La capacidad de reorganización popular, articulación y crecimiento de luchas sociales en Colombia durante los últimos años no tiene un precedente cercano en la historia del largo conflicto social y armado que se ha escrito a sangre y fuego el último medio siglo sobre los diversos territorios del país cafetero. Es notable que este fenómeno de ascenso de luchas se de en medio de la profundización de la represión, injusticia social e intensificación de la violencia política que desentona con los actuales diálogos de paz con las insurgencias, evidenciando la bipolaridad del gobierno de Juan Manuel Santos.
Tras la apertura neoliberal de 1991 y la consiguiente militarización de los territorios bajo la doctrina militar de la “seguridad democrática”, instaurada para “pacificar” violentamente las regiones y dejarlas servidas al capital transnacional, las organizaciones sociales, lejos de abandonar la lucha o bajar los brazos, vienen construyendo movimientos y plataformas nacionales de carácter plural, interétnico e intersectorial que se suman a la larga tradición de lucha del pueblo colombiano.
De esta manera, expresiones como el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica se han venido posicionando en el escenario nacional e internacional como fuerzas sociales y políticas con posibilidades de modificar con el conjunto del movimiento social en el mediano plazo, la desigual balanza de poder que actualmente profundiza el modelo de despojo en medio de cortinas de humo de falsa democracia, sostenidas por el poder militar y mediático de las élites que, con el apoyo del imperio norteamericano, hasta el momento han manejado el país a su antojo en función de intereses particulares de acumulación desmedida.
En este proceso de alianzas y reorganización popular, las y los jóvenes colombianos, a través de sus redes juveniles y estudiantiles, han asumido con protagonismo y responsabilidad la construcción colectiva junto a diversas organizaciones populares, con la finalidad de recuperar el horizonte de sentido de un proyecto de país para la vida digna del pueblo colombiano. En ese empeño, debido a su dinamismo y compromiso con los caminos de la transformación social, han sido constantemente perseguidos, criminalizados y señalados como “enemigo interno” por parte del Estado.
Es en este contexto se enmarcan las detenciones masivas, montajes judiciales y juicios políticos que recientemente han golpeado una vez más a las organizaciones sociales y populares para desestabilizar y frenar el tejido social, político y comunitario al que se han venido articulando como respuesta al modelo de saqueo y vaciamiento de derechos que impera en el país.
La situación de las once personas detenidas
Un mes ha transcurrido desde la detención masiva y privación de libertad de once integrantes del movimiento social Congreso de los Pueblos en Colombia. Su detención, el pasado 8 de julio en Bogotá, fue presentada inmediatamente por el presidente Juan Manuel Santos, la policía, la fiscalía y los medios masivos como captura de miembros de la guerrilla del ELN y responsables de la detonación de petardos en la capital.
Sin embargo, durante el primer mes de audiencias de imputación de cargos en privación de libertad, ninguna prueba presentada vincula a estos jóvenes con los hechos por los que se les condenó políticamente, violando los derechos al debido proceso y presunción de inocencia, lo cual evidencia el carácter de persecución política que subyace a estos recurrentes prácticas de montajes jurídicos por parte del Estado, conocidas en Colombia como “falsos positivos judiciales”.
El irregular proceso que se lleva adelante ha derivado en que el pasado 29 de julio, la jueza dicte medida de aseguramiento con detención carcelaria para todos los y las detenidas, por considerarlos “peligro para la sociedad”. La jueza no tuvo en cuenta la situación individual de cada uno y tampoco explicó las razones para considerar la situación de peligro para la sociedad.
Ha sido tan irregular y desproporcionada la medida que la misma Procuraduría, que durante la imputación de cargos solicitó también junto a la fiscalía medida de aseguramiento para todos, cambió su posición ante la decisión de la juez y planteó su desacuerdo con la manera en que la jueza tomó la medida. A su vez, los abogados defensores presentaron un recurso de apelación y ahora el juez de la segunda instancia tiene 30 días para pronunciarse.
Mientras tanto, las y los jóvenes que se desempeñaban en sus organizaciones como defensoras de derechos de las mujeres, miembros del movimiento estudiantil, líderes agrarios y periodistas alternativos, han sido trasladados a la cárcel Modelo y Buen Pastor, donde se suman a los cerca de 9.500 presos políticos que existen en el país.
Durante todo este tiempo, familiares, amigos, compañeros de estudio y defensores de derechos humanos han acompañado a los y las detenidas con plantones y manifestaciones culturales frente a los juzgados y han lanzado una campaña por redes sociales en contra de los montajes judiciales y la criminalización de la protesta social. El fuerte tejido social de los movimientos colombianos e internacionales ha apoyado y rodeado a los y las jóvenes y al trabajo de sus organizaciones.
La visibilización y el respaldo internacionalista ha despertado solidaridades desde diversos países, elevando un contundente mensaje de repudio y rechazo a este tipo de arremetidas que buscan intencionalmente incriminar, perseguir y deslegitimar el trabajo y proyecto político del movimiento social.
Javier Castellanos
Integrante del Congreso de los Pueblos – Capitulo Argentina
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