La realidad es que para tener una visión integral de lo que está ocurriendo con el proyecto reaccionario, el realineamiento de fuerzas y con los golpes recibidos por el gobierno de Milei, no alcanza con mirar sólo lo que sucedía dentro del Congreso con los bloques colaboracionistas y el resto de la oposición. No alcanza con constatar la caída de 280 artículos de una ley de 644. La votación dentro del recinto, durante la tarde del viernes, coincidió por tercer día consecutivo con un despliegue represivo orquestado por Bullrich donde abundaron todo tipo de provocaciones contra una manifestación popular que rechazó masivamente el carácter antiobrero del proyecto oficialista.
Es claro el intento de imponer una democracia de infantería sobre el conjunto de la población, no solamente sobre los que se han movilizado. De la misma manera, la totalidad del movimiento popular ha observado cómo buena parte del peronismo no movió un dedo para que esta ley se cayera. La CGT se conformó con la movilización del 24 y no atinó a darle ninguna clase de continuidad al plan de lucha; por el lado de la CTA y del resto de los sindicatos ligados al kirchnerismo, sólo algunos apenas se asomaron tardíamente con pequeñas columnas. La izquierda, las asambleas populares, el movimiento piquetero, el sindicalismo combativo y artistas (el viernes se realizó un masivo festival de Unidos por la Cultura) fueron los que se mantuvieron en la Plaza a lo largo de toda la semana, marcando un fuerte contraste con la burocracia y los partidos patronales.
Volviendo a lo que ocurría dentro del parlamento, la votación fue tan escandalosa como el resto del tratamiento del proyecto. En primer lugar, se votó sin que se conociera un texto claro. Al igual que cuando se dictaminó, se estuvo literalmente frente a un cheque en blanco; solamente se anunció qué artículos se retiraban y no cuáles fueron las modificaciones que se proponían frente a los más de 300 artículos que quedaron en pie.
De ahí que el gobierno haya estirado durante varios días la sesión, tratando de afianzar los votos que seguía negociando en despachos privados el Ejecutivo con los bloques colaboracionistas; la piedra basal de la precaria aprobación del día viernes. Si bien la rosca viene desde hace semanas, lo que llevó al retiro del capítulo fiscal entre otras supresiones, todavía continúa un tira y afloje entre algunos sectores de la burguesía con clara representación en bloques determinados (esto lo demostró el caso de las azucareras y los diputados peronistas de Tucumán o de los empresarios del bioetanol y algunas bancas cordobesas, o el caso del rechazo a las retenciones por parte del capital agrario o la cuestión del antecedente de capturas entre las empresas pesqueras) y un gobierno que cerró con el FMI un objetivo fiscal que implica recaudar de todos lados y licuar el gasto de manera brutal.
Es este ajuste del gasto lo que empieza a asfixiar las finanzas provinciales, hasta ahora superavitarias incluso frente a un Estado nacional semiquebrado. Los gobernadores son otra de las claves para la aprobación del proyecto y le han puesto precio a sus votos: la coparticipación del Impuesto País, que ya es el tercer tributo que más recauda en Argentina y que va a parar enteramente a las arcas nacionales, aunque una parte debe asignarse “obligatoriamente” al Renabap.
La disputa por este impuesto y por el financiamiento a las cajas provinciales gracias al robo a los jubilados (neteando la deuda del tesoro en manos del FGS) ratifican la caracterización de que los choques por la ley son por el reparto del botín que le quitan a los trabajadores activos y pasivos. Y a los consumidores, a través de un impuesto que se traslada directamente a los precios y a los jubilados, que perderían 37.500 millones de dólares de un saque por un movimiento contable.
En su intervención en el recinto, la diputada del Partido Obrero en el FIT-U, Romina Del Plá, criticó la política de “desendeudamiento” que llevó adelante el kirchnerismo durante una década, sin la cual Milei no podría perpetrar este robo: el vaciamiento de la Anses, valiéndose de sus dólares para pagar deuda externa y dejándole en su lugar bonos del tesoro, fue el primer paso de este saqueo que se quiere aprobar en el paquete de la Ley Ómnibus.
Por otro lado, el capítulo de seguridad pende de un hilo. Es que algunos radicales dudan en apoyar la política represiva que quiere llevar adelante Bullrich, que ya demostró esta semana lo que es capaz de hacer cuando se envalentona en la defensa de los intereses capitalistas. Haber metido presas a cuatro mujeres que cantaban el himno en la vereda (entre ellas una militante radical) o herido de balas de gomas a 25 trabajadores de prensa puede terminar saliéndole caro a una ministra que se empodera reprimiendo pero cuyo protocolo antipiquetes viene fracasando de manera rotunda.
Las privatizaciones y las facultades delegadas completan los temas más polémicos sobre los cuales todavía no hay acuerdo total ni siquiera dentro de los bloques socios del gobierno. El radicalismo, cómplice y pusilánime, tiene resquebrajamientos dentro de su bloque con un Manes que votó en contra de la ley en general y pretende reagrupar más diputados de los que se le contaban inicialmente. El archipiélago de bloques agrupados detrás de la figura de Pichetto también mostró sobradamente su voluntad de acordar, pero los diputados que responden a Schiaretti han estado a la cabeza de las demandas al Ejecutivo para hacer caja.
No es casualidad, entonces, que las primeras empresas que se han dado de baja del proyecto privatizador sean las que dependen del gobierno cordobés y que avancen los rumores acerca de la posibilidad de financiar las cajas previsionales de Córdoba, Santa fe y Entre Ríos.
El problema del gobierno, sin embargo, excede lo que se termine aprobando esta semana. Es que al haber retirado el paquete fiscal, todavía no tiene un plan nítido acerca de cómo llegar al superávit que implica cumplir con el programa del FMI. Sin blanqueo ni reposición de ganancias, depende necesariamente de duplicar el ajuste en un contexto social que se caldea cada día más. Es cantado que el pacto fiscal con los gobernadores que ahora propone tendrá por eje la reposición del impuesto al salario, otro golpe a los trabajadores que buscan imponer Milei y la burguesía.
Era sabido que el plan de guerra de Milei contra la clase obrera no pasaba sin los camiones hidrantes en la calle, lo que no se podía pronosticar era la velocidad con la que todo un sector de trabajadores ha reaccionado y la celeridad con la que está cayendo la confianza en el gobierno. El Partido Obrero estará a la cabeza de la lucha para que caiga todo el plan Milei: el Rodrigazo, la licuación de los ingresos, el DNU, el protocolo represivo y esta nefasta Ley Ómnibus. Esto, tanto dentro como fuera del parlamento, el que sabemos es un nido de rosqueros contrarios a los intereses populares.
Gastón Fux
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