La muerte de Contreras despierta una justa alegría en muchos. Nos hacemos parte de este sentimiento. Porque bien muerto está uno de los máximos responsables de la represión en Chile, ya que el Mamo Contreras era la mano derecha de Pinochet y el responsable de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), organismo encargado de la represión política entre 1974 y 1977.
Pero es cierto que aún quedaba mucho por pagar, cumplir sus condenas y no en las cárceles de lujo que la Concertación construyó para los violadores a los derechos humanos, sino que debería haber terminado sus días en una cárcel común.
El Mamo fue responsable de miles de detenidos desaparecidos, torturados, exiliados, relegados, exonerados. Sus más de 500 años de condena representan una pequeña parte del castigo que le corresponde por haber estado al frente de la DINA, que infiltró a las organizaciones de izquierda, que armó montajes como la Operación Colombo, que se encargó del asesinato de Carlos Prats y Letelier, entre tantos otros crímenes.
Si, el Mamo Contreras fue condenado, pero estuvo detenido en las cárceles que la Concertación mandó a construir, especiales para los violadores a los derechos humanos, cuidados por los propios militares, disfrutando de privilegios especiales. El Mamo, igual que otros detenidos en esas cárceles, fue el responsable de las torturas que recibieron miles de hombres y mujeres, que fueron vejados, colgados, violados, golpeados y tratados brutalmente, por oponerse a la dictadura cívico militar de Pinochet.
Las cárceles de lujo que les construyó la Concertación
Punta Peuco fue creado en 1995, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando Soledad Alvear era Ministra de Justicia, mientras el Penal Cordillera fue creado en el gobierno de Ricardo Lagos. Ambos estaban bajo administración del ejército.
En 2012 se conoció un informe indignante sobre las condiciones de estos penales, cárceles de lujo llenas de privilegios, donde los reclusos tenían habitaciones propias, baño privado, refrigerador, computador, televisor, internet y otras prebendas. Los mismos violadores de derechos humanos que encerraban a prisioneros políticos en la dictadura en piezas de 1 metro por 1 metro, donde no podían siquiera acostarse, los que aplicaban electricidad para obtener información, los que golpeaban brutalmente a hombres y mujeres, disfrutaban su reclusión con bibliotecas, patios e incluso lugares para hacer asados. Algo similar ocurría en el Penal Cordillera, donde había cinco cabañas o casas con dormitorio, baño, cocina, sala de estar, teléfonos y televisión con cable. Incluso contaban con cacha de tenis, lugares para hacer asados y “atender” invitados. Ese fue el “castigo” de la justicia a los máximos violadores de los derechos humanos.
La impunidad de la transición y la postdictadura
Cuando Pinochet murió, no había estado ni un día preso. Murió impune. Con el apoyo de sus amigos de la derecha y la defensa acérrima de los militares. Con el agradecimiento a la Concertación, que lo trajo de vuelta desde Londres cediendo a las presiones de la derecha y los militares. La justicia patronal, la misma que en dictadura se calló ante las violaciones de derechos humanos, que cerraba procesos o los enviaba a fiscales militares, que no aceptaba recursos de amparo ni los pedidos de justicia de las víctimas y familiares, nunca lo condenó. Si lo tuvo que hacer con el Mamo Contreras y otros militares emblemáticos, como Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Pedro Espinoza, Álvaro Corbalán y otros, además por la enorme presión y lucha que dieron los organismos de derechos humanos para conseguir justicia. Pero aun así, otros cientos y miles de militares siguen libres, igual que sus colaboradores civiles, los que entregaron o fueron parte de las torturas, los médicos que asistían en esas sesiones, entre otros.
El reino de la impunidad
Un informe del año 2013, a 40 años del golpe de Estado, indicaba que solo 62 militares y represores estaban detenidos por violaciones a los derechos humanos. Una burla.
