Brasil, quizás, está a la vanguardia de la ofensiva que los terratenientes, las petroleras, mineras y los gobiernos de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Chile, etc.) están impulsando con saña y represión para expulsar a las comunidades indígenas de sus territorios y apropiarse de los mismos. Se podría decir que estamos ante una nueva “conquista”, la tercera, después de la primera que desarrollaron los ‘colonizadores’ españoles y portugueses en el siglo XVI y de la que luego llevaron adelante los gobiernos criollos post independencia ocupando grandes extensiones territoriales. Las comunidades indígenas sobrevivientes fueron encerradas en reservas, generalmente en zonas desérticas (Patagonia) o selváticas (Matto Grosso). Esta tercera ‘conquista’ en marcha viene de la mano de la ofensiva del capital financiero imperialista y del gran capital ‘nacional’ para obtener ‘permisos’ de extracción petrolera (Vaca Muerta) o minera, o extender la frontera agrícola para el cultivo de la soja.
El gobierno golpista de Temer viene de entregar la reserva natural de Renca (46.500 km2) en el Amazonas para su explotación a mineras de Cánada y China (Clarín, 1/9). Hay decenas de denuncias del accionar de ‘garimpeiros’ (individuos aventureros mineros) que en forma clandestina buscan minerales en zonas de reserva, atacando a indígenas cuando éstos bloquean sus planes. En el colmo del cinismo, el gobierno Temer ha decidido concesionar todo el territorio, entregándolo directamente a grandes pulpos mineros internacionales, para… ‘mejor poder controlarlos’.
Crecientes ataques a indígenas
Lo concreto es que los ataques a las comunidades indígenas se han incrementado notablemente. Los terratenientes financian la constitución de milicias parapoliciales que 'aplican la ley’ contra las comunidades indígenas por su cuenta. Esto, con la vista gorda del gobierno Temer que en su momento, nombró a Osmar Serraglio, ministro de Justicia y Seguridad, siendo el jefe de la poderosa bancada de los diputados de los agronegocios que apoyan al gobierno golpista (contra las acusaciones de corrupción) y van contra las comunidades indígenas.
Según la Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil en los primeros siete meses de este año se han contabilizados 50 asesinatos contra activistas de las comunidades indígenas (fueron 61 en todo 2016). Se está investigando el asesinato de diez activistas por una redada policial en el Amazonas (un paralelo con Santiago Maldonado). La agencia que sigue los asuntos indígenas (Funai) ha denunciado que el gobierno ha reducido drásticamente su presupuesto de 7,5 millones de reales otorgados en 2014 a 2 millones en la actualidad, lo que la ha obligado a cerrar cinco de las 19 bases que usa para monitorear y proteger a las tribus aisladas (de contacto con la civilización) y redujo su personal en otras tantas. El papel preventivo de estas bases contra las invasiones de las reservas prácticamente desaparece y queda el campo abierto para la provocación, las masacres y la expulsión de los indígenas de sus tierras para que sean apropiadas por los capitalistas.
En el video enviado a Prensa Obrera por los compañeros de Tribuna Classista de Brasil puede escucharse el llamado de una representante de los indígenas que, con tono dramático, pide la movilización solidaria en Brasil y a nivel internacional, para frenar la masacre que se está incubando.
Ocupación contra el gobierno
En estos últimos días, los indios guaraní pasaron a la acción directa: 250 de ellos ocuparon la reserva federal del Parque de Jaraguá, en el estado de San Pablo, tomando particularmente un edificio donde están las antenas de radio, TV y celulares, amenazando con cortar las comunicaciones. Un cartel cruza la entrada de la reserva ocupada: “Bandeirantes ayer, Alckmin hoy”. Los bandeirantes eran las partidas de grupos cuasipiratas que se dedicaban a casar indígenas para esclavizarlos y sumar sus tierras a los latifundistas, en Brasil son vistos por la histografía de las clases dominantes como una especie de conquistadores que impulsaron el crecimiento de las fronteras de la Nación; Alckmin es el gobernador antiobrero de San Pablo que se postula para presidente.
Una resolución del Ministerio de Justicia anuló la creación de la reserva indígena que había sido oficializada en 2015 por decreto, ampliando de 3 hectáreas iniciales a 512 la tierra para la tribu Guaraní. Aduciendo “errores administrativos” el gobierno la redujo a 1,7 hectáreas (menos que las tres iniciales). El gobierno quiere privatizar-concesionar esta reserva para la explotación de la madera, del turismo, etc. La ocupación ha tenido repercusión y llevó a que el gobierno estableciera una mesa de discusión para resolver el problema de la tierra en este caso.
La clase obrera del campo y de las ciudades deben defender a las comunidades indígenas contra su expulsión. Juicio y castigo a los expulsores. La unidad obrera-estudiantil-indígena tiene un enemigo común en la lucha contra el gobierno representante de latifundistas y monopolios, y en la lucha continental contra la esclavización de los trabajadores (vía las reformas laborales reaccionarias) y de los indígenas.
Rafael Santos
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