo que Jamaica.
Características
De “excepción”, el modelo de Bukele tiene poco y nada: ya lleva casi dos años de aplicación, en los que la seguridad ha servido como pretexto para barrer con las libertades democráticas de la población. Fueron detenidas 77 mil personas acusadas de pertenecer a grupos pandilleros, lo que llevó a que el país centroamericano tenga una de las tasas de población carcelaria más altas del mundo (el 1,7% de la población). Para aplicar estas detenciones masivas, el gobierno redujo la edad de imputabilidad a 12 años y estableció un criterio laxo para determinar quién pertenece a una pandilla.
Alrededor de 7 mil personas debieron ser liberadas por falta de cargos. “Que nuestra policía ha cometido errores, claro que los ha cometido, por eso nuestro sistema ha liberado a cada persona arrestada incorrectamente”, se defendió Bukele en una reciente conferencia de prensa, lo que no hace más que confirmar que la policía apela a detenciones indiscriminadas. Detiene y –con suerte- después averigua.
Todo esto redunda en un clásico: el verdugueo de los más pobres, el arresto por “portación de cara”. “El temor a la policía sucede principalmente en las zonas más vulnerables, que antes estaban bajo asedio de las pandillas y donde se producen la mayoría de las detenciones”, testimonia Rina Montti, de la ONG Cristosal (La Nación, 4/2). En el período de estado de excepción, además, más de 200 presos murieron en las cárceles, y son incontables las denuncias por torturas, abusos carcelarios y por las condiciones infrahumanas de hacinamiento y detención.
Este es el balance provisional del estado de excepción: redujo el poder de las pandillas, impuso un dominio terrorífico de las fuerzas policiales y militares.
Pobreza y sometimiento
Es importante tener presente esta situación para entender otro aspecto de la realidad salvadoreña, que Bukele obviamente prefiere no publicitar: la situación social se ha deteriorado, sobre todo a partir de la pandemia.
Bukele no dio una salida al hundimiento al que condujeron al país los partidos tradicionales y el imperialismo. Hoy, la diáspora salvadoreña (los 3 millones de migrantes, equivalente a casi la mitad de la población en el territorio nacional) sigue siendo, a través de las remesas, la principal fuente de ingresos de la economía nacional, explicando el 26% del PBI en 2023. La pobreza envuelve a un tercio de los salvadoreños, cifras semejantes a cuando asumió, y en el caso de la pobreza extrema, trepó del 5,6% al 8,7% (La Prensa Gráfica, 24/11/23).
El “empoderamiento” policial y militar está al servicio del disciplinamiento de los explotados. Mientras tanto, más allá de algunos roces verbales con la Casa Blanca, Bukele cumple los dictados financieros y acaba de prometer un acuerdo con el FMI, lo que empujó al alza los papeles y llevó al portal Bloomberg (1/2) a afirmar que “se ha ganado la confianza de los mercados en los últimos 18 meses recomprando bonos (…) y trabajando para refinanciar las obligaciones locales a corto plazo”.
Bukele dejó en pie, además, todo el andamiaje de criminalización del aborto, que está penado con hasta ocho años de cárcel, y que fiscales y jueces en muchos casos tipifican como “homicidio agravado”, lo que lleva las penas hasta cerca de 50 años (Ambito.com, 3/2).
Frente a este escenario, se plantea la importancia de una alternativa política de los trabajadores.
Gustavo Montenegro
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