La reducción del gasto que se conseguiría con esta medida es, sin embargo, muy reducida –según la propia ANSES alcanzaba el 0,2% del PBI. Todavía en el gobierno, Sergio Massa se había comprometido a bajar este costo por la vía de la eliminación de los subsidios estatales a los servicios públicos.
La moratoria –que no fue la primera en la Argentina-supone que el propio jubilado es el encargado de financiar los aportes faltantes cobrando haberes menores por periodo de hasta 120 meses; es decir que se hace cargo de la política patronal de contratación por fuera de las leyes laborales, convenios colectivos, en negro o bajo modalidades precarias –lo cual esta alcanzado al 50% de la fuerza de trabajo. También de despidos o suspensiones masivas. El desfinanciamiento de las cajas jubilatorias es mayor con las exenciones favorables a la clase capitalista, incluyendo la disminución de los aportes bajo el gobierno de Menem-Cavallo.
Bajo estas condiciones, solo están en condiciones de jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones.
La moratoria del 2023 fue acogida por 800 mil trabajadores –unos 2 millones de trabajadores- pero luego se fueron estableciendo un incremento en las condiciones necesarias para poder acceder, buscando satisfacer los reclamos del FMI. Por el momento, lo utilizaron efectivamente unos 400 mil. Según datos publicados por la Secretaría de Seguridad Social, el 80% de las jubilaciones dadas de alta -396.330 de 488.490- requirió de una moratoria.
De derogarse la moratoria, un trabajador debe completar los años adeudados obligatoriamente –si tiene las posibilidades de hacerlo-o resignarse a cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo que hoy es de $207.026 ($ 137.026 más los $ 70.000 del bono). Para acceder esta prestación se requiere tener 65 años de edad tanto en varones como mujeres, demostrar estar en situación de ‘vulnerabilidad social’, es incompatible con pensiones por viudez y no considera si hubo años efectivamente aportados. También se pierde la pequeña reducción de los requisitos para mujeres a quienes se le reconoce tareas de cuidado por hijo. Esta es la meta de fondo de la clase capitalista: desarticular los regímenes jubilatorios progresivamente estableciendo una pensión universal de miseria que financia también en forma decreciente y que es desindexada brutalmente de la inflación. Como contrapartida, reflotar los sistemas de jubilación privados administrados por grandes fondos de inversión, los que tiran los hilos del gobierno “libertario”.
La violación sistemática a los derechos jubilatorios es la que ha generado una alta litigiosidad y esta derogación no será la excepción.
La ley votada en el 2023 fue rechazada por la oposición macrista al gobierno del Frente de Todos, pero recibió el apoyo de algunos radicales y de la CC, quienes hoy están cuestionado en el Congreso el apoyo a la derogación de la moratoria pero en nombre de “reducir los costos laborales para fomentar el empleo en blanco”. Esta es la base de la “modernización” laboral que se quiere incorporar a la ‘ley de bases’, que tendría entonces una amnistía generalizada a la clase capitalista por haber infringido todas las leyes laborales.
Toda esta masacre jubilatoria está comprendida en el paquete de ‘reforma laboral’ que la CGT está pactando a espaldas de todo el movimiento obrero con el gobierno, mientras anuncia un lejano paro nacional para el 9 de mayo.
Emiliano Fabris
13/04/2024
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