El pasado 8 de junio tuve el honor de acompañar al entonces ministro de finanzas griego, Yanis Varoufakis, a un encuentro privado en Berlín con el ministro alemán de finanzas, Wolfgang Schäuble. La reunión empezó con un gesto de buen humor cuando el señor Schäuble ofreció a su colega un puñado de Euros de chocolate: “para sus nervios”. Yanis los compartió con los circunstantes, y dos semanas después tuve un segundo honor, que fue ofrecer mi moneda de chocolate a un tercer (ex)ministro de finanzas, el profesor Giuseppe Guarino, decano de constitucionalistas y autor de un impactante librito (La verdad sobre Europa y el Euro: Un ensayo, disponible en italiano AQUÍ) sobre los Tratados europeos y el Euro.
La tesis del profesor Guarino reza como sigue:
“El 1 de enero de 1999 se perpetró un golpe de estado contra los Estados miembros de la UE, contra sus ciudadanos y contra la propia UE. El ‘golpe’ no se dio por medio de la fuerza, sino con astucia fraudulenta… por medio de la Regulación 1466/97… El papel asignado por el Tratado (Artículos 102ª, 103 y 104c) al objetivo de crecimiento perseguible por la actividad política de los Estados miembros… es eliminado y substituido por un resultado, a saber: equilibrio presupuestario a medio plazo.”
Consecuencia directa de ello:
“Las instituciones democráticas contempladas por el orden constitucional de cada país no sirven ya a propósito ninguno. Los partidos políticos no pueden ya ejercer la menor influencia. Las huelgas y los cierres patronales dejan de tener el menor efecto. Las manifestaciones violentas causan daño adicional, pero dejan intactas las predeterminadas directrices políticas.”
Esas palabras fueron escritas en 2013. ¿Puede alguien dudar hoy de su exactitud y de su perfecta aplicabilidad al caso griego?
Es verdad que los gobiernos griegos anteriores a 2010 gobernaron pésimamente, que entraron en el Euro bajo falsas premisas y que luego ocultaron el déficit y la deuda del país. Nadie discute eso. Pero obsérvese que cuando llegó la austeridad, el FMI y los acreedores europeos impusieron a Grecia un programa dictado por las doctrinas del equilibrio presupuestario y la reducción de la deuda que incluía: a) profundos recortes en el empleo y en los salarios públicos; b) una drástica reducción de las pensiones; c) una reducción del salario mínimo y la eliminación de derechos laborales básicos; d) drásticos y regresivos aumentos de impuestos; y e) liquidación privatizadora de activos públicos.
La conexión de ese programa con el crecimiento y la recuperación en Grecia era de todo punto fraudulenta. Superando dudas internas, el FMI hizo público un pronóstico, según el cual el programa costaría a Grecia un recesión de sólo un 5% del PIB, con una duración de dos años y plena recuperación para 2012. El caso es que la economía griega colapsó bajo esa presión, se contrajo más de un 25% y, cinco años después, no hay recuperación a la vista. De modo que Grecia ha perdido todo un año de producto anual y ha asistido a la práctica aniquilación de sus más importantes instituciones sociales. A finales de 2014 se hallaba en deflación por sobreendeudamiento, no en recuperación.
El fracaso del programa de los acreedores se llevó por delante en Grecia a tres primeros ministros: George Papandreu, Lucas Papademos y Antonio Samaras. También se llevó por delante todo el orden político, hasta entonces dominado por Nueva Democracia y el PASOK. Y así, en enero de 2015, el pueblo griego eligió a un nuevo gobierno, una coalición izquierda-derecha entre dos partidos que nunca antes habían tocado poder, SYRIZA y ANEL, y que sólo tenían en común el compromiso de cambiar de políticas en Grecia, dentro del Euro y dentro de Europa.
El nuevo gobierno no solicitó más ayuda financiera. El gobierno siempre entendió que el país tenía que vivir con sus propios medios para avanzar. Aceptó elementos importantes del programa previo en lo tocante a impuestos y administración pública. Lo que pidió, principalmente, es respeto por unos derechos laborales garantizados en todos los demás países europeos, protección de los pensionistas con bajos ingresos, una gestión razonable de la privatización y un alivio de la destructiva austeridad y de las deudas insostenibles.
¿Y cuál fue la respuesta? Los acreedores europeos y el FMI recibieron las propuestas griegas con hostilidad, obstrucción y rechazo. Los gobiernos de Finlandia, los Estados bálticos y Eslovaquia, por razones ideológicas. Los de España, Portugal e Irlanda, por miedo a los efectos sobre su política interna. Italia, Francia y la Comisión expresaron simpatía, pero hicieron menos que poco. El ministro Schäuble concretó las opciones: o bien Grecia se adhería plenamente al programa previo, o bien abandonaba el Euro y tal vez la Unión Europea.
Desde el comienzo mismo, esa posición se sostenía con amenazas. A finales de enero, el Presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, de visita en Atenas, amenazó a Grecia con la destrucción de su sistema bancario. El 4 de febrero, el BCE revocaba una dispensa que permitía a los bancos griegos descontar deuda pública, lo que provocó un lento pánico bancario que culminó a finales de junio. Entretanto, Grecia hizo pagos por un monto de 3 mil quinientos millones de Euros como signo de buena voluntad. Cuando el gobierno griego, frustrado y batido, recurrió al referéndum, los acreedores tomaron represalias cerrando los bancos e imponiendo controles de capitales. Cuando el pueblo griego se mantuvo firme y dijo “No”, las represalias aumentaron y en julio el gobierno estaba ya de rodillas.