Es que la política de impunidad y reconciliación fue uno de los ejes de la transición pactada a la democracia, cuando los partidos de la Concertación, la derecha y los propios militares negociaron los acuerdos para el traspaso del poder. Así, las propias manos manchadas de sangre de Pinochet entregaron la banda presidencial a Aylwin. Se aceptó que siguiera siendo comandante en jefe y luego senador designado. Se armó el informe Rettig, que se centró en la reparación pero no en la justicia. Aylwin impuso la doctrina de “justicia en la medida de lo posible” y dar vuelta la hoja. Todo, para mantener el sistema económico que se impuso en dictadura, sus leyes del trabajo, su política de privatización de la salud y la educación, entre tantas cosas. Se trataba de que los trabajadores y el pueblo volvieran a confiar en las instituciones de la democracia para ricos, en los militares, en la justicia patronal, en los partidos políticos patronales.
Poco cambió durante esos gobiernos, salvo algunos gestos, un nuevo informe, en este caso sobre represión y tortura, conocido como informe Valech bajo el gobierno de Lagos, pero que dejó bajo secreto los testimonios, ayudando a que no se divulgaran los nombres de los represores. Todos quisieron dar por terminada la transición y decir que la justicia estaba hecha. Los juzgados se reactivaron después de la detención de Pinochet en Londres y se dictaron algunas condenas, pero casi siempre se repetían los mismos nombres. Ni Bachelet, menos aún Piñera, cambiarían esta situación.
Abajo todas las herencias de la dictadura
El 2011 permitió abrir un fuerte cuestionamiento a la herencia de la dictadura en la educación. Se reabrió el debate sobre el código laboral anti obrero que impuso José Piñera en 1979. Se comenzó a cuestionar las AFP, las políticas económicas, a exigir cambios. Llegó Bachelet nuevamente, hablando de reformas y aplanadoras, que rápidamente empezó a negociar con la derecha y los empresarios, quedando solo las sombras de los anuncios. El 2013 hubo fuertes debates sobre os 40 años del golpe. Pero en derechos humanos, parecía que todo estaba tranquilo. Se dictaban algunas condenas, poco más.
Sin embargo, la reapertura del caso “quemados”, a partir de las declaraciones de un ex conscripto que reconoció lo que siempre dijo Carmen Gloria, una de las víctimas, abrió nuevamente el debate sobre las políticas de impunidad, sobre los pacos de silencio del ejército, sobre los archivos ocultos de la dictadura, sobre las pocas condenas que existen a los violadores a los derechos humanos. La huelga de hambre de los ex presos políticos de la dictadura, desnudó que incluso la supuesta reparación fue falsa, señalando que hoy cobran pensiones de hambre mientras los violadores a los derechos humanos como Contreras y otros, cobran pensiones millonarias. Carmen Gloria Quintana y Verónica Denegri, madre de Rodrigo Rojas, denunciaron las políticas de la Concertación y la derecha, como responsables de haber instalado la impunidad y exigen que los militares entreguen información, como también que los condenados sean trasladados a cárceles comunes Además, sigue rigiendo un “pacto de silencio”.
La lucha por verdad y castigo
La herencia de la dictadura sigue en pie. Cuestionada, en crisis, pero aún perdura. Hay que terminar con ella. En la educación, en la salud, en las políticas laborales, en la justicia.
Contreras murió, pero muchos otros violadores a los derechos humanos siguen vivos, en la cárcel de Punta Peuco y con grandes beneficios. Mientras tanto otros cientos o miles están aún libres y activos. La derecha ha tenido que alejarse de la figura del dictador, pero en sus filas aún hay muchos que fueron funcionarios de la dictadura, mientras la mayor parte de ellos defendió y defiende la dictadura hasta hoy.
Hay que avanzar en verdad y castigo. Todos los responsables de violaciones a los derechos humanos tienen que terminar presos, en cárceles comunes, sin privilegios.
Natalia Cruces
No hay comentarios.:
Publicar un comentario