Como presidenta firmó el decreto que autorizó la intervención del Ejército en Tucumán. Provincialmente, el peronismo y el radicalismo recibieron de brazos abiertos al ensayo general del genocidio.
Las semanas previas al inicio de la megacausa por el Operativo Independencia se especuló sobre la posibilidad de que María Estela Martínez de Perón -más conocida como Isabelita- fuese citada a declarar. En consecuencia con las cuatro décadas en donde la “sociedad civil” estuvo lejos del banquillo de los acusados, la Justicia Federal desestimó tanto la imputación de la viuda de Perón como un llamado a declarar como testigo. Un capítulo más del pacto tácito en el régimen político, judicial y económico que, desde 1983, busca dejar atrás las responsabilidades compartidas en los años de plomo y maquillar las continuidades.
El Operativo Independencia se inició con un decreto secreto firmado por Martínez de Perón (el N° 261, fechado el 5 de febrero de 1975). Allí instaba al Ejército a “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. El gobierno peronista se aprestaba a una respuesta de mayor tenor para intentar disciplinar a los sectores del movimiento obrero y popular que avanzaban en su radicalización (posteriormente habrá un pico con el paro general en las jornadas de junio y julio de 1975). Pronto, la acción militar que involucró a unos 5000 efectivos no se circunscribió a la compañía de monte del ERP -integrada por alrededor de 100 hombres- sino que se extendió en todo los pueblos azucareros. Los métodos: secuestro, desaparición forzada y tortura de personas en centros clandestinos de detención.
El decreto de Martínez de Perón es, en un sentido, un corolario de las políticas represivas que ejecutó el propio Juan Domingo Perón mientras implementaba el Pacto Social. Se puede citar por caso la actitud del viejo caudillo al fomentar el golpe policial en Córdoba conocido como “Navarrazo”, a la par de avalar la ofensiva sobre los gobernadores del “peronismo de izquierda”. Además hubo iniciativas como endurecer las penas del Código Penal y, en septiembre de 1974, una sanción express de una “ley de seguridad nacional” que habilitaba represiones. En simultáneo se aceitaba la Triple A como banda parapolicial con base en el Ministerio del Interior de López Rega.
Esta secuencia de hechos deja sin consistencia la interpretación exculpatoria de Martínez de Perón (y así del peronismo) que afirma que hubo un malentendido en la interpretación del decreto, en particular del término “aniquilar”, por parte de las fuerzas armadas. Pero esta interpretación también se cae si retoma los dichos y actitudes de la viuda de Perón.
En abril de 1975, Martínez de Perón llegó a Tucumán para saludar a las tropas. “Vengo para presentar mis respetos a quienes ofrendan sus vidas para la tranquilidad de los argentinos. Hoy vengo aquí a rendir mi tributo al Ejército argentino. El Ejército es hijo del pueblo y lo será siempre”, dijo en su paso por Santa Lucía, uno de los epicentros de la represión. Muchas declaraciones de ese tenor pueden encontrarse en el trabajo Responsabilidad civil y genocidio de Matías Artese y Gabriela Roffinelli.
En los hechos, Martínez de Perón nombrará como nuevo comandante general del Ejército a Jorge Rafael Videla en agosto. Luego en octubre el senador peronista Ítalo Luder firmó como presidente interino una serie de decreto legalizando la participación de las Fuerzas Armadas para “aniquilar el accionar de los elementos de los elementos subversivos en todo el territorio nacional”.
El rol activo del peronismo fue acompañado por el otro partido principal del régimen: la Unión Cívica Radical. En su libro El Dictador, María Seoane y Vicente Muleiro afirman que “a instancias de VIdela y Viola, Anaya [por entonces jefe del Ejército] se reunió con (Ricardo) Balbín y con Luder para definir el apoyo del radicalismo al decreto de intervención militar en Tucumán”.
Sobre el final del periódo de Vilas, Balbín decía que “las FFAA están realmente puestas al servicio de las instituciones y de nuestro sistema democrático”. Por esos días, un joven senador llamado Fernando De la Rúa promovió una vista de políticos y periodistas a Tucumán para “contrarrestar la campaña que se había iniciado en el exterior, tendiente a denunciar violaciones a los derechos humanos en la represión militar de la guerrilla”. Otro senador radical, el cordobés Eduardo Angelóz, afirmaba en febrero de 1976 que “la actual conducción militar es la cúpula más inteligente de los últimos 30 años, la que ha de recoger, con seguridad, este reclamo de la civilidad para tratar de poner todo su esfuerzo para salvar las instituciones del país”.
El rol del peronismo y el radicalismo también se tradujo en la política tucumana. El gobernador de ese entonces, electo en 1973, era Amado Juri, “un histórico del PJ (...). No había razones para sacarlo del cargo. Por eso el Operativo Independencia no incluyó la intervención federal”, sintetiza María Sáenz Quesada en La Primera Presidente, una biografía de Martínez de Perón. “Estamos cumpliendo con la consigna del General Perón de hacer la revolución en paz con la verdad, con la razón, con la justicia de nuestras realización, y no con la sangre y la violencia como pretende la subversión apátrida a la que felizmente nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y de Seguridad están combatiendo con heroica decisión para erradicarla definitivamente de nuestro suelo”, fueron las clarificadoras palabras de Juri en enero de 1976.
Similares expresiones tuvieron los intendentes, como el capitalino Carlos María Torres, parlamentarios y dirigentes del sindicalismo peronista ortodoxo. “Los bloques políticos integrantes del Honorable Senado de la provincia declaran (...) defender nuestra tradición y vocación de vida argentinista y profundamente cristiana, respetando la voluntad mayoritaria del pueblo ratificar una vez más el inquebrantable y decidido apoyo a las Fuerzas Armadas y de Seguridad en su lucha patriótica contra la subversión y el terrorismo para mantener la estabilidad de las instituciones democráticas”, dice una declaración de diciembre de 1975, firmada por los bloques del PJ, la UCR y Vanguardia Federal.
Tras el decidido apoyo al Operativo Independencia, algunos integrantes puntuales de estos dos partidos fueron detenidos, como fue el caso de Juri, o secuestrados y desaparecidos luego del 24 de marzo de 1976. Esto no impidió que los partidos sigan colaborando, por ejemplo, en las intendencias. En todo el país, el radicalismo tuvo 310 intendencias, mientras que el peronismo 169; el Partido Demócrata Progresista 109, el Movimiento de Integración y Desarrollo 94, Fuerza Federalista Popular 78 y 44 entre otros partidos.
Tras 1983, el peronismo y el radicalismo serán garantes de las leyes de obediencia debida y punto final, y los indultos. Aunque en los últimos años se reactivaron los juicios por la dictadura, ninguno de estos dos partidos fue llamado por la justicia para dar cuenta de sus responsabilidades. La ausencia de Martínez de Perón y de cada funcionario involucrado durante la megacausa del Operativo Independencia suma un nuevo capítulo de impunidad.
Maximiliano Olivera
@maxiolivera77
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