Desde entonces, en tres ocasiones –la última, el pasado 13 de agosto— se ha obligado al Parlamento griego a aprobar paquetes legislativos dictados desde Bruselas y Berlín. La legislación incrementa regresivamente los impuestos a las ventas mientras que elimina la retención de impuestos a las transferencias exteriores de capital. Recorta pensiones –en algunos casos, por debajo de los 100 euros al mes— y sienta las bases para ulteriores recortes venideros. Sienta las bases para la profundización en los recortes en curso en el sector público, en la sanidad, en la educación y en los salarios, así como para la liquidación de numerosas empresas privadas, para una nueva oleada de desahucios y para la privatización a cualquier precio –durante 30 años— de los activos públicos restantes, incluido suelo propiedad del Estado griego. Arrebata a los griegos áreas clave de la responsabilidad pública, incluidas las estadísticas presupuestarias y la recaudación fiscal, para ponerlas bajo la autoridad de los acreedores. Entrando en el detalle de la estructura de la economía griega, la lista de los cambios impuestos es muy larga.
Los Tratados europeos dicen que la Unión Europea se funda en el principio de la democracia representativa. Hay incluso un “principio de subsidiariedad” que sostiene que las decisiones deben tomarse en los niveles de gobierno más próximos posible a los afectados. Pero dentro de la Eurozona eso se ha invertido ahora. Grecia es una colonia: sus díscolos ciudadanos han sido desposeídos, y la plaza será “modernizada” contra su voluntad. Quienes no puedan soportarlo, no tienen otra opción que la de irse o rebelarse de nuevo; y quienes no hagan ni una cosa ni otra, probablemente recaerán en la profunda depresión psicológica que prevalecía antes de que el ascenso de SYRIZA insuflara efímeras esperanzas en el país.
Para las fuerzas progresistas del resto de Europa, y especialmente para las más jóvenes, estos hechos significan un difícil desafío. Las esperanzas de un cambio negociado dentro del euro han sido sometidas a prueba con resultados brutales. La existencia de una dictadura tecnocrática en la Eurozona es ahora un hecho obvio para todo el mundo. Los votantes del siguiente país que se rebele contra el control asfixiante de las políticas de la Eurozona tomarán nota. Que Grecia fuera obligada a explorar los medios para salir, pesará en las experiencias futuras, porque con un mejor conocimiento y una planificación de las contingencias –planificación que se hará ahora habitual y más o menos explícita para cualquier movimiento de oposición que contemple seriamente la posibilidad de llegar al poder—, el coste de hacer esa transición, aparentemente prohibitivo para los griegos esta pasada primavera, bajará.
En lo inmediato, la derrota griega ha debilitado a la fuerza ascendente en el siguiente país que va a celebrar elecciones: el joven partido español anti-austeridad y pro-europeo Podemos. Pero el efecto en Irlanda, menos atrapada en el Euro, podría ser diferente. Irlanda comercia con el Reino Unido y con los EEUU, y no tiene los mismos vínculos emocionales con Europa que España o Grecia. Y luego el escenario se desplazará a Italia, aún en recesión y políticamente volátil, y a Francia, que cuenta ya con un fuerte partido anti-Euro en la derecha, el Frente Nacional de Marine LePen.
Esas consecuencias políticas mantendrán en tensión al Euro, lo que se agravará con el fracaso en curso del régimen neoliberal. Parece, así pues, probable que, en algún momento, en algún país, el Euro se rompa. La decisión de iniciar una ruptura podría venir tanto de la izquierda como de la derecha. En cualquier caso, tal decisión se llevará por delante, como pasó en Grecia, las estructuras políticas previas. Una ruptura, de ir mal, podría incluso empeorar las cosas. Qué vaya a ocurrir con la Unión Europea, es cosa que nadie puede siquiera conjeturar.
La propuesta del profesor Guarino es tratar de salvar a Europa –es decir, a la Unión Europea— derogando las ilegítimas regulaciones que ahora la estrangulan. Refundar la Unión conforme a la letra y el espíritu de los Tratados que fueron usurpados en 1999. Esos tratados dejaban firmemente sentada la prioridad del crecimiento económico y del principio de una soberanía democrática tan valedera para países dentro como fuera del Euro. Principios que no tienen la menor aplicación práctica dentro de la actual Eurozona.
¿Es posible reformar el Euro? El caso griego convencerá a muchos de que no. Y si la alternativa son salidas desordenadas e incontroladas precipitadas por países sometidos a tensiones extremas y a convulsiones políticas, entonces tal vez lo sabio sería preparar un nuevo sistema, un sistema que pueda, llegado el momento, substituir el Euro por un esquema multidivisa más flexible pero todavía controlado. Y no se trata de ninguna idea extravagante. Después de todo, el patrón oro que colapsó en 1933 fue substituido en 1944 por un sistema así, concebido en Bretton Woods.
De lo que se trata es de tener el trabajo hecho, antes de la irrupción del caos.
James K. Galbraith es profesor de gobierno y relaciones empresariales en la Escuela Lyndon B. Johnson de Asuntos Públicos de la Universidad de Texas. Presidente de la Association for Evolutionary Economics, su último libro publicado es "Inequality and Instability" , una soberbia investigación empírica y teórica sobre el capitalismo de nuestros días. Está actualmente terminando de escribir un libro intitulado The End of Normal (El final de la normalidad).
James K. Galbraith
The American Prospect
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