Mientras en el Frente Amplio la crisis por la renuncia de Sendic va quedando en el pasado, el gobierno avanza con su proyecto de Rendición de Cuentas ajustador y continúa en la búsqueda de inversiones extranjeras.
El desenlace de la situación del ex vicepresidente Sendic, con su renuncia y posterior asunción en el cargo de Lucia Topolansky, ha permitido al Frente Amplio (al menos por ahora) sortear una crisis que amenazaba con perjudicar sus posibilidades electorales para las próximas elecciones.
Con una decisión más o menos consensuada entre todos los sectores la resolución del plenario del Frente Amplio de comienzo de mes logró finalmente superar una situación incómoda con la que oposición blanca y colorada machacaba permanentemente. Las propias encuestas luego de la salida de Sendic parecen indicar un comienzo de recuperación en la imagen del FA.
Los hechos de corrupción, algo intrínseco al funcionamiento del sistema capitalista y que como se vio con este caso atraviesan a toda la casta política, salpican ahora gobernantes del Partido Nacional. El intendente de Soriano Agustín Bascou está acusado por los ediles frenteamplistas de haber comprado productos y servicios para la Intendencia en negocios de su propiedad mientras el diputado Wilson Ezquerra puede terminar en la justicia por el accidente que ocasionó alcoholizado. Además Bascou está altamente comprometido con la liberación de cheques sin fondos por parte de su empresa.
Habrá que ver como resuelve finalmente estas situaciones el partido Nacional entre sectores que proponen tomar medidas contra los acusados y otros que miran para el costado. Se acercan las elecciones de 2019 y con ellas las disputas entre las distintas corrientes del principal partido de la oposición. Hasta ahora tanto Lacalle Pou como Verónica Alonso tuvieron la política de despegarse del intendente y cargar responsabilidades sobre su principal defensor, Jorge Larrañaga.
En el campo sigue mandando la oligarquía
La denuncia del trabajador rural de haber sido brutalmente agredido por el dueño de la estancia para la que trabajaba causó una gran conmoción a nivel nacional.
Esta crisis intenta ser capitalizada por el Frente Amplio, quien recuerda las declaraciones de Lacalle Pou contrario a la ley de 8 horas en el campo y difunde las posturas más retrogradas y conservadoras del Partido Nacional como la del integrante de la Juventud del Partido Nacional que pidió a través de Twitter mano dura y que los sindicalistas “se vayan a Venezuela”.
Sin embargo, casos como los del trabajador rural, que no son aislados y muestran la prepotencia con que se maneja la patronal, se suceden con un Frente Amplio gobernando hace tres períodos. Las muy tibias medidas que ha tomado desde el gobierno en todos estos años no han puesto freno a este tipo de situaciones y muestran los límites de la propuesta política que lleva adelante el Frente Amplio.
Una rendición de cuentas encaminada
Las idas y vueltas de los casos de corrupción, con la justa indignación que provocan, también tuvieron el efecto secundario de haber sacado de los principales titulares el tema de la Rendición de Cuentas.
Todo parece indicar que la propuesta que maneja el equipo económico del gobierno finalmente será aprobada, luego de que la cámara de senadores votara sin cambios lo acordado en la cámara de diputados.
El voto 50 lo había dado el legislador colorado Fernando Amado, que de esta manera dio un apoyo fundamental para que el proyecto del Frente Amplio pudiera ser aprobado y muestra también posibles nuevas alianzas y realineamientos políticos con que el régimen político intenta lograr estabilidad y gobernabilidad.
El proyecto de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo continúa en la línea del ajuste que ya se viene implementando desde el año pasado (aumento de IRPF, postergación de gasto social, etc.).
Un presupuesto que no contempla las necesidades del pueblo trabajador y que destina partidas absolutamente insuficientes para salud y educación. El dinero que se le retacea a los trabajadores es el que el gobierno de Tabaré Vázquez destina a subsidiar a los capitalistas e inversores extranjeros, a la vez que se mantienen condiciones laborales con salarios absolutamente insuficientes. Por esto mismo a la par que se ajusta, se dictan decretos y leyes de carácter represivo (decreto antipiquetes, prohibición de ocupar oficinas públicas, etc.) que eventualmente se pondrán en práctica cuando sea necesario enfrentar la resistencia popular.
Por otra parte el gobierno se empeña en continuar con su política de tercerizaciones y privatizaciones, buscando afanosamente la llegada de inversiones y capital extranjero, sin importar las concesiones que deba hacer para lograr esto.
En el caso de UPM el acuerdo que se estaría alcanzando para la apertura de una nueva planta de celulosa es tan negativo para el país que hasta Andrés Masoller (director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas y en cargos de gobierno desde el 2005) presentó su renuncia alertando sobre el riesgo para la salud fiscal del país.
Aunque a corto plazo puede haber algunas mejoras en los indicadores económicos, los analistas coinciden en que se está “pateando el problema para adelante” comprometiendo el futuro del país.
Una resistencia contenida
Todos estos avances de los planes ajustadores del gobierno del Frente Amplio, que cuentan con el beneplácito de los organismos internacionales, capitalistas locales y el apoyo de la oposición de los partidos tradicionales, son posibles también por el seguidismo de la central sindical que en la práctica ha dado un cheque en blanco a la política de Astori y compañía. Más allá de alguna declaración o algún paro aislado a consecuencia de la presión de la base, no se propone organizar un verdadero plan de lucha que pueda frenar el ajuste y que se descargue el peso de la crisis sobre los trabajadores.
Sin embargo aunque los proyectos del gobierno avancen el desencanto con el Frente Amplio de aquellos que alguna vez depositaron su confianza en que se lograrían cambios radicales se va profundizando a partir de la experiencia de todos estos años.
Aunque minoritarios, y aislados por las direcciones del movimiento obrero, algunos conflictos por defender la fuente laboral y contra el cierre de empresas, como en La Spezia e impresora Polo marcan un camino.
Para derrotar los planes del gobierno hay terminar con la paz social que hoy impera y poner en marcha la fuerza organizada de los trabajadores y sectores populares, tomando el ejemplo de aquellos que en estos años resisten activamente y en las calles.
Al mismo tiempo se hace cada vez más necesario que los sectores de activistas, sindicales estudiantiles y de los movimientos sociales, comiencen a discutir la construcción de una salida de fondo. Es decir, abrir un debate acerca de que organización política es necesaria a nivel nacional e internacional para derrotar estos planes y abrir una perspectiva emancipadora superior, obrera y socialista.
Hernán Yanes
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