“Carreteras abiertas a los gringos: gobierno va a retirar la exigencia de que empresas nacionales encabecen consorcios”, en las licitaciones para nuevas construcciones, como estaba previsto. Así abría su sección económica, la semana pasada, el conservador diario “O Globo”, el más importante de Rio de Janeiro. A esto se sumaba la propuesta del senador José Serra, del también conservador Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), cuya figura más destacada es el expresidente Fernando Henrique Cardoso. Serra proponía eliminar la exigencia de que Petrobrás tuviera una participación mínima de 30% en todas las inversiones de las enormes reservas del pré-sal, en las costas brasileñas.
Con el gobierno debilitado por el estancamiento económico y por los escándalos de corrupción, el vacío político ha sido ocupado por la oposición y por los grupos más conservadores de la amplia coalición armada por el gobierno en el Congreso.
En medio de una crisis, que lo ha dejado sin sustentación en la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Eduardo Cunha, se ha transformado en líder opositor, el gobierno ha encontrado apoyo en el presidente del Senado, Renan Calheiros.
Miembro del mismo partido de Cunha –ambos son del PMDB, un conglomerado electoral que agrupa los más diversos intereses– e incluidos ambos en las listas de los beneficiados con los escándalos de corrupción que afectan a los principales grupos políticos del país, Calheiros puso sobre la mesa un programa de cerca de 30 medidas que le dio aire a las negociaciones con un gobierno, y que está acosado por Cunha. Empeñado en descarrilar los necesarios esfuerzos de poner orden en el gasto público, Cunha ha insinuado también su disposición para facilitar la votación del impeachment de la presidente, que podría ocurrir si no se aprueban las cuentas de la campaña electoral del Partido de los Trabajadores (PT).
Pero el programa de Calheiros solo contribuye a alinear el gobierno con un proyecto privatizador al que se suma la desregulación de las inversiones en tierras costeras, territorios indígenas y áreas históricas, entre otras medidas.
Acorralado
De cierto modo, todas las propuestas resumen el clima de la política en el país. Con el gobierno acorralado, entregado a los planes de ajuste y austeridad desde que la presidente anunció el gabinete para su segundo mandato, a principios de año, no hay base de sustentación para defender otro tipo de políticas.
Miles de personas salen a las calles, como el pasado domingo 16 de agosto, para pedir la salida del gobierno de Dilma, sin faltar los que añoran el regreso de los militares al poder, como ocurrió en 1964.
Por su parte, los movimientos sociales miran con desconfianza el papel de figuras en el gabinete identificadas con las políticas a las que siempre se han opuesto.
Uno es Joaquim Levy, ministro de Hacienda, identificado con las políticas neoliberales, representante del sector bancario y entusiasta de las propuestas de privatizaciones y recortes del gasto público, para cuya aplicación fue convocado por la presidente.
Otra cara de esas políticas es la de la ministra de Agricultura, Katia Abreu, representante de los agronegocios, para quien, en Brasil, no hay problema de latifundio, a pesar de que las cifras del Instituto de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) indican que las “grandes propiedades” (poco más de 130 mil, por lo general de más de mil hectáreas) acaparan el 55,8% de las tierras, mientras que el minifundio y las pequeñas propiedades (casi 4,7 millones) ocupan menos de 23% de las tierras.
Con la economía estancada –el año pasado el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0,1% y este año debe tener un crecimiento negativo de alrededor de 1,0%– la caída de las exportaciones (principalmente debido a la baja de los precios de las materias primas como la soja o el mineral de hierro), y una caída aun más abrupta de las importaciones debido al menor crecimiento económico, el gobierno ha optado por un ajuste recesivo para hacer frente a las deudas y a un plan de obras públicas para inyectar recursos en la economía. Para eso cuenta con las grandes empresas constructoras, principalmente dos de ellas –Odebrecht y OAS–, cuyos expresidentes están en la cárcel por su responsabilidad en el modelo de corrupción que se ha instalado en el país. Obras que ahora se pretende hacer más atractivas para el capital extranjero, como lo señalaba el titular de “O Globo”.
El escándalo llamado Lava-Jato, que afectó la petrolera brasileña Petrobrás, reveló un saqueo que algunos cifran en dos mil millones de dólares.
Chico Alencar, diputado federal del PSOL, afirmó que en los últimos cinco años la “corrupción sistémica” costó más de cuatro mil millones de dólares a las arcas fiscales.
Zuenir Ventura, columnista de “O Globo”, recordó que, según estudios de organismos de Naciones Unidas, si los miles de millones de reales desviados de los fondos públicos por actos de corrupción permitirían multiplicar por tres las inversiones federales en salud o educación.
Contradicciones
El estancamiento de la economía, la caída de los precios de exportación y el aumento del déficit fiscal pusieron sobre la mesa un debate sobre las formas para enfrentar la crisis.
Citado por la BBC, el profesor de Finanzas João Luiz Mascolo, estimó que lo que está matando el enfermo “es la falta de remedio”. Mascolo recordó que “para mantener la deuda pública estable se necesita un superávit de, por lo menos, 2,5% del PIB. El 1,1% prometido por el gobierno era poco, pero el actual, de 0,15% es insignificante. No es ajuste, es desajuste”, aseguró, antes de pedir un ajuste fiscal “duro y serio”.
Datos oficiales divulgados la semana pasada indican que, en Brasil, 71.440 personas –que representan 0,05% de la Población Económicamente Activa– tienen una renta mensual superior a 160 salarios mínimos. “Esa élite de ‘intocables’ –dijo Chico Alencar– concentra 14% de la renta total y 22,7% de la riqueza en bienes y activos financieros” en el país.
Esta misma semana los informes sobre los resultados de los bancos en el primer semestre del año señalaban que sus ganancias crecieron más de 40%, comparados con el primer semestre del año pasado. La tasa de interés del real es una de las más altas del mundo.
En ese contexto, la opción elegida por la presidente Dilma Rousseff para enfrentar la crisis le restó apoyo en las bases del Partido de los Trabajadores (PT), sobre todo la organización sindical y el Movimiento de los Sin Tierra (MST).
"El panorama es de crisis y total desorden”, dice el periodista Eric Nepomuceno.
“Brasil vive una ‘crisis de hegemonía’, en que no hay fuerzas políticas con propuestas consistentes y capaces de darle algún rumbo al país”, afirma, por su parte, Mario Osava, de la agencia IPS.
“La crisis que atormenta a los brasileños es básicamente política y no permite vislumbrar una salida. Es el fin de un ciclo, según variados análisis, pero no hay indicios de que se esté gestando algo nuevo”, agrega.
“El Gobierno se retrae, no reacciona políticamente ni moviliza a los movimientos sociales y a los sectores que podrían apoyarlo en el enfrentamiento a esta ofensiva conservadora que hará que Brasil retroceda años en su trayectoria de lucha contra las desigualdades y sus vulnerabilidades, y de construcción de un país más justo”, opinó, por su parte, Samuel Pinheiro Guimarães, Ministro Jefe de la Secretaria de Asuntos Estratégicos durante el gobierno de Lula y ex-alto Representante-General del MERCOSUR.
Gilberto Lopes
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