Los trabajadores de General Motors de São Jose dos Campos ingresaron en huelga por tiempo indefinido el pasado 10 de agosto para enfrentar 798 despidos anunciados por la patronal. "Es la huelga más fuerte que tuvimos en 16 años, con paralización total de las actividades", declara el presidente del Sindicato de Metalúrgicos de San José y la Región, adscripto a Conlutas, Antonio Macapá. Al cuarto día de huelga, mil personas (incluyendo los despedidos, sus familiares y obreros de otras plantas) protestaron frente a la empresa y marcharon a San Pablo. La decisión de General Motors no es un rayo en cielo sereno. La Volkswagen de Taubaté (San Pablo), por ejemplo, amenaza con 500 despidos a partir de septiembre y un congelamiento salarial.
General Motors alude a la caída de las ventas, la 'falta de competitividad' del complejo industrial, el 'excedente de personal', para dejar atrás la política de suspensiones. Los anuncios de despidos masivos expresan el fracaso prematuro de la Política de Protección del Empleo (PPE) de Dilma Rousseff, que habilita a las empresas a reducir un 30% los salarios a cambio de no realizar despidos en un plazo de dieciocho meses. Las patronales lo consideran insuficiente: "no salva la vida de un sector que viene operando, en promedio, con la mitad de la capacidad instalada" (Valor, 13/8). Las patronales avanzan también en un proyecto que generaliza la práctica de la tercerización laboral. Los sindicatos reclaman una reducción de las horas de trabajo del 20% y ofrecen una reducción del 10% de los salarios, lo que fue rechazado por las patronales. Habrá despidos masivos. En la última protesta frente a General Motors se escucharon reclamos por la reducción de la jornada laboral sin afectar el salario, la prohibición de envío de utilidades al exterior por parte de los pulpos automotrices, y la estatización de las empresas que despidan.
Gustavo Montenegro
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