Luego del naufragio de la Ley Ómnibus, el gobierno vuelve a la carga con una versión más acotada de la misma. Presentó el último borrador de la denominada Ley de Bases y del paquete fiscal que la acompaña con el objetivo de consensuarla con la oposición dialoguista y darle tratamiento a fin de mes. La iniciativa comprende un ataque en regla al movimiento popular por medio de reformas antiobreras, remate de activos nacionales y mayor regresividad impositiva.
Respecto de la facultades delegadas, el gobierno resignó siete de las once emergencias que figuraban originalmente, manteniendo la administrativa, económica, financiera y energética. Incluso, la oposición que está dispuesta a acompañar la sanción de esta ley emitió reparos a la cesión de poderes especiales al Ejecutivo, reclamando que se expliquen en detalle cada una de esas delegaciones.
Se trata de uno de los puntos más controversiales de la relación entre Javier Milei y esos espacios políticos, dado que representan a diferentes fracciones de la clase capitalista que miran con desconfianza las aspiraciones bonapartistas del presidente. Estos sectores, si bien coinciden con el espíritu antipopular de la ley, les interesa conservar su poder de lobby al interior del Congreso a través de sus parlamentarios.
Ahora bien, todo el arco político patronal coincide en que la ley debe incluir una reforma laboral flexibilizadora; hasta CFK en su carta se mostró a favor de avanzar en ese sentido. La UCR quedó encargada remitirle una propuesta al oficialismo, en la que contemplaría la extensión del período de prueba a seis meses y el reemplazo de las indemnizaciones por un fondo de cese laboral como en la Uocra. Quieren arrasar con las conquistas históricas de la clase trabajadora y retrotraer las relaciones laborales al siglo XIX; la lucha en defensa de los convenios colectivos de trabajo está a la orden del día. La CGT, en lugar enfrentarla, se sentó con el gobierno a negociar la reforma laboral a cambio de excluir de la ley los articulados que afectan a sus cajas.
El borrador contiene serios ataques a los jubilados. Por un lado, plantea eliminar la moratoria previsional sancionada bajo el gobierno de Alberto Fernández, dejando sin la posibilidad de jubilarse a casi medio millón de adultos mayores que no lograron completar sus años aportes por haber sido víctimas del trabajo informal. A su vez, traslada al Tesoro los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para rematar el patrimonio de los jubilados.
Por otra parte, la ley determina que los empleados estatales de planta permanente de aquellos organismos que se suprimieron o reestructuraron quedarán “en situación de disponibilidad” por un máximo de 12 meses. Si luego de ese período no son reasignados, quedan desvinculados de la administración pública. Como vemos, la normativa prevé perpetuar los despidos en el Estado, dejando miles de familias en la calle.
Un aspecto clave del proyecto es la privatización de empresas públicas. De la nómina original, quedaron Aerolíneas Argentinas; Enarsa; Radio y Televisión S.A.; Intercargo; Aysa, Correo Oficial; Belgrano Cargas; Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado (Sofse); y Corredores Viales. El gobierno pretende abrir nuevas áreas de negocios para el capital extranjero, por medio de una entrega nacional de enorme magnitud. Ni qué decir del reguero de despidos que esta política conlleva.
Por su parte, Nucleoeléctrica Argentina; Banco Nación; Nación Seguros; Nación Reaseguros; Nación Seguros de Retiro; Nación Servicios; Nación Bursátil; Pellegrini S.A.; y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) solo podrán ser convertidas a sociedades mixtas. Recordemos que la intención de privatizar del Banco Nación generaba malestar en buena parte de la burguesía nacional (como por ejemplo Techint) que se beneficia de préstamos que brinda la entidad a tasa subsidiada; y lo mismo vale para YCRT, a cuya privatización se oponía el gobernador de Santa Cruz en pos de evitar que su provincia se convierta en un hervidero social.
En cuanto a los hidrocarburos, la normativa estipula que el Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir o fijar sus precios de comercialización en el mercado interno. Un regalo a las petroleras, que si se aprueba la ley podrán equiparar los precios internos a los internacionales más elevados, generando una enorme presión sobre las tarifas y los combustibles.
El apartado fiscal, titulado “ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, apunta a aumentar la presión fiscal sobre los trabajadores -contrariando la promesa de campaña del gobierno- y otorgar rebajas impositivas para los empresarios.
Por un lado, figura la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, con un mínimo no imponible (MNI) de $1,8 millones brutos ($1,4 millones netos) para los solteros y de $2,2 millones brutos ($1,8 millones netos) para los casados con hijos. Como vemos, los trabajadores que logran salarios superiores a la línea de pobreza se verán confiscados por este gravamen. Además, la actualización del MNI se realizará, por inflación, una sola vez al año, haciendo que, durante ese período, con el correr de las paritarias se sumen grandes contingentes de trabajadores a tributar dicho impuesto.
En contraste, la Ley de Bases prevé exenciones impositivas de todo tipo para los capitalistas, mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y el blanqueo de capitales. A su turno, se busca premiar el fraude laboral a través de beneficios a los empleadores que registren a sus trabajadores.
Fue retirado de la propuesta oficial la suba de impuestos al tabaco frente a la presión ejercida por un sector de las patronales. Como vemos, para alcanzar la meta fiscal del FMI al gobierno no le alcanza con incrementar la carga impositiva sobre los trabajadores y procede a afectar a algún sector capitalista, desencadenando todo tipo de choques. Esas disputas provocaron la caída de la Ley Ómnibus y siguen presentes con la Ley de Bases.
Otro punto de conflicto es de la desregulación de la actividad económica, dado que existen patronales que temen perder los beneficios del intervencionismo estatal.
Como vemos, a pesar de que en esta oportunidad el gobierno apeló a la negociación con los mandatarios provinciales y los jefes de bloque para recoger su adhesión, la aprobación de esta nueva ley tampoco está garantizada porque prevalecen los choques en el seno de la burguesía, ya que ningún ala quiere pagar los costos de una reestructuración económica ante la bancarrota nacional. Este es el trasfondo de la crisis política a la que asistimos.
Mención aparte merece la oposición patronal, que no objeta la ley por su contenido antiobrero sino en nombre de los intereses de diferentes sectores empresariales. En esta denuncia incluimos al peronismo, que, contando con la cantidad de diputados suficiente para convocar sesión y enterrar definitivamente el DNU reaccionario, lo deja correr mientras se encuentra negociando con el gobierno a través de sus gobernadores.
Los trabajadores tenemos que aprovechar esta “crisis por arriba” para intervenir con nuestro propio programa. Ganemos las calles para tirar abajo la Ley de Bases y derrotar la ofensiva del gobierno.
Sofía Hart
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