Pocas horas después de que Mauricio Macri se consagrara presidente, el diario La Nación publicó una editorial titulada “No más venganza” en la que llama a terminar con los juicios en los que se investigan los crímenes de la última dictadura cívico-militar
Un nuevo editorial del diario La Nación cuestionó los juicios y las condenas a los represores, procesos a los que califica con el eufemismo de “venganza”. Reiteró el pedido de impunidad para los responsables del genocidio de clase perpetrado entre 1976 y 1983 y compara a las organizaciones armadas que actuaron en los ’70 con los responsables de los atentados en París del pasado 13 de noviembre.
“Reconciliación, indultos y amnistías”
Éste fue uno de los títulos de los editoriales publicadas por La Nación entre el 16 y el 24 de agosto último, desde donde llamaba al próximo gobierno que resultara electo a la “reconciliación nacional” y la “pacificación” con los genocidas.
También este diario fue el vocero de las reuniones que se realizaron, con esos mismos objetivos, en las universidades privadas Di Tella, San Andrés, la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Fundación Hannah Arendt dirigida por Elisa Carrió. En la UCA fue convocante nada menos que Monseñor Jorge Casaretto, obispo de Rafaela durante la dictadura, y allí asistieron, entre otros, la senadora nacional del Frente Cívico por Córdoba Norma Morandini, quien tiene dos hermanos que desaparecieron en 1977.
En el editorial de ayer la dirección del diario cita algunos de los planteos que Morandini realizó en esa reunión. Enterada de cómo se la citó en el texto, la senadora repudió el editorial y sostuvo que es erróneo la interpretación que se hacen de sus declaraciones. Sostuvo que ella ha “peleado para evitar la idea de los dos bandos y paradójicamente me vuelven a poner en este editorial”. Y agregó que no cree “en los dos demonios, creo que acá hubo un solo demonio que ha sido la violencia política. Participé en un debate en la UCA y hablé de la reconciliación con nosotros mismos, no con los represores, no estoy pidiendo el fin de los juicios”. Sin embargo participó también del debate realizado en la UCA sin cuestionar su contenido ni sus objetivos.
Los juicios en cuestión
Los editorialistas de La Nación reprochan “el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad”. Sin embargo distintos organismos de derechos humanos independientes del Estado han denunciado los privilegios con los que cuentan en la cárceles esos mismo genocidas, como es el caso de Miguel Etchecolatz (hay indicios de que fue él y su entorno son los responsables de hacer desaparecer en 2006 al testigo Jorge Julio López).
El último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sostiene que en las 147 sentencias dictadas desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, 57 acusados resultaron absueltos. Desde que se anularon esas leyes 2166 personas, entre civiles y militares, fueron imputadas o investigadas por crímenes de lesa humanidad: 1065 están detenidas, 753 en libertad, 59 están prófugas y 280 murieron impunes antes de ser juzgados. Entre los detenidos, 587 se encuentran alojados en dependencias penitenciarias, 7 en hospitales y 13 en recintos de fuerzas de seguridad, 441 tienen el beneficio del arresto domiciliario.
Estos datos desmienten la versión que intentan imponer los autores de la editorial. 441 detenidos por genocidio gozan de arresto domiciliario.
La tribuna mitrista
La Nación fue uno de los medios de comunicación que apoyaron el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Al día siguiente del asalto a la Casa Rosada, el 25 de marzo, el diario publicó un editorial en el que el golpe era caracterizado como “el gran cambio”. Allí se plantea que “la crisis ha culminado. No hay sorpresa en la Nación ante la caída de un gobierno que estaba muerto mucho antes de su eliminación por vía de un cambio como el que se ha operado (...) Todos sabemos que se necesitan planes sólidos para facilitar la rehabilitación material y moral de una comunidad herida (…) por la magnitud de la tarea por emprender la primera condición es que se afiance en las FF.AA. la cohesión con la cual han actuado hasta aquí”.
Los Mitre apoyaron el golpe militar al tiempo que fueron parte del negociado mafioso y terrorífico de Papel Prensa, que llega hasta la actualidad con la plena vigencia de la sociedad entre Clarín, La Nación y el propio Estado como dueños de la empresa que fue arrancada bajo torturas al Grupo Graiver.
La causa judicial por Papel Prensa está paralizada hace años, pero el fiscal Leonel Gómez Barbella presentó un escrito donde plantea que “Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y Herrera de Noble utilizaron violencia moral a fin de generar temor en las víctimas y así lograr el resultado pretendido, que en efecto era ilegítimo”. “Les imputo a los nombrados el haber obligado mediante intimidación al grupo Graiver y sus allegados, víctimas identificadas precedentemente, a suscribir tres convenios cuyos objetos fueron la transferencia del capital social de la empresa Papel Prensa S.A. a favor de la Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Argentino (AGEA) y La Razón Editorial Emisora Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria”, afirma el fiscal.
Los editoriales de La Nación persiguen la amnistía para sus socios del golpe y para que persista la impunidad que gozan Bartolomé Luis Mitre y compañía.
