Se conoció la noticia del fallecimiento de Santiago de Estrada, quien comenzó su extensa carrera política como funcionario del gobierno de facto de Onganía, puesto que retomó tras el golpe de Estado del 1976 y conservó hasta el fin de la dictadura, y, posteriormente, ocupó cargos públicos bajo los mandatos constitucionales de Alfonsín, de Menem y de Macri. Siempre actuando como articulador entre poder político y la cúpula de la Iglesia Católica. De hecho, se ganó el apodo de “El Obispo” por sus vínculos cercanos con la jerarquía eclesiástica.
Perteneciente a una familia de fuerte raigambre clerical -su padre fue de uno de los fundadores de la Universidad Católica Argentina y se desempeñó como embajador argentino en el Vaticano durante el gobierno de Arturo Frondizi-, Santiago de Estrada fue nombrado como subsecretario de Seguridad Social bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía, gracias a su inserción en los círculos católicos.
Tras la caída de Onganía, de Estrada retomó su actividad como abogado y se convirtió en asesor del sindicato de Seguros, cuyo secretario general, José Báez, era vicepresidente del Partido Justicialista. Precisamente, su estrecha relación con la burocracia sindical peronista le permitió volver a la Secretaría de Seguridad Social, esta vez, de la mano del gobierno dictatorial de Jorge Rafael Videla.
De Estrada mismo narró cómo logró codearse con los golpistas: “previo al golpe del ‘76 hubo una serie de reuniones (en las que participó) entre dirigentes sindicales y militares que no estaban en el gobierno pero… bueno, no digo preparando el golpe, pero sí en función del clima…” (Mallimaci, Fortunato, p.9). Lo anterior ilustra cómo la burocracia sindical del PJ, en pos de frenar un ascenso obrero que desafiaba su autoridad, propició la instauración de la dictadura más sangrienta de la historia argentina.
El caso de Santiago de Estrada ejemplifica cómo la Iglesia Católica, además de haber oficiado de soporte ideológico de la dictadura, también colaboró con ella aportándole funcionarios de su propio riñón. De Estrada permaneció al frente de la Secretaría Seguridad Social durante todo el período dictatorial, sin embargo, con el retorno de la democracia, lejos de recibir condena por su participación en el gobierno genocida, el presidente electo Ricardo Alfonsín lo nombró como embajador argentino en el Vaticano.
Es la expresión de cómo la democracia trazó una línea de continuidad con la dictadura, rescatando en gran medida su andamiaje jurídico y económico, manteniendo intacto el aparato represivo y los servicios de inteligencia y reciclando buena parte de su personal político, a fin de preservar los mismos intereses de clase que prevalecieron durante el terrorismo de Estado.
En su nuevo rol, de Estrada afianzó sus lazos con los cuadros eclesiales del Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina. Esa imbricación en el poder eclesiástico fue valorado por Carlos Menem, quien lo volvió a nombrar como secretario de Seguridad Social ni bien asumió en la presidencia. Si bien renunció a su cargo en 1991, participó como asesor en la creación de la AFJP que tanto perjudicó a los jubilados argentinos.
En 1998 regresó al gobierno como subsecretario de Desarrollo Social. Allí, “Los compromisos de De Estrada con las posiciones episcopales de la Iglesia tuvieron sus efectos rastreables en la gestión, por ejemplo, en materia de salud sexual y reproductiva. De Estrada era quien decidía qué proyectos se aprobaban y cuáles eran rechazados o demorados. Ese poder le permitía controlar el flujo y obstaculizar los proyectos que involucraban algún contenido de educación sexual autónomo para las mujeres” (Ídem, p.12). Esta política antiderechos es un botón de muestra de cuán enraizada ha estado la iglesia en las diferentes esferas estatales bajo los sucesivos gobiernos y cuál es el alcance de esa injerencia en la vida social. La mayoría de los gobiernos han puesto agentes del clero al frente de Desarrollo Social, en función de tercerizar la asistencia social en las iglesias, empoderando así a estas usinas reaccionarias. Sin ir más lejos, hoy tenemos como titular de esa cartera a Pablo de la Torre, representante del Opus Dei, que viene de obstaculizar el derecho al aborto en su paso por la Secretaría de Infancia y Familia del distrito bonaerense de San Miguel.
Posteriormente, fue electo legislador de CABA por una alianza conformada por los partidos Acción por la República, de Domingo Cavallo, y Nueva Dirigencia, de Gustavo Béliz, que luego eclosionó. Al poco tiempo, recaló en las filas de Compromiso para el Cambio, partido que impulsó la candidatura a jefe de Gobierno de Mauricio Macri en 2003. Desde su banca en la Legislatura se dedicó a hacerle favores a la iglesia, como por ejemplo, votó a favor de descatalogar una casona Flores que formaba parte del patrimonio histórico protegido para que la parroquia instalada allí no tuviera que enfrentar un juicio por haberla demolido sin autorización; así como también, rechazó una ley que buscaba restringir el derecho de admisión en los colegios privados, convalidando las prácticas discriminatorias que ejercen las escuelas confesionales.
En 2015, Santiago de Estrada fue nombrado secretario de Culto del gobierno presidencial de Cambiemos -desde donde intentó limar las asperezas entre Mauricio Macri y el Papa Francisco-, dejando su puesto en 2018, previo al tratamiento de la ley IVE en el Congreso. Renunció, no sin antes escribir un artículo elogiando al expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, por haber vetado en su momento la ley que legalizaba el aborto en su país.
Como podemos ver, murió un enemigo de los derechos de las mujeres y diversidades, reaccionario en toda la línea, lobista de la iglesia, cómplice de los crímenes cometidos por dos dictaduras, sobre cuya figura desplegaron un manto de impunidad todos los gobiernos constitucionales que lo alojaron como funcionario.
Su amplio prontuario como nexo entre el poder político y la iglesia muestra hasta qué punto el primero necesita de los servicios financieros y de anestesiamiento social que proveen las instituciones religiosas para hacer pasar sus ataques contra el pueblo. Por lo tanto, la lucha contra este régimen de explotación involucra la pelea por separar iglesia del Estado.
Sofía Hart
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