En México los casos de desaparición forzada van en aumento, la militarización y la disposición de fuerzas armadas en las calles han reforzado este fenómeno, ¿qué hay detrás del discurso político sobre “inseguridad” que busca avalar la militarización?
Lejos de que -como postula el discurso oficial- el enorme despliegue policiaco y militar haya frenado la “inseguridad” en nuestro país, ha provocado el aumento de los crímenes de lesa humanidad que quedan impunes en México, entre ellos la desaparición forzada.
Ésta, es una de las formas más crueles de atacar al pueblo trabajador y de dejar clara la amenaza del gobierno en contra de las luchas sociales. Su crueldad impone incertidumbre y temor, es una manera de generar en la sociedad el sentimiento de inseguridad con que el mismo Estado, que lo provoca, busca legitimar la implantación de fuerzas armadas en el país.
Control sobre rutas comerciales
El fenómeno de militarización en México se incrementó con la llamada “lucha contra el narcotráfico”, en un contexto de criminalización de los latinos por parte del gobierno de Estados Unidos, a partir del que se amuralló casi toda la zona fronteriza, haciendo casi imposible pasar por tierra al otro lado.
Al mismo tiempo se militarizó la zona, como ya había ocurrido antes con la frontera sur de México, por parte de Estados Unidos, en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio entre: México, Estados Unidos y Canadá.
Gracias a las facilidades legales impuestas por el Tratado, Estados Unidos adquirió la ventaja de intervenir abiertamente en las vías comerciales al interior del Estado mexicano; estas rutas comerciales son también las rutas de tránsito de drogas ilegales, cerrando un negocio que se extiende a redes de trata y corrupción que van más allá del mero comercio ilícito de droga.
El gobierno de Estados Unidos ha asumido el papel de gendarme sobre México, de jefe que decide qué se hace y qué no, qué mercancía pasa y cuál no, de quién sí y de quién no.
En una política de poder económico y de fuerza militar, el narcotráfico y el gobierno resultan socios comerciales. El “Chapo” Guzmán, por ejemplo, se convirtió en uno de los más buscados narcotraficantes después de la anunciada muerte del “Señor de los cielos”.
El gobierno del norte ordenó su captura y ofreció millonaria recompensa por la misma, es por ello que la segunda huida de Guzmán de la cárcel, significó un duro golpe a la credibilidad del gobierno mexicano a los ojos de Washington.
Control armado de la explotación de recursos
México es lugar de tránsito de mercancías y la principal fuente de mano de obra barata para las empresas estadounidenses, bajo la aprobación del mismo gobierno mexicano.
Las recién aprobadas reformas estructurales, ponen al alcance de empresarios rapaces la mano de obra y recursos naturales del país, cuyas leyes y aparato gubernamental favorecen al empresariado nacional y extranjero, en detrimento de la población trabajadora y sus derechos sociales.
Aunado a esto, el gobierno mexicano ha ido implantando el escenario policiaco-militar para frenar toda lucha social contra la precarización y violación de los derechos de la población.
Esto a través de la aprobación del protocolo de actuación policial para el control de multitudes, de la ley de movilidad social, etc., y de los medios de “información” que sirven para criminalizar las protestas y demonizar de quienes salen a luchar. Incluyendo en esto a quienes impulsan medios independientes y alternativos.
Es un hecho que el gobierno invierte cantidades exorbitantes para mantener a raya la protesta mediante las fuerzas armadas. Esto mientras que da carpetazo a toda investigación de los crímenes de lesa humanidad desde los tiempos de la “guerra sucia”. Como aquí mencionamos, no hay justicia para los desaparecidos y sus familias ni castigo para los culpables.
El gobierno ataca los intentos de formación de autodefensas, como es el caso de la aprehensión de Néstora Salgado, líder de la policía comunitaria de Guerrero. Asimismo, hostiga a los zapatistas en Chiapas.
Las cifras
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Mario Patrón, menciona que en los últimos ocho años el Centro ha contabilizado más de 26 mil casos de desaparición forzada, entre los que se encuentra el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el padre de dos de ellos, y luchadores sociales opositores del régimen como Edmundo Reyes y Rosendo Radilla.
Para evitar que estos crímenes -junto con todos aquellos cometidos por el Estado- vuelvan a suceder y se mantengan impunes, es necesario impulsar la más amplia movilización en las calles contra el régimen y sus instituciones, encabezada por los organismos de derechos humanos y los sindicatos que se reclaman opositores y democráticos, e imponer una investigación verdaderamente independiente que exija la aparición de los desaparecidos y el juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales.
Tania Vonki
México, D.F.
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