Esta nueva ley aprobada por el Parlamento es una respuesta a la última traba jurídica al plan que el exprimer ministro, Boris Johnson, lanzó en mayo de 2022, siendo que el Tribunal Supremo de Gran Bretaña lo frenó un año después al considerarlo ilegal. La adopción de esta nueva versión, calificada como “histórica” por el primer ministro británico, es una advertencia, según Sunak, de que “si alguien llega de forma irregular, no se podrá quedar”.
Según se dio a conocer públicamente, Gran Bretaña pagó 25 millones de dólares al gobierno de Ruanda para cubrir los costos de procesamiento, además de los 150 millones de financiación para el desarrollo ya pagados. Esto eleva el costo inicial hasta el momento en por lo menos 175 millones de dólares. El proyecto que impulsó la Administración de Sunak es visto con consternación por entidades humanitarias de la Comunidad Europea. La ONU pidió que reconsideren el plan y se apeguen a “medidas basadas en la cooperación internacional y el respeto de los Derechos Humanos”. Uno de los temores de Naciones Unidas es que tenga repercusiones negativas a escala mundial en materia de “reparto de responsabilidades y protección de los refugiados”. Kay Marsh, directora de medios y defensa de la organización benéfica Samphire, afirmó que los barcos no se detendrán: “Veremos más muertes, veremos que se corren riesgos más peligrosos. Definitivamente no actuará como un elemento disuasorio, nada más lo ha hecho”. El diario londinense The Times publicó una información en la que aseguraba que Reino Unido había propuesto a los gobiernos de Botswana, Costa de Marfil, Costa Rica y Armenia firmar pactos similares al que ya tiene con Ruanda.
Muerte en el Canal de la Mancha
Más de 6.200 personas pasaron desde principios de 2024 de forma clandestina de las costas francesas a las británicas en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha, lo que equivale a un incremento de más del 20 % con respecto al mismo período del año pasado. En ese contexto y pocas horas después de la aprobación de la ley, cinco migrantes, entre ellos una niña de cuatro años, murieron el martes al intentar llegar a las costas británicas desde Francia, en una embarcación que transportaba a 110 migrantes.
El sistema de asilo británico se encuentra congestionado por las demandas. Según un balance concluido en junio de 2023 y publicado recientemente en un informe parlamentario, un total de 215.500 solicitudes de asilo estaban esperando respuesta. De esos expedientes, 138.000 esperaban una primera respuesta a su solicitud.
La prohibición y la represión a los migrantes viola un derecho democrático fundamental: el derecho de asilo, el derecho a la protección para quienes escapan a la opresión y la miseria social. La caducidad del derecho de asilo es una manifestación mayúscula de la decadencia de la democracia burguesa. La represión al movimiento migrante no sólo atestigua la crisis de sus países de origen, sino también de destino, o sea, la decadencia del capitalismo. Contra la Cortina de Hierro del capital, defendamos la solidaridad internacional de los trabajadores y de los seres humanos en su conjunto.
Sergio Escalas
24/04/2024
No hay comentarios.:
Publicar un comentario