Repudió de personalidades de derechos humanos y trabajadores de prensa
Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y referente del CeProDH y del PTS, en diálogo con La Izquierda Diario sostuvo que “La Nación fue el primer diario que festejó el asesinato de mis viejos. Publicó un comunicado con la versión de los militares donde se reivindicaba el operativo de las Fuerzas Armadas argentinas y uruguayas. Ese operativo incluyó el asesinato de mis padres, mi secuestro y el del resto de los militantes que estaban con ellos”.
Barry agrega que “esa publicación dio lugar a la campaña de prensa que hicieron conmigo, a mis tres años, para legitimar el asesinato de mis viejos y justificar los objetivos del golpe militar. Valiéndose de esta información la ex Editorial Atlántida, junto a los marinos de la ESMA, planificaron lo que ellos llamaban ‘operaciones de propaganda y medidas de acción psicológica sobre la población’, para legitimar el accionar del terrorismo de Estado. Publicando fotos mías en las tres revistas de esta editorial: Somos, Gente y Para Tí, me mostraban como una víctima de mis padres, a los que llamaban, igual que ahora, terroristas, fabricadores de huérfanos”.
Desde los 13 años Barry lucha por encarcelar a los militares que asesinaron a sus padres y la secuestraron, pero también a los empresarios civiles que fueron parte del plan genocida. “En la causa que llevo adelante contra los civiles están Samuel ’Chiche’ Gelbung y Héctor Damico, quien durante años fue secretario de redacción del diario y hoy ocupa el cargo de director de comunicaciones corporativas”, afirmó.
La militante del CeProDH concluyó diciendo que “en este diario continúan los mismos hombres que fueron autores intelectuales del genocidio. Al revés de lo que pregonan, son ellos los que tendrían que estar presos en cárcel común junto al resto de los genocidas. Aunque el triunfo de Macri les da nuevos aires para continuar planteando la reconciliación y la amnistía con los genocidas, lo cierto es que los empresarios, que idearon y colaboraron con la dictadura, reciben protección por parte de la Justicia y el Estado, que facilitan que las causa contra ellos no avancen. Nuestra lucha continua por encarcelar a todos los militares, miles de los cuales siguen en funciones en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Nuestro mensaje es claro: enfrentaremos en la calles, en forma independiente como todos estos años los avances de impunidad, y como lo seguiremos haciendo por la aparición de Julio López”, concluyó Barry.
Por su parte los trabajadores del diario, al ver el escándalo generado por el editorial publicado por la patronal para la que trabajan, se reunieron ayer en asamblea y resolvieron rechazar la editorial.
Por su parte la diputad nacional del PTS-FIT y abogada en causas de lesa humanidad, Myriam Bregman, también manifestó su rechazo al editorial de La Nación y expresó que “los editorialistas del diario La Nación no pierden un minuto para reclamar impunidad. Huelen que hay una derechización de la situación política y quieren aprovecharlo ya”. Y agregó que desde el Frente de Izquierda “venimos denunciando esta política enfáticamente, ya que se vienen desarrollando diversos encuentros aplaudidos por el diario La Nación donde familiares de desaparecidos se reúnen con familiares del General Larrabure, con la bendición de monseñor Jorge Casaretto, reivindican las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos y se reclama una amnistía”.
La diputada sostuvo que “comenzó la pelea para imponer una nueva ideología predominante”, y subrayó que “el objetivo de máxima que buscan es que se paralicen todos los juicios contra los genocidas; el más directo es que no avancen las causas contra los civiles. Detrás están los intereses de los afectados por las causas de Papel Prensa, Pedro Blaquier, Vicente Massot de La Nueva Provincia y la ex Editorial Atlántida, que ya vienen obteniendo una serie de fallos que son verdaderos sobreseimientos encubiertos. Integran la lista empresarios como los de Ford o Mercedes Benz”.
Bregman expresó su preocupación por las expresiones de ayer del presidente electo Mauricio Macri, quien al ser consultado por los juicios de lesa humanidad dijo que garantizará “que la Justicia tendrá la independencia para continuar con su tarea”. Ella replicó que “Macri sabe que esa postura implica impunidad. Precisamente contra esa Justicia corporativa, llena de privilegios y lazos con los genocidas es la que hemos peleado todos estos años, es la que deja libre a los responsables civiles del genocidio, a los criminales de la Triple A y tantos otros. Hace pocos días nomás, mientras con mi compañero Nicolás del Caño exigíamos que se abran todos los archivos de la represión y se investigue a fondo, el bloque del PRO se negó a votar en Diputados que se ponga en pie una comisión para determinar quiénes fueron los actores económicos que contribuyeron o se beneficiaron con la dictadura cívico militar”.
Por último Bregman dijo que “vemos necesario poner en pie una campaña que denuncie y realice acciones para enfrentar esta nueva política de reconciliación impulsada una vez más desde las máximas jerarquías de la Iglesia católica, sectores empresarios y políticos. Este es nuestro camino, como siempre”.
Rosa D´Alesio
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