Se puede decir que no hubo "luna de miel" para este tercer gobierno del Frente Amplio.
El 6 de agosto se realizó el primer paro general de 24 horas en Uruguay, apenas cinco meses después de iniciado el gobierno de Tabaré Vázquez. La central sindical (PIT-CNT) está dominada por corrientes oficialistas; sin embargo, no tuvo más remedio que convocar (por resolución unánime de su Mesa Representativa) a esta medida de fuerza ante las "pautas salariales" del gobierno para la negociación colectiva, que pretenden "desindexar" los salarios -ajustándolos por debajo del dudoso índice de precios oficial. El paro también enfrenta los recortes en las inversiones estatales, la reducción de puestos públicos (eliminando vacantes) y los anuncios de un presupuesto de austeridad para el quinquenio.
El ministro de Economía, Danilo Astori, había anunciado hace meses que, dada la crisis internacional, deberían cortarse inversiones que ya estaban en curso -lo que de hecho fue aplicado, provocando un aumento del desempleo en la construcción. Estos recortes provocaron la reacción sindical y el inicio de una disputa en el seno del propio Frente Amplio.
Tabaré Vázquez intentó desactivar la creciente oposición interna con un anuncio de inversiones, pero a poco de analizar esos números queda claro que la inversión pública caerá alrededor de un 20% respecto del gobierno anterior, y la inversión privada son una serie de proyectos de dudosa implementación y que además requerirían garantías y endeudamiento estatal.
La producción industrial ha sufrido una caída y las exportaciones vienen cayendo a partir de la crisis internacional. El déficit fiscal alcanza el 3,5% del PBI y tiende a agravarse con el aumento del desempleo y la caída industrial. Las reservas del BCU son la garantía frente a los usureros internacionales para intentar mantener la calificación internacional de la deuda uruguaya y evitar una suba de intereses.
A diferencia de los recién electos gobiernos de Brasil y Chile, en Uruguay el gobierno no aparece jaqueado por una crisis política. La oposición de derecha está dividida y desmoralizada. En este contexto es desde la izquierda que el gobierno sufre la mayor oposición, provocando incluso crisis internas dentro del Frente Amplio. Un ejemplo es la reciente renuncia de la presidenta del FA, Mónica Xavier (PS), por los grupos que aparecen como "oposición interna" al astorismo. Estos grupos (el MPP de Mujica, la lista 711 de Sendic y el PCU) controlan la mayoría de la bancada parlamentaria oficialista. Esto no los hace menos impotentes frente a Astori -sostenido por Vázquez y favorito del FMI y los grandes empresarios- pero los obliga a tomar distancia constantemente del ministro y en esa medida a generar un desgaste al propio FA.
La oposición de izquierda es todavía embrionaria, y se manifiesta en paros, marchas masivas, huelgas, donde se destaca el proceso de los trabajadores de la enseñanza y los gremios estudiantiles. El 20 de mayo se realizó una gigantesca marcha contra la impunidad a los represores de la dictadura. El pasado 17 de junio se realizó, por primera vez en toda una década, un paro general estudiantil. Diversos sindicatos de la educación están realizando paros de 48 horas y se anuncia una huelga de los docentes de secundaria de Montevideo.
El paro general se inscribe en este proceso. En un sentido es una pulseada de la burocracia sindical con "su gobierno" y también una acción preventiva poniéndose a la cabeza de una creciente protesta, que intentan evitar que desborde los controles de la central sindical.
El paro general fue el más masivo en mucho tiempo. El PIT-CNT afirma que hizo huelga un millón de trabajadores. El transporte estaba prácticamente vacío durante todo el día. El consumo de electricidad el día del paro fue similar al de un sábado. Sin embargo, la central sindical convocó a un paro pasivo, sin movilización y sin perspectivas de continuidad. Pese a ello, en ciudades de interior (como en Rivera) se realizaron marchas y actos, y también algunas acciones en algunos barrios de la capital.
El PIT-CNT no considera entablar una lucha de conjunto por un salario mínimo nacional, sino que busca "mejorar las pautas del gobierno" para luego dividir al movimiento obrero en decenas de negociaciones por rama, donde es claro que las patronales van a negar todo aumento salarial. Es una política de atomización y desmoralización de los trabajadores.
Los dirigentes del Frente Amplio buscan desactivar la huelga docente, o al menos aislarla si no logran evitarla. El PT plantea la necesidad de dar continuidad al paro general, que fue un plebiscito contra el ajustazo del FMI. Impulsamos la solidaridad con la inminente huelga docente y un nuevo paro general activo de 36 horas, para quebrar las pautas salariales del hambre y el achique del Estado, por aumento del presupuesto de la enseñanza y por un salario mínimo nacional de 30 mil pesos, como lo plantearon los docentes.
Rafael Fernández